El agua del grifo puede tener efectos milagrosos. Entre otros, para sus gestores: en quince años su factura ha subido un 76% en España mientras el consumo se reducía un 17,3%, según indica la Estadística sobre consumo y saneamiento del agua del INE (Instituto Nacional de Estadística).

En los quince años que abarca el estudio, de 2000 a 2014, la factura de los consumidores urbanos de agua –básicamente familias- ha pasado de 2.121 millones de euros a 3.537. En ese periodo, el consumo efectivo cayó de 3,78 billones de litros -3.781 hectómetros cúbicos- a 3,21 como consecuencia, entre otras causas, de la desaparición de casi medio millón de hogares –de 2,7 millones en 2004 a 2,23 en 2014- por las reagrupaciones provocadas por la crisis y el cambio de los flujos migratorios, con el que los españoles se van y los extranjeros regresan a sus países de origen.

Los datos del INE resultan reveladores en otros dos aspectos de la cada vez más privatizada gestión del suministro de agua de boca en España: las pérdidas de la red crecen porcentualmente al mismo tiempo que la inversión en ella se desploma.
Así, los 1,19 billones de litros que sumaban las pérdidas aparentes y reales en 2007 suponían un 23,9% de los 4,96 que entraron en la red, mientras que los 1,05 de 2014 habían pasado a suponer el 24,7% de los que circularon por las tuberías en 2014. En esos mismos siete años, la inversión en los sistemas de distribución caía casi a la mitad: de 459 a 250 millones de euros.

Más privatizaciones con la crisis

“La tendencia a la privatización del agua se inició a partir de 1985 con la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, se aceleró en los años 90 y se ha intensificado con la crisis”, explica Luis Babiano, gerente de Aeopas (Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento), que estima que el suministro a alrededor del 50% de la población ha sido privatizado en el país.

No obstante, quedan islas en las que el sistema de abastecimiento es predominantemente público, como el País Vasco, y otras con tasas superiores al 90% como las provincias de Córdoba y Sevilla. En el extremo opuesto se encuentra Murcia, donde la privatización alcanza al 95% la población.

El modelo de gestión que aplican las empresas privadas resulta tentador para los ayuntamientos, cuyo margen de maniobra económico está atenazado por normas como la Ley Montoro de control del déficit. “La clave está en el canon concesional, con el que el gestor privado ofrece una elevada cantidad de dinero a cambio de una concesión de larga duración que permite un margen de maniobra financiero al municipio”, explica el diputado de Unidos Podemos Pedro Arrojo, experto en gestión del agua.

“Los ayuntamientos privatizan la gestión del agua para obtener financiación, y lo hacen con un sistema perverso que oscurece la gestión”, indica el parlamentario.

“Actúan como meros prestamistas”, anota Babiano, que destaca operaciones como los 80 millones de canon a cambio de los que el consistorio de Jerez -120.000 habitantes- privatizó en 2013 la dirección de la rentable compañía municipal a favor de FCC-Aqualia por 25 años.

Privatizar sale más caro

Aeopas es una de las entidades integradas en la Red Agua Pública, de la que también forman parte los principales ayuntamientos del país, movimientos sociales y organizaciones ecologistas. Su manifiesto para hoy, Día Mundial del Agua, muestra su “oposición a la privatización, apoyo a los procesos de remunicipalización y a un nuevo modelo de gestión público, democrático, transparente y sostenible del ciclo urbano del agua”.

En este sentido, apoyan los procesos de remunicipalización iniciados en ciudades como Valladolid (PSOE) y Terrassa (PSC) o el área metropolitana de Barcelona y celebran los culminados, entre otros, en municipios como Torrelavega (PSOE), Lucena (PSOE), Arteixo (PP), Medina Sidonia (IU) y Arenys de Munt (ERC).

La RAP incluye entre las consecuencias de los procesos de privatización la ubicación de los servicios “al margen de los mecanismos de control democrático”, junto con un empeoramiento de la calidad del suministro, además de haber conllevado “subidas tarifarias desproporcionadas, precarización de las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras, incumplimientos contractuales, deterioro de los ecosistemas que proporcionan agua, despilfarro de este bien escaso y opacidad en la gestión”.

Los procesos de privatización, y las agrias polémicas políticas en ayuntamientos que impulsan su remunicipalización como en el de Zaragoza, se suceden a pesar de que instituciones como el Tribunal de Cuentas sostienen que el coste del servicio externalizado es netamente superior al público: 53,6 euros por habitante y año en el primer caso por 44,1 en el segundo.

Debate en el Congreso

La gestión del agua será este miércoles uno de los puntos calientes del debate parlamentario, al tener que responder la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, a una interpelación en la que Arrojo tiene previsto denunciar su responsabilidad política en el mantenimiento de modelos privatizadores de las obras públicas como los de las empresas públicas Acuamed y Acuaes.

“Reclamamos su disolución o su reforma de manera que haya transparencia en su gestión. Ahora no son objeto de control parlamentario”, señala el diputado morado, para quien estas sociedades, además de generar una reducción ilusoria del déficit real del Estado, “oscurecen la gestión del agua al ser instituciones públicas que funcionan como empresas privadas”.

El PP ha vetado en el Congreso la aprobación de una declaración institucional con motivo del Día Mundial del Agua.