La emergencia social ha marcado este mandato. Primero la crisis por la covid, y después la inflación desbocada por el incremento de los precios de la energía han provocado un aumento de las demandas a los servicios sociales de los municipios y en las entidades que atienden a personas en situación de vulnerabilidad. "Nos encontramos con perfiles que no eran habituales de los servicios sociales, gente que hasta ahora trabajando tenían suficiente para vivir y ahora lo tienen muy justo", destaca Núria Pi, concejala de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Girona.

La crisis económica se traduce en datos como el aumento del 30% de desahucios de familias en Barcelona desde la pandemia. Una cifra que daba hace pocas semanas Save the Children, que ponía también de manifiesto que dos de cada diez hogares con niños destinan más del 40% de sus ingresos a pagar la vivienda. Se trata de una situación "especialmente preocupante" en Barcelona y Girona, donde el precio de los alquileres de 2022 se ha disparado un 12% respecto a 2021.

Por todo ello, también se ha incrementado el volumen de personas que acude a los servicios sociales para pedir ayudas para pagar suministros, vivienda o comida. "Hemos tenido que establecer criterios de qué atención podemos dar, porque no podemos atender a todo el mundo que nos llega", constata la concejala.

En Girona, en 2022 los servicios sociales atendieron a 6.993 personas, un 13% más que en 2019, aunque en 2020 y 2021 habían atendido aún a más población. En términos globales, se han dado más ayudas para pagar el alquiler, suministros o comida, pero a menos beneficiarios. La suma total que el Ayuntamiento ha destinado a estas ayudas ha disminuido en todas las áreas para focalizarse en la vivienda, donde ha subido exponencialmente y roza los 800.000 euros.

Las entidades que trabajan codo con codo con los usuarios están desbordadas. Algunas ya advertían hace meses que entre el aumento de la demanda y el encarecimiento de las facturas eléctricas están al límite.

Un nuevo perfil: la persona trabajadora y pobre

Míriam Torres y Mercè Amich trabajan a través de la Fundación Intermedia en un programa de inserción sociolaboral del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC): "Desde la pandemia los márgenes se han acentuado, están más pronunciados". Ambas técnicas atienden a personas que perciben la Renta Garantizada de Ciudadanía en Girona, y confirman que ha cambiado el perfil de usuario.

Antes, de forma mayoritaria accedían a servicios sociales personas con casos de pobreza "cronificada", pero ahora esto se ha ampliado con los casos de personas que, como señala también la concejala, pese a trabajar no llegan a fin de mes. Lo señalaba CCOO en un informe: casi el 11% de los trabajadores catalanes son pobres.

Para las técnicas de inserción, el marco de protección todavía no se ha adaptado a este escenario con nuevas necesidades. "Nos encontramos casos de personas que viven en un piso de propiedad pero que pasan hambre", ejemplifican. La exclusión social se ha desvinculado también, por ejemplo, de la falta de formación.

Aunque la pandemia ha acelerado algunas de las problemáticas, no es la única causante de esta emergencia: "Ahora tener trabajo no te saca de la exclusión social. La covid nos ha obligado a poner sobre la mesa cosas que antes no queríamos mirar, pero el problema ya estaba ahí", señala Torres.

La vivienda, el problema principal

La cuestión de la vivienda empezaba a ser ya preocupante en 2019. "La gente vive con resignación, hemos normalizado el malestar y la incertidumbre constante", añade Torres. Los profesionales que se dedican a ello están cansados y saturados, y, como ellas dos, reconocen "frustración": "El sistema no está dando respuesta", lamenta Amich.

La concejala apunta a que la administración local se encuentra "muy sola" en la gestión de la emergencia habitacional, el problema más grave que tienen entre manos. "Nos ha subido exponencialmente, ahora le destinamos el triple de ayudas", afirma Pi.

A pesar de ser un tema que afecta a todo el país, el Ayuntamiento destaca que lo que más les preocupa es que tienen que atender a personas que a pesar de tener ingresos no pueden acceder a la vivienda. "Tenemos los recursos que tenemos y eso nos está desbordando", reconoce la concejala.

Además de pisos gestionados por entidades, el Ayuntamiento cuenta con otros alojamientos de emergencia, como pensiones o el único albergue para personas sin hogar de toda la provincia, La Sopa. Está colapsado y con una lista de espera de meses. Ambas trabajadoras sociales reconocen que, entre sus usuarios, vivir en un piso de protección oficial es la excepción aunque todos cumplen los requisitos. "Hay listas de espera de dos, tres, cuatro años, o más", lamentan. El Ayuntamiento declina ofrecer datos al respecto porque no hay una lista de espera oficial, sino que las peticiones se gestionan a medida que van liberándose los pisos.

En Barcelona, un 23% más de usuarios que en 2019

La saturación de los servicios sociales no es una cuestión que se limite a Girona, sino que en las demás capitales catalanas existe una realidad similar. En Barcelona, los servicios sociales atendieron a cerca de 100.000 personas en 2022, un 23% más que en 2019. Para la comisionada de Acción Social de la ciudad, Sònia Fuertes, esto constata que todavía no ha habido una recuperación de la pandemia.

La vivienda es también el principal problema en la ciudad, y de las ayudas destaca que se ha reducido su número pero ha crecido un 20% el volumen total debido al aumento de precios, alcanzando casi los cincuenta millones de euros.

En Tarragona, los usuarios atendidos por servicios sociales en 2022 fueron 13.743, un 12% más de los que solicitaron atención en 2019. Además, el Ayuntamiento concedió 6.496 ayudas de urgencia, de las cuales la mitad fueron para manutención, un 20% para paliar la pobreza energética, un 9% para el ámbito de la salud y la farmacia y un 7%, para la vivienda.

Una realidad similar en Lleida, donde vivienda, alimentación y suministros coparon también la mayoría de ayudas. En la capital de Ponent fueron 17.423 los usuarios atendidos por servicios sociales el pasado año, una cifra muy poco superior a la de 2019, por motivos que el propio Ayuntamiento no ha analizado. Se incrementaron sobre todo las ayudas de emergencia para manutención, mientras que las de vivienda se redujeron por el impacto de la moratoria estatal en los desahucios.

Nuevos servicios más adaptados a la realidad actual

Aunque todavía falta para que los servicios sociales se adapten por completo a las nuevas necesidades, algunos Ayuntamientos comienzan a desplegar medidas para mejorar la atención. En Girona, el servicio conocido como Porta d'Entrada centraliza las demandas para reducir la carga burocrática en los servicios de barrio. "Así se pueden dedicar más al trabajo del día, con la gente, y está funcionando muy bien. Era un proyecto que ya teníamos pero la Covid aceleró su puesta en marcha", sostiene Pi.

En estos momentos la principal demanda que tienen en Girona es la solicitud de informes de vulnerabilidad, paso previo a pedir bonificaciones para el pago de los suministros y otras ayudas.

Hay ayuntamientos que no se han adaptado en igual medida. Es el caso de L'Hospitalet, criticado desde hace meses por entidades que tachan de insostenible la "saturación" que está afectando gravemente a las familias. Las dificultades y demoras para conseguir citas hacen que muchos ciudadanos no logren el informe de vulnerabilidad a tiempo.

La digitalización de los trámites también es una realidad extendida en el conjunto de Catalunya, pero la brecha digital ha creado nuevos problemas: "Existe una falta de acceso y los usuarios han visto muy limitada su autonomía", señala Amich. Durante un tiempo en Girona estuvo la figura del agente cívico, que ayudaba a los usuarios a tramitar cosas online en los centros cívicos, pero ya no existe.

Uno de los principales retos es, precisamente, reducir esa brecha y también encarar la crisis de la vivienda. "Tenemos grandes tenedores con pisos vacíos, y cuando hay gente que no tiene dónde vivir, eso no tiene ninguna lógica", señala Pi, que reclama la cooperación institucional para hacerle frente.

Las técnicas sociales añaden que "las soluciones no pasan por acciones concretas sino por un marco legislativo más protector", que proteja de un mercado de trabajo que precariza las vidas. Aumentar la financiación de los servicios sociales básicos, reforzarlos con más personal, y construir más vivienda pública y limitar los precios del alquiler son medidas que irían a la raíz del problema. "Las soluciones hasta ahora no se han ajustado a la realidad", concluyen.