El Gobierno pagará 1.070 millones de euros a Abertis por la reversión al Estado del tramo catalán de la AP-7, que en agosto del año pasado eliminó sus peajes y pasó a ser gratuita, un pago que tendrá que hacerse antes de que concluya este mes de febrero.

Así lo ha aprobado el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes, en línea con lo que ya anunció el Ejecutivo el año pasado, toda que vez que se ha eliminado la indemnización por el descenso del tráfico derivado de la crisis financiera a la que el Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió en 2006.

Por eso, esta cantidad contrasta con los 4.200 millones de euros que la concesionaria de la autopista (Acesa, de Abertis) reclama al Estado como consecuencia de las inversiones realizadas y por los descuentos en el peaje que la compañía realizó en este tramo de la AP-7 que discurre entre Tarragona-Barcelona y Barcelona-La Junquera, pero también por las compensaciones al descenso del tráfico durante la crisis financiera y la nueva crisis originada por el Covid-19.

El cálculo del Gobierno recoge solo el saldo por las inversiones realizadas y no la compensación por el descenso del tráfico, ya que, en 2017, el Consejo de Ministros del Gobierno de Mariano Rajoy acordó no abonar ninguna compensación derivada de la caída del tráfico como consecuencia de la crisis.

Acesa interpuso un recurso contra esta resolución para anular este acuerdo del Gobierno, pero el Tribunal Supremo lo desestimó en junio de 2019, un decisión con distinta interpretación para las dos partes. Mientras Abertis sigue calculando para su reclamación los descensos de los tráficos, tal y como acordó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2006, el Ministerio se escuda en el acuerdo de 2017 y en la sentencia del Supremo.

De los 1.069,9 millones de euros, el Ejecutivo explica que 505,5 millones de euros corresponden a la inversión ejecutada, 143,5 millones de euros corresponden al efecto impositivo, y el resto a la capitalización del saldo de compensación.

Origen del conflicto

En 2006, la concesión de modificó por real decreto para la construcción de un tercer y cuarto carril dependiendo del tramo de la autopista y la implantación de un sistema de peaje cerrado con el fin de eliminar las barreras troncales y evitar así los atascos que generaba.

El coste de estas obras fue asumido por la empresa, aunque compensado con el peaje recaudado del tráfico adicional que se generase por el aumento de la capacidad de la autopista, algo que no pasó tras el estallido de la crisis en 2008. En caso de que este incremento del tráfico no fuese suficiente, el Estado se comprometió a abonar a la empresa la parte proporcional al vencimiento de la concesión, es decir, en agosto de 2021.

No obstante, en 2011, el nuevo Gobierno comenzó a plantear dudas sobre la interpretación de este acuerdo en cuanto a las compensaciones por tráfico, lo que abrió un infructuoso intercambio de consideraciones e informes entre Abertis y el Gobierno, derivando finalmente a los tribunales.