Manuel Cañada, miembro del colectivo Marea Básica contra el paro y la precariedad habla de cifras desoladoras. “Hay datos que los gobiernos autonómicos no pueden olvidar: 2,4 millones de personas son parados de larga duración o que 1,8 millones de hogares tienen a todos sus miembros en paro y en España se viven una media de una decena de suicidios al día”. “¿Que nos está pasando?” alerta este especialista. Solo el País Vasco cumple con su renta la cuantía estipulada para no llegar al umbral de la pobreza y los preceptos de la Carta Social Europea que marca un salario social de 674 euros.

Cañada alega a Público que las renta aprobadas por la autonomías perpetúan aún más la pobreza y la exclusión de estos colectivos con la creación de una “economía de la miseria”. Además añade que hasta el momento “no hay ninguna ley de renta básica a nivel estatal. Y las comunidades no tienen fondos suficientes en sus presupuestos para cubrir este panorama social”.

La ultima ley en actualizarse al respecto ha sido la andaluza la pasada semana. La Renta Mínima de Inserción Social entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2018, con una dotación de 198 millones de euros al año y un presupuesto de 820 millones hasta 2021. 45.000 familias llegarán a percibir entre 419,52 y 779,87 euros durante un periodo máximo de un año, independientemente de otro tipo de ingresos como los que reciben determinadas familias para alimentos o dentro un programa de orfandad.

Para tener derecho a la percepción de la RMI los ingresos de la unidad familiar no pueden superar los 418 euros mensuales. Además, el beneficiario debe insertarse en programas orientados a la búsqueda de empleo activo.

Desde el colectivo Marea contra el paro y la precariedad hablan de varios impedimentos por los que todo beneficiario tiene que pasar antes de percibir una de estas ayudas. La intensa y eterna tramitación para cobrar la renta básica, a la que habría que añadir la subjetividad y arbitrariedad a la hora de cobrar estas ayudas. Como último concepto este colectivo destaca “el clientelismo político y social” con los montantes restantes de los presupuestos con los que se ejecutan estas renta, reproduciendo, una vez más y perpetuando “la exclusión social”.

Cañada recuerda a Público como en los años 80 y 90 se impusieron en Francia las primeras medidas para implantar una renta básica en sus políticas nacionales. “Surgieron estudios que hablaban de la economía de la miseria cuando el concepto tenía que ser otro. Trabajar por la economía de la dignidad”.

Paco Vega representa el colectivo Renta Básica a nivel andaluz y explica a Público como después de casi 44 días en huelga de hambre consiguió una reunión con el Vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios para hablar de la ley tramitada hace escasos días. Sobre la Renta Mínima de Inserción andaluza reclama como se ha vendido a “bombo y platillo por la propia presidenta de la Junta de Andalucía”, como la gran novedad para los presupuesto del próximo año 2018. “En realidad es prácticamente igual que el actual ingreso mínimo de solidaridad, conocido popularmente como el salario social y, desde luego, nada que ver con el derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna”, tal como recoge el Estatuto de Autonomía de Andalucía, desde hace más de diez años.

La precariedad de los trabajadores “pobres”

Demetrio Cano relata a Público un nuevo concepto en el panorama laboral. La figura del “trabajador pobre” en España. Casi 14 millones de asalariados que no logran llegar a fin de mes. A sus 52 años de edad, este granadino vuelve a revindicar en estas fechas tan señaladas que la “supervivencia con estas ayudas precarias no beneficia a nadie”. Como parado de larga duración desde el año 2012, cuando fue despedido del sindicato de CCOO, conoce de primera mano la falta de reconversión que ofrece el mercado laboral a partir de una determinada edad. Las escasas ofertas a las que ha logrado presentarse en estos últimos cinco años lo han obligado a optar por opciones de emprendimiento. “Intento llevar a cabo mis propios proyectos, ya que la percepción básica no te permite ni cubrir los gastos más elementales”.

La ayuda familiar es imprescindible, aunque hay veces “que ya no se puede tirar más”, añade a Público. Los cortes habituales de luz y agua en su vivienda no le permiten cumplir unas condiciones de “vida digna” como las que ha luchado junto a Paco Vega en la huelga de hambre. “Volveremos a reivindicar pero sino se toman medidas urgentes nunca dejaremos de ser la comunidad más pobre en España”. Y es que en la actualidad un informe de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A) puntualiza que el 12,8% de andaluces se encontrarían en pobreza extrema y un 43,2% de andaluces viven bajo este riesgo.

El mapa de las rentas

La cuantía de la renta mínima andaluza es más que “insuficiente”. Un panorama que se reproduce en las diferentes autonomías. En Andalucía, la Renta Mínima de Inserción asciende a 419 euros . Al igual que ocurre en otras comunidades como Asturias con su Salario Social Básico (426 euros), en Cantabria con la Renta Social Básica (426 euros), Catalunya con la Renta Garantizada de Ciudadanía (414 euros), Castilla la Mancha con el Ingreso Mínimo de Solidaridad (420 euros), Ceuta con el Ingreso Mínimo de Inserción Social (426 euros), Extremadura con la Renta Básica de Inserción (399 euros), Galicia con la Renta de integración Social (399 euros), Melilla con el Ingreso Melillense de Integración (383 euros) y Murcia con la Renta Básica de Inserción (426 euros).

Solo dos comunidades, Navarra y País Vasco supera con una creciente diferencia las partidas del resto de comunidades autónomas. La Renta de Garantía de Ingresos vasca apoya a las unidades familiares que residen en Euskadi y no disponen de ingresos suficientes para llegar a final de mes. En la actualidad esta partida beneficia a 64.500 personas que perciben renta entre los 625 y los 959 euros mensuales. Por su parte la Renta Garantizada navarra da cobertura a 25.000 personas, que son aproximadamente el ochenta por ciento de las perceptoras de la Renta de Inclusión Social, que asciende a los 600 euros.

El incumplimiento de España con la Carta Social Europea

Hontanares Arranz como miembro de Marea Básica y trabajadora social aclara a Público que “España está cumpliendo la Carta Social Europea y por ellos los beneficiarios que no consigan las ayudas tienen que denunciar vía procedimiento judicial la vulneración de sus derechos”.

Desde 1996 el Comité Europeo de Derechos Sociales ha pedido que España adecúe sus prestaciones a la renta básica. En una resolución del Parlamento Europeo del pasado 24 de octubre reitera lo que ya había manifestado en informes anteriores, que el sistema español de rentas mínimas en la mayoría de comunidades autónomas no satisface las exigencias de este precepto. Además desde Europa se reclama que los Estados como España deben garantizar “una existencia digna a todos aquellos que no disponen de recursos suficientes, ya que el derechos a ayudas sociales es un derecho fundamental”.

Hontanares destaca la obligación de “requerimientos de residencia o que la prestación concluya en un tiempo, aunque no lo haga la necesidad” . El Comité reitera que las prestaciones son adecuadas siempre y cuando no se hallen por debajo del umbral de pobreza, lo que no se cumple en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, a excepción del País Vasco.

Una renta periódica, individual y universal

Pero ¿cuáles son los requisitos que tienen que cumplir estas ayudas? Daniel Reventós de la Red Renta Básica puntualiza que “una renta básica es un pago periódico en efectivo entregado incondicionalmente a todos de manera individual, sin requisito de prueba o trabajo” Entre las cinco características que debe cumplir destaca “que sea periódica con un pago en efectivo. No se paga en especie (como alimentos o servicios) o en cupones dedicados a un uso específico. Y debe abonarse de forma individual. Como último concepto Reventós habla de su carácter universal. “Se paga a todos, sin prueba de medios e incondicional: se paga sin el requisito de trabajar o demostrar la voluntad de trabajar”.

Cañada desde el grupo Marea Básica contra el paro y la precariedad concluye que la aprobación de estas leyes, a nivel autonómico, no ha modificado el panorama de la pobreza en España. “En 2010, el 80% de los parados tenían algún tipo de cobertura, en 2017, su número no alcanza siquiera el 56%. Desde el colectivo reiteran que ”la renta básica es una necesidad para hacer frente a la banalidad del mal contemporáneo: a la violencia del paro forzoso, a la coacción muda de la miseria, al régimen de la precariedad y de la inseguridad permanente”.