Factura de la luzEl descenso de perceptores del bono social eléctrico en España revela su mal funcionamiento

El bono social eléctrico que se concede a personas en situación de vulnerabilidad económica para ayudarles a pagar el recibo de la luz está teniendo bastantes problemas desde su reforma en 2017, con el anterior Gobierno del PP. Instituciones como el Defensor del Pueblo Andaluz y las organizaciones que trabajan en toda España en la lucha contra la pobreza energética han alertado de las deficiencias del sistema y de la necesidad de resolverlas.

El Defensor del Pueblo Andaluz, en su memoria anual de 2018, ha denunciado la ineficacia del procedimiento para la concesión del bono social eléctrico, una carencia de eficacia que achaca, fundamentalmente, a falta de información a la ciudadanía y a las dificultades burocráticas que entraña la tramitación de las solicitudes, lo que se ha traducido, advierte, en un descenso de los perceptores de la ayuda para paliar la pobreza energética que sufren miles de familias en nuestro país.

A fecha del 31 de diciembre pasado, según los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica, en toda España se habían registrado 1.403.500 solicitudes para acceder al bono social eléctrico, de las cuales 1.077.780 ya habían sido aprobadas y disfrutaban de las reducciones en la factura eléctrica, que van del 25% al 40% en función de la gravedad de la vulnerabilidad de la persona afectada, y que son superiores en caso de exclusión social.

En Andalucía, las estimaciones señalan que en torno a 25.000 familias tienen su bono social en tramitación o todavía no lo han solicitado

La reforma del bono social que se estableció en el Real Decreto de 6 de octubre de 2017 para regular la figura del consumidor vulnerable supuso un notable cambio del número de perceptores, al establecerse como criterio básico para su concesión los ingresos económicos del solicitante y no la potencia del suministro eléctrico, que en la anterior normativa daba derecho a obtener la ayuda directamente a todas aquellas personas con un contrato inferior a tres kilowatios, muchas de ellas, a la sazón, propietarias de segundas viviendas o pequeños negocios.

Antes de la aprobación de ese decreto se llegaron a registrar más de 2,4 millones de beneficiarios del bono, aunque ya en las disposiciones generales de esa misa norma se señala que unas 4,5 millones de personas podrían estar en situación de pobreza energética en España, entre un 9 y un 10% de la población que tiene retrasos en el pago del recibo de la luz y no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada.

En su informe, el Defensor del Pueblo Andaluz sostiene que los datos de diciembre de 2018 en España “siguen poniendo de manifiesto que habría muchos hogares que aún no disponen del bono social, pese a que tendrían derecho a ello según las estimaciones previas a la regulación de 2017”. Y añade: “En Andalucía, las estimaciones señalan que en torno a 25.000 familias tienen su bono social en tramitación o todavía no lo han solicitado, aunque tienen derecho al mismo”.

Y ese desfase entre número de personas beneficiarias y las que pudieran serlo por su situación de pobreza energética se debe, a juicio del Defensor, a dos razones fundamentales: la “dificultad del procedimiento diseñado para la solicitud” del nuevo bono y la insuficiente información que llega a la ciudadanía de las administraciones públicas, principalmente ayuntamientos y diputaciones, sobre las ayudas existentes y la forma de obtenerlas, instituciones a quienes el Defensor ha solicitado un esfuerzo al respecto.

“Numerosas quejas y consultas” presentadas ante la Oficina del Defensor del Pueblo ponen de manifiesto “el gran esfuerzo” que exige a los solicitantes de esta ayuda reunir “la prolija documentación exigida para cumplimentar adecuadamente” la solicitud, trámites que resultan más complicados de realizar en el caso de personas en situación de mayor vulnerabilidad y con menor formación académica, se señala en el informe.

Una de las dificultades más habituales que se encuentran estas personas es el trámite establecido en la normativa para verificar sus ingresos económicos a través de la consulta de los datos de la renta, ya que muchas de ellas no figuran en la base de datos de Hacienda al no haber presentado la declaración porque, precisamente, no llegan al mínimo exigido para hacerla. Igualmente, el Defensor ha recibido bastantes quejas de familias numerosas por los múltiples trámites que deben solventar para acreditar esa condición, entre otros la obligación de estar todos los miembros empadronados en la misma vivienda, y también de familias a las que se denegaba la ayuda por ser parejas de hecho y no estar casadas.

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME), integrada por 461 organizaciones de toda España, considera que el actual sistema del bono social “no aborda el problema de forma real, porque no trabaja en la reducción efectiva de los consumos energéticos y además no se ajusta a la realidad de la población a la que se dirige”. Fundamentalmente, esta plataforma social aboga por simplificar el “farragoso” papeleo que conlleva la tramitación de esta ayuda, implantar un sistema más “escalonado” de las reducciones en función de las rentas y no limitarlas a descuentos de 25 y 40%, y “optimizar” al máximo las facturas para ajustar la potencia a la demanda real que necesita cada vivienda, explica Soledad Montero.

La pobreza energética viene motivada, según Montero, por el alto precio de la energía, los bajos salarios y el reducido índice de aislamiento térmico en las viviendas que se registra en España. Esos condicionantes y las dificultades de acceso al bono social estarían propiciando que miles de personas se queden sin ayuda para pagar la luz, entre ellas las “unidades convivenciales que no son consideradas dentro de la definición actual de unidad familiar, como pisos compartidos, parejas de hecho y especialmente las personas en situación irregular, como inmigrantes sin documentación o familias en situación de ocupación de viviendas”, señala Px1NME en las alegaciones que presentó a la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 durante el periodo de consulta pública previa.

Nueva estrategia del Gobierno

Esa Estrategia Nacional fue aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros, una planificación en la que se prevé la implantación de un nuevo bono social energético para superar las “dificultades y obstáculos que presenta” su actual configuración y que ya en 2018 se complementó con un bono térmico para ayudar a sufragar los gastos de calefacción durante el invierno.

El nuevo bono social anunciado será integral para el conjunto de los suministros energéticos, tanto eléctricos como térmicos, dispondrá de criterios para favorecer la concesión directa de la ayuda y se fomentará la gestión coordinada de todas las administraciones públicas, para hacer frente a unos datos que, según el Instituto Nacional de Estadística, reflejan que 5,1 millones de personas en España sufren pobreza energética escondida, 3,7 millones pasan el invierno a temperaturas inadecuadas y 3,5 afrontan retrasos en el pago de las facturas.