El primer desahucio fue el de la portera del edificio y su marido, enfermo tras un trasplante y con sesiones periódicas de diálisis, comentan los vecinos en la puerta. "Toda la vida aquí trabajando y viviendo, porque su abuela también fue nuestra portera", comenta una vecina, "y la despidieron de la noche a la mañana sin que hubiera ni una queja de nadie. La echaron de la casa también, claro. Fue muy desagradable", asegura Belén Aguilera, de 69 años, inquilina del bloque desde hace 20 años.

La mujer y todos los vecinos saben que después de la portera, los próximos desalojados serán ellos. Los burofaxes que han comenzado a recibir gran parte de los inquilinos del número 22 de la calle Galileo de Madrid, en el barrio de Chamberí, no dejan lugar a dudas. Los propietarios vendieron recientemente todo el edificio a una empresa inmobiliaria, y esta no tiene pensado renovar ninguno de los contratos que vayan venciendo.

"Cuando alquilé está casa estaba prácticamente inhabitable. Todos los arreglos y reformas las he tenido que pagar yo, y ahora lo perderé todo. De la noche a la mañana quieren que me vaya de mi casa de 20 años y que busque otro alquiler, con los precios como están, que es imposible pagarlos", lamenta Aguilera. Ella paga poco más de 500 euros por un apartamento que no llega a los 40 metros cuadrados. Un precio que no hace tanto sería lo normal, pero que ahora parece una ganga en este barrio –y en cualquier otro distrito de Madrid– donde alquilar una sola habitación ya supera lo que ella paga por su piso.

Una deriva especuladora

En total, son más de 50 personas amenazadas –más de 20 familias, algunas con menores, algunas con personas mayores– por una dinámica tan común como devastadora para las rentas populares. La empresa Elix Rental Housing Socimi II, dedicada a la compra, rehabilitación, alquiler y venta de viviendas, se hizo con todo el edificio. Su plan es de sobra conocido por los activistas del Sindicato de Inquilinas de Madrid, con el que contactaron los afectados en busca de apoyo para resistir a un más que probable desahucio.

Todos se han declarado "bloque en lucha", se niegan a abandonar las viviendas y exigen una negociación para poder permanecer en ellas sin que haya subida desproporcionadas de los alquileres. Una batalla difícil, ya que la ley, en este caso, está de parte de los propietarios. "Es legal, pero no es moral. Es especular con un bien y un derecho básico como es la vivienda. Es cargarse nuestros barrios, echar a nuestras vecinas, convertir nuestras ciudades en circos para turistas", denuncia a Público Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Este colectivo ya ha conseguido congregar a inquilinos de decenas de bloques de la Comunidad de Madrid, sobre todo propiedad de grandes fondos de inversión extranjeros, para combatir la deriva especuladora. Y a veces han ganado la batalla.

Según el Sindicato, Elix Rental Housing se constituyó como empresa en 2022. Es una socimi, que disfruta de grandes beneficios fiscales, y pertenece a otra sociedad, AltamarCAM Parteners, presidida por Claudio Aguirre, primo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. "El objetivo de Elix Rental Housing Socimi II consiste en repetir la misma estrategia que ya siguió anteriormente su empresa hermana, Elix Vintage", precisan los activistas.

Elix Vintage, vinculada a la poderosa familia Polanco (históricos accionistas del Grupo Prisa), cuenta con inversores como AltamarCAM Partners. Lleva desde 2017, cuando empezó a dispararse el precio de los alquileres en grandes ciudades del país, comprando bloques completos en Madrid o Barcelona para rehabilitarlos y venderlos a precios muchísimo más elevados.

Han sido cientos de personas las que han tenido que abandonar sus viviendas por el modus operandi de esta empresa. Según denuncian los activistas, en 2021 vendió toda su cartera –nada menos que 22 edificios de viviendas– a la multinacional Alliance. Aunque sigue gestionando los alquileres de todas la casas, que han multiplicado sus precios. A pocos metros de este edificio, en la calle Cardenal Cisneros, los habitantes de otro bloque al completo fueron expulsados y sustituidos por otros inquilinos con mucho más poder adquisitivo después de que Elix Vintage lo comprara y lo revendiera.

"En este nuevo capítulo, la recién creada Elix Rental Housing pretende
imponer un modelo similar de expulsión de vecinos y extracción de capital, pero esta vez centrado en la gestión de viviendas de alquiler y la especulación", denuncia el Sindicato. Añade que la empresa está haciendo lo propio por todo Madrid y que Lavapiés, Tetuán y Barrio de la Concepción "parecen ser sus nuevos objetivos".

"Será legal, pero es muy triste que yo no tenga más remedio que recoger mis cosas e irme de un barrio que ya no es de los vecinos, sino de empresas que se lo están comprando para hacer viviendas turísticas y pisos de lujo. No nos dejan vivir aquí porque están disparando los precios", critica Vanesa Álvarez, inquilina desde 2011.

Álvarez recibió el burofax de los nuevos propietarios el pasado julio. Su contrato venció el pasado 1 de noviembre, pero se niega a marcharse. "Vamos a dar la batalla por poder mantener nuestras casas", asegura. Por el momento, siguiendo la estrategia marcada por el Sindicato, siguen pagando la renta habitual a la empresa que gestiona los alquileres. "Ellos por el momento lo siguen aceptando, aunque ya cambian el concepto con el que los cobran", reconoce.

En una carta colectiva, todos los vecinos han intentado ponerse en contacto con la empresa para iniciar un proceso de negociación, pero no han recibido ninguna respuesta. "No tienen interés ni empatía. Todo es negocio", apunta Álvarez.

Una zona de precios imposibles

Los precios de las viviendas del número 22 de la calle Galileo oscilan entre los 500 y los más de 700. Depende del tamaño y de la orientación. "Son prácticamente una excepción, uno de los pocos edificios de alquiler que resiste con estos precios en la zona", apunta una activista. Chamberí lleva más de una década sufriendo una subida constante de los precios de la vivienda.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y del Ayuntamiento de Madrid marcan un aumento del precio medio del alquiler en este barrio de casi un 23% desde 2020. Es una de las zonas donde más se ha encarecido, con un precio de alquiler por metro cuadrado de 21,6 euros. En resumen, un piso de 70 metros supera los 1.500 euros al mes, pero hay ofertas completamente prohibitivas, con precios de más de 3.500 euros al mes.

A pesar de los acuciantes problemas de acceso a la vivienda, la Comunidad de Madrid se niega a aplicar la nueva ley de vivienda, aprobada por el Gobierno de coalición y sus socios parlamentarios en la recta final de la legislatura. Si se hiciera, los nuevos propietarios no podrían volver a alquilar estas viviendas a precios mucho mayores, aunque la portavoz del Sindicato considera que "habría innumerables trampas para sortear la ley". Por ejemplo, y ya está siendo un práctica habitual e incluso fomentada por inmobiliarias, podrían sortear los límites legales al precio del alquiler convirtiendo todas las viviendas en apartamentos turísticos, alquilarlas por habitaciones o de forma temporal, que no están regulados en la norma.

"Todo ese agujero que deja la ley da pie a que estos especuladores pudieran seguir con su estrategia. Por eso importante que la gente se organice y pelee para mantener los precios", considera Racu.