Después de Lauki, ahora cierra Dulciora

VALLADOLID.- Cuando en Valladolid apenas habían empezado las protestas y negociaciones ante el cierre de una de sus fábricas históricas y emblemáticas, la planta láctea de Lauki, el anuncio del fin de otra, la de Dulciora, ha disparado una vez más las alarmas en los sindicatos y en una buena parte de la población, reavivando la demanda de derogación de la reforma laboral.

Al temor de los 86 empleados de Lauki, que tal vez no vuelvan a trabajar más allá del 30 de junio, se ha venido a sumar el de los 252 empleados de la fábrica de golosinas que podría dejar de funcionar a mediados de 2017. Juntos se han manifestado este domingo en una plaza de la ciudad castellana para exigir la continuidad de sus empleos.

Los dos cierres presentan además bastantes paralelismos: ambos establecimientos son propiedad de multinacionales, Lauki pertenece al grupo francés Lactalis y Dulciora es propiedad de la estadounidense Mondelez International desde que esta se hiciera en 2010 con el grupo británico Cadbury. En 1995 Cadbury había comprado la fábrica vallisoletana a la familia Pérez González, dueña también de la empresa de dulces y conservas Helios, que aun controla.

En los dos casos hay también una deslocalización de la producción, aunque con diferentes matices. Lactalis ha decidido cerrar la planta de Valladolid, que en 2014 facturó más de 50 millones de euros, y según ella misma afirma, trasladar su producción a otras plantas que posee en Galicia o Andalucía.

Mondelez lo que pretende es vender la marca Dulciora y otras que representan el 40% de la producción de la fábrica amenazada a la compañía de inversión francesa Eurazeo, que llevará estos productos a sus plantas en Francia. La elaboración del resto de los dulces que hacía Dulciora pasará a otras fábricas que la multinacional estadounidense tiene en Europa.

La dulzura de los productos de Mondelez International, como los caramelos Halls, las galletas Oreo, Lu, Toblerone , Milka, esconde la amargura de muchos de sus empleados españoles: en 2009 cerró la planta de chicles Trident de El Prat de LLobregat, en la que trabajaban 170 personas; en 2011, la de pan tostado de la Roca del Vallés, también en Barcelona y con 76 empleados; en 2013 la de Dos Hermanas, en Sevilla, especializada en la producción del café Saimaza, y la de Ateca, en Zaragoza, con 107 personas que elaboraban los conocidos Huesitos de chocolate.

En cualquier caso el cierre de Dulciora encaja perfectamente con la acusación que el alcalde vallisoletano, Oscar Puente, lanzó el pasado mes a Lactalis de “comprar competidoras, desmantelarlas e ir derivando la producción a los centros que tienen especial interés para acabar cerrándolas, eliminar competencia y ocupar así cota de mercado” y ha contribuido a aumentar las dudas sobre la salida de la crisis incluso entre aquellos que la defendían. La propia vicepresidenta en funciones, Soraya Saenz de Santamaría, de visita en la ciudad castellana para inaugurar una exposición, ha reconocido que “queda mucho para superar la crisis”.

El anuncio del cierre de otra fábrica vallisoletana dispara las alarmas entre los sindicatos castellano leoneses, que vuelven a exigir la derogación de la reforma laboral

Oscar Puente había advertido horas antes de algo parecido, resaltando que “parece que la crisis no solo no amaina sino que se puede estar recrudeciendo y eso es más que preocupante” .El edil socialista añadió a las causas de “su desasosiego” el anuncio de los bancos Santander y Ceiss (Caja España y Caja Duero ) de reducir plantilla. No se acordó, sin embargo, del anuncio realizado esa misma semana por el grupo Vocento de cerrar la rotativa del centenario periódico vallisoletano El Norte de Castilla. Otros 35 despidos que hay que sumar.

Los cierres de estas empresas que no presentan pérdidas ha dado fuerza a la exigencia sindical de derogar la reforma laboral. Ángel Hernández, secretario general de CC.OO. Castilla y León, recordaba a los políticos que se “solidarizan” con los conflictos laborales, que “muchas de las cosas que están ocurriendo son por decisiones que sus propios partidos han adoptado en el parlamento con las últimas reformas laborales” y “que derogándolas, tienen en sus manos cambiar ese destino”.

“La gente en este país no se termina de creer- subraya el dirigente de Comisiones Obreras- que nos hemos quedado sin armas legales para impedir los cierres, porque antes las empresas tenían que presentar un expediente de cierre. Tenían que demostrar a la inspección de trabajo cuales eran las razones económicas, tecnológicas o de mercado. Ahora con decir que prevén que va a haber un desastre dentro de tres años lo tienen hecho”.

En el sector agroalimentario, al que pertenecen las dos fábricas que han anunciado su cierre, están depositadas muchas de las esperanzas de las autoridades y sindicatos castellano leoneses de diversificar un sector industrial cuya fuerza recae de forma muy acentuada en las plantas de montaje de coches, todas ellas en manos extranjeras, y en las empresas auxiliares de estas.

A la cabeza de las empresas que más facturan y empleo generan en Castilla y León están firmas como Renault, Michelin, Iveco o Nissan, con conflictos y EREs intermitentes, pero que generosamente ayudadas por las administraciones parecen haber resistido a la crisis. Es prácticamente imposible conocer las cifras exactas, pero hace unos años un diario nacional hablaba de más de 200 millones de euros concedidos por la Junta de Castilla y León, directa o indirectamente, solo a Renault.

Precisamente el mismo día que Mondelez International comunicaba a sus trabajadores la venta y cierre de Dulciora, la dirección de la compañía francesa del rombo llegaba a un acuerdo con los principales sindicatos para los próximos años por el que estos y las autoridades autonómicas no dudaban en felicitarse. No hay que olvidar que Renault España, que en 2014 consiguió un beneficio de 51 millones, un 47% más que en 2013, es la mayor empresa de la comunidad. Desde CGT, sin embargo, denunciaban que este pacto en realidad esconde “condiciones laborales cada vez más precarias y una coacción a los trabajadores que hace años los habría llevado a huelgas y protestas en las calles”.

Sin embargo, a pesar de las pérdidas de empleo y de que Castilla y León es una de las comunidades con salarios más bajos, las protestas en las calles no son demasiado frecuentes en una región con una tradición industrial -y por ello también de reivindicaciones obreras- no demasiado larga. Los conflictos laborales no suelen generar grandes manifestaciones, salvo en el caso de la minería en la provincia de León, un sector al que, en palabras del secretario de CC.OO. en Castilla y León “le quedan muy pocas esperanzas de vida salvo que se dé un giro radical en la política energética de este país, ya que como consecuencia de la no compra por parte de las compañías eléctricas de carbón para las centrales térmicas, están todas las empresas en proceso de liquidación, de extinción masiva de contratos”.

Tal vez por esta preferencia a negociar o resignarse, las advertencias del alcalde vallisoletano a Lactalis, que primero insinuó un posible boicot si la multinacional cerraba la planta y después amenazó con declararla “empresa non grata”, no han gustado demasiado a la Junta de Castilla y León, que considera más eficaz intentar convencer a las empresas de las ventajas de negociar o vender. El pasado viernes, la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, fue la encargada de asegurar esta vez que ya se había puesto en contacto a Lactalis con el grupo del sector agroalimentario que había manifestado su interés en la compra. Sin embargo Lactalis no parece estar dispuesta a vender a otro grupo de la competencia.

En el pasado la compra por otras empresas permitió seguir respirando a algunas fábricas de Castilla y León cerradas por sus propietarios. Fue el caso de la de Galletas Fontaneda en la localidad palentina de Aguilar de Campoo, que el grupo Siro acabó comprando a United Biscuits. La marca, que no se incluyó en la venta, casualmente está ahora también en manos de Mondelez International.