Los niveles de explotación y fraude del mercado laboral español resultan, más que inquietantes, estremecedores: la Inspección de Trabajo está obligando a regularizar la situación de trabajadores que sufren situaciones de fraude y/o explotación a un ritmo de más de un millar al día, fines de semana y domingos incluidos.

El volumen de irregularidades es en realidad mayor, ya que esas cifras se refieren al número de episodios de abuso que han sido regularizados, al que hay que añadir los procesos que se encuentran en fase de tramitación.

Y no parece que se trate de algo directamente relacionado con la crisis económica asociada a la pandemia, entre cuyos efectos secundarios algunos expertos incluyen en cualquier caso algunas expectativas de empeoramiento, vistos los casi 50.000 falsos autónomos que la Inspección ha aflorado en los últimos dos años y medio o los cerca de 10.000 empleados que en ese mismo periodo habían sufrido mermas en sus salarios por valor de 30 millones de euros.

Casi 80.000 eventuales en fraude de ley

Los contratos eventuales irregulares de 79.729 trabajadores detectados en los primeros meses de este año han sido convertidos en indefinidos, según indica el Gobierno en su respuesta a una pregunta parlamentaria del senador del PSOE Miguel Ángel Heredia.

Ese volumen de fraude, uno de los más habituales en el precarizado mercado laboral español, en el que fenómenos como el fraccionamiento del empleo y la rotación de trabajadores se habían generalizado ya en la anterior crisis, arroja una media de 855 diarios si se aplica a los tres primeros meses del año.

Se trata, en todos los casos, de regularizaciones efectuadas por las empresas tras recibir cartas (remitidas a partir del 22 de febrero) en las que la Inspección advertía que había detectado indicios de esas irregularidades y que, de no ser corregidas, serían supervisadas por un inspector. Esas comunicaciones, dirigidas a 59.129 empresas, hacían referencia a 122.528 empleados, lo que indica, por ahora, un nivel de acierto cercano a los dos tercios. 

Llama la atención la distribución de esa bolsa de fraude, con más de la cuarta parte de ella (22.702 casos, 28,4%) concentrada en Andalucía, un peso que anda cerca de duplicar al que el empleo asalariado tiene en el conjunto del país (15,66%), y la elevada frecuencia con la que se da en comunidades como Euskadi, Murcia o Galicia.

"Esa campaña está comenzando a tener efectos significativos como que haya comenzado una rápida regularización por parte de las compañías, y eso es algo positivo", señala Heredia, para quien "es bueno recordar que entre 2012 y 2017 hubo un descenso de 71.000 inspecciones, lo que representa una reducción del 13%, y que con el cambio de Gobierno han aumentado un 43%".

Trampas con la duración de la jornada laboral

Paralelamente, la campaña de supervisión de la situación laboral de las empleadas del hogar conllevó entre mediados de enero y primeros de abril la detección de 28.904 trabajadoras que estaban cobrando por debajo del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) o a las que las familias remuneraban menos horas de las que hacían, con las consiguientes mermas en sus cotizaciones sociales, según los datos facilitados por el Gobierno en su respuesta a otra pregunta del mismo parlamentario. 

Casi la tercera parte de las infracciones, cuya detección arrojó un ritmo superior a las 320 diarias, fueron localizadas en Madrid (9.843), con una prevalencia de este fraude muy superior al de otros territorios como Catalunya (4.482), Andalucía (2.982), el País Valencià (2.169), Euskadi (1.643) y Galicia (1.564), las únicas seis en las que se supera el millar.

"Esas actuaciones han supuesto en términos absolutos un incremento de 6,5 millones de euros al mes en salarios y de 5,5 en las bases de cotización", explica Heredia, que destaca la "enorme importancia a la lucha contra aquellas conductas fraudulentas que vulneran no solo los derechos de los trabajadores, sino el sistema de Seguridad Social en general".

Las trampas en el control de la jornada laboral

Paralelamente, la Inspección de Trabajo ha cazado en los cuatro primeros meses de este año a 1.556 empresas haciendo trampas con el sistema de registro de la jornada laboral, cuyo control es obligatorio desde el 12 de mayo de 2019.

Los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo no incluyen la cifra de trabajadores afectados por estas irregularidades, aunque la media de 13 empresas diarias y el hecho de que las sanciones superen los dos millones y medio de euros apuntan a que se trata de un número elevado.

Concretamente, la Inspección detectó 397 infracciones en una campaña específica sobre el registro de jornada desarrollada entre enero y abril de la que se derivaron sanciones por valor de 657.094 euros, a la que se le suma otra de carácter más amplio y que afectaba tanto al tiempo de trabajo como a las horas extraordinarias que, hasta el 4 de mayo, incluyó 3.515 inspecciones en la que se identificaron 1.159 infracciones que han conllevado sanciones por 2.02.013 euros.

Desde mediados de agosto de 2019, cuando finalizó el periodo de adaptación de tres meses concedido a las empresas para adaptarse, que en realidad fue de cinco con el transcurrido entre la publicación del decreto y el inicio de su aplicación, la Inspección de Trabajo ha impuesto sanciones por más de 16 millones de euros en materia de registro de jornada y de tiempo de trabajo.