España da el primer paso para acabar con las subvenciones millonarias a los “agricultores de sofá”

España se ha decidido al fin a erradicar las subvenciones millonarias que año tras año reciben los llamados “agricultores de sofá”, propietarios de tierras que llevan década y media participando en el reparto de más de 4.000 millones de euros anuales sin que sus tierras produzcan. Viven prácticamente de rentas, garantizándose el cobro con solo realizar leves labores en los campos.

El Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas acordaron el lunes en un Consejo Consultivo Extraordinario de Política Agrícola, a propuesta del consejero aragonés del ramo, Joaquín Olona, defender en Bruselas la eliminación de los llamados “derechos históricos” de la PAC (Política Agraria Común), que en la práctica suponen distribuir más de 4.000 millones de euros al año entre quienes mantienen desde 2003 la propiedad de tierras en un reparto basado en la producción media de esas fincas entre los años 2000 y 2002, con independencia de que hoy se cultiven en realidad o se apaciente ganado en ellas. Basta con mantener los derechos para cobrar las ayudas europeas.

La propuesta tuvo el apoyo de catorce de las diecisiete comunidades autónomas y el respaldo del ministerio. Galicia optó por una postura ambigua, mientras que Andalucía, en pleno traspaso de poderes, y Extremadura no asistieron. La primera de estas últimas, que es la principal perceptora de ayudas, se ha mostrado siempre contraria a la supresión.

Esa normativa comunitaria, que debe revisarse el año que viene con la aprobación del nuevo reglamento de la PAC, da lugar a situaciones delirantes, como que se siga pagando 27 euros por cordero a quienes los criaban en 2002, cuando la cabaña ha caído de más de 220.000 cabezas a menos de 120.000 en doce años según los datos del Ministerio de Agricultura, o a que algunos terratenientes continúen cobrando por el cereal que cultivaban a principios de siglo en tierras que hoy explotan como cotos de caza tras haberlas transformado en pastos.

“Los condicionantes para mantener los derechos históricos son mínimos, en ocasiones basta con labrar los campos o arrendarlos para pastos. Esas condiciones son fácilmente asumibles por alguien que no quiera producir, y eso mantiene la tierra secuestrada, sin que puedan incorporarse jóvenes agricultores al sector”, explica José María Alcubierre, secretario general de la organización agraria UAGA. No es para menos, cuando los derechos históricos garantizan el cobro de hasta 150.000 euros por cada solicitud de la PAC.

¿Cuántos “labradores de sofá” hay?

¿Cuántos “labradores de salón” hay en España? Resulta prácticamente imposible de determinar, aunque algunos datos estadísticos dan pistas. Así, 783.604 propietarios de tierra recibieron ayudas de la PAC en 2017, año en el que, según la EPA (Encuesta de Población Activa) del INE (Instituto Nacional de Estadística), trabajaban en el campo 297.300 agricultores como autónomos y/o empleadores; es decir, menos de la mitad, dos de cada cinco, aunque a ese dato hay que sumarle el de las empresas agrarias.

Estos últimos se están reduciendo a un ritmo de más de 7.000 al año, en un proceso al avance de la industrialización de la agricultura y del acaparamiento de tierras, que en algunas zonas de España alcanza niveles semejantes a los de Sudáfrica, Brasil o Colombia aunque con el matiz de que a menudo se trata de arriendos.

Así, y según los datos del propio FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria), no resulta extraño que municipios como Madrid concentren a 26.690 perceptores de ayudas de la PAC, que Barcelona concentre a 4.844, que en Valencia residan otros 10.023, que en Sevilla haya 12.702 o que en Zaragoza vivan 8.924 más. Las cinco principales ciudades del país suman 63.183 “agricultores”, el 8% del total.

Las subvenciones de la PAC en España, que se distribuyen por un complejo sistema de reparto con varios bloques, ascendieron a 5.438 millones de euros en 2017, a 5.498 millones en 2016 y a 5.584 millones en 2015, lo que supone que más del 70% de esos fondos se reparten con base en los Derechos Históricos.

El presupuesto comunitario las cifraba en 4.260 millones de 5.705 (74,6%) para 2017, según un documento del Ministerio de Agricultura. Su peso en el reparto es algo inferior al 78,6% (35.524 de 45.186) del conjunto de la UE.

“Las ayudas deben ir a quien trabaja la tierra”

“La eliminación de los derechos es un elemento clave para facilitar la entrada de jóvenes agricultores al sector”, sostiene Olona, partidario de establecer límites en los pagos y de situar en un primer plano para su cálculo la rentabilidad de las explotaciones, ya que “el actual modelo de pagos en base a derechos históricos da lugar a una discriminación injustificable de todo aquel que se incorpore a la actividad agraria o incremente su explotación”.

En este sentido, reclamó que de una vez por todas se defina qué es el “agricultor genuino”, que vendría a ser el que tiene en el campo su principal fuente de ingresos, y que pasaría a convertirse en el principal destinatario de las ayudas tras la eliminación de los Derechos Históricos.

Cuando se estableció este sistema, recuerda José Luis Miguel, director técnico de la organización agraria COAG, “se trataba de compensar la diferencia de los precios en función de la producción”. Sin embargo, se muestra cauto sobre la solución si los Derechos Históricos son eliminados. “Apoyamos que el reparto de los fondos esté vinculado al cultivo de la tierra –explica-. Quien tiene que recibir las ayudas es quien trabaja el campo, pero en función de cómo se haga puede haber tanto pequeños agricultores como terratenientes que salgan beneficiados o perjudicados, según el caso, ante la enorme diversidad de cultivos y de zonas (hay oficialmente 50) que tenemos en España”.

Alcubierre, por su parte, se pronuncia en términos similares. “Si cualquiera que tenga tierra puede cobrar, la trabaje o no, no hemos hecho nada”, señala. Y, en este sentido, reclama “medidas de profesionalización del campo” para “que el ‘agricultor genuino’ sea el profesional” y “no olvidar el carácter social, porque de lo contrario podemos acabar teniendo una agricultura profesional sin agricultores”.

Por otro lado, advierte, “los Derechos Históricos se vendieron en su día como las pensiones del mundo rural, pero tanto eso como los servicios en las zonas rurales hay que revisarlo si se eliminan para garantizar pensiones dignas y calidad de vida a los mayores”.