Cuando la derecha votó a favor de un concierto fiscal para Galicia

Las élites políticas de Galicia han debatido en varias ocasiones en las últimas décadas sobre la posibilidad de establecer un concierto económico con el Estado a imagen de los de Euskadi y Navarra. Es decir, similar también a lo que pretende para Catalunya el pacto entre Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), que permitió la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Ninguno de esos intentos para instaurar una cuota a la gallega tuvieron éxito, ni siquiera los que buscaban componer relaciones fiscales bilaterales básicas con la Administración central. De hecho, las mismas élites siguen contradiciéndose unas a otras sobre las ventajas e inconvenientes de disfrutar, o padecer, un régimen tributario singular.

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Todo empezó hace 41 años, el 23 de noviembre de 1983. El Parlamento gallego debatió, votó y aprobó con mayoría conservadora y de centro la toma en consideración de una proposición de ley que pretendía modificar el Estatuto de Autonomía de Galicia y reclamar a la Administración central una renovación del marco de relaciones tributarias con la Xunta. Como sucede ahora con el concierto de Catalunya, aquella propuesta provocó una profunda división de los partidos. Con todo, y visto desde hoy, lo más curioso de aquel episodio es que casi todas las formaciones se situaron en el debate justamente al revés de cómo se han posicionado ahora frenet a las demandas catalanas. Así, frente a las retahílas del "España se rompe" del PP, quien estaban a favor de la cuota gallega hace cuatro décadas eran, precisamente, los antecesores de Alberto Núñez Feijóo.

Los conciertos fiscales de Euskadi y de Navarra son una herencia del régimen foral del que disfrutaron esos territorios desde lo último tercio del siglo XIX tras la tercera guerra carlista. Fueron recogidos en el artículo 41 de la Constitución durante la transición a la democracia desde la dictadura de Franco, que sólo había respetado el foro de Araba por la firme adhesión al régimen demostrada por las autoridades de esa provincia. Así, y gracias a la presión del Partido Nacionalista Vasco (PNV), la Constitución estableció dos excepciones al modelo fiscal común por el que el Estado se apropió en exclusiva de la competencia para recaudar impuestos en todo el territorio: Euskadi y Navarra. Sus instituciones, encabezadas por las diputaciones forales, tendrían un sistema tributario propio para establecer, liquidar y recaudar los impuestos que pagan sus ciudadanos y empresas, excepto los relativos a aranceles y aduanas y los incluidos en monopolios fiscales.

La diferencia entre lo recaudado y lo invertido

La cuota representa la cantidad equivalente a las cargas en las que incurre el Estado en cada una de las dos comunidades, cuyas administraciones deben reintegrar anualmente ese dinero a la Administración central. En resumen, la cuota es el pago anual de vuelta que las instituciones de Euskadi y Navarra hacen al Estado con cargo a los impuestos que ellas recaudan, en la cantidad estimada cómo necesaria para sufragar el ejercicio de las competencias que el Estado desarrolla eb sus territorios. En el caso vasco, la cuota superó en 2023 los 2.500 millones de euros, y en el navarro, ascendió a casi 1.500 millones. Según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, la cuota atalana podría suponer entre 6.600 y 13.200 millones al año, si se hace efectivo el concierto.

En 1983, dos años después de las primeras elecciones autonómicas y del golpe de estado del 23-F, Galicia tenía un contexto político multipartidista y complejo. Las élites regionales, tanto las vinculadas al franquismo como las que se criaron en la clandestinidad, aún se estaban acomodando con parsimonia a la nueva era política. Gobernaba la Alianza Popular de Manuel Fraga bajo la presidencia de Gerardo Fernández Albor. Contaba con 26 escaños en una Cámara de 71 asientos, en coalición con ocho de los 24 diputados de la Unión de Centro Democrático (UCD) liderados por Carlos Mella Villar. Él fue el vicepresidente de Asuntos Económicos y el contrapeso a la vicepresidencia política de la Xunta que ejercía el entonces delfín de Albor y Fraga, Xosé Manuel Barreiro Rivas.

En las elecciones del 81 también habían obtenido representación el Partido de los Socialistas de Galicia (PSdeG), con 16 actas; la coalición electoral Bloque-Partido Socialista Gallego (PSG), con tres; el Partido Comunista de Galicia (PCG), con un escaño; y Esquerda Galega (EG), con otro. Esa configuración inicial se modificó varias veces a lo largo de una legislatura en la que una veintena de señorías llegaron a cambiarse de grupo, algunas en dos y hasta en tres ocasiones.

Los diputados de AP, entre ellos Rajoy, votaron a favor de la cuota gallega en el 83. Los del PSOE, en contra.

Una de esas señorías fue el propio vicepresidente Mella, quien un mes después de dejar UCD tras la descomposición del partido y de pasar al grupo Independiente, y tres meses antes de integrarse en el de Coalición Galega, presentó una proposición de ley destinada a modificar el jovencísimo Estatuto de Autonomía e incluir en él la reclamación del concierto gallego. Según aseguró en la Cámara, tal y como figura en el Diario de Sesiones, su intención era lograr "un instrumento ágil y eficaz que, además de dotar a Galicia de la autonomía financiera imprescindible, aseguraría los recursos necesarios para lograr que [el pueblo gallego] dispusiera de niveles de bienestar semejantes a los de cualquier otra comunidad".

A pesar de que la iniciativa estaba firmada por los 33 diputados que apoyaban el Gobierno de la Xunta, entre ellos su presidente y los dos vicepresidentes, no se trataba de un proyecto propio del Ejecutivo, lo que en la práctica limitaba la eficacia del procedimiento. Eso dejaba abierta la puerta a que la propuesta ni siquiera se desarrollara, como así sucedió: nunca se abrió el proceso para reformar el Estatuto de Autonomía de Galicia para que contemplara el concierto.

Finalmente, la proposición fue votada a favor por 31 diputados, incluidos los 26 de AP. Entre ellos, el presidente de la Xunta, Gerardo Fernández Albor, su vicepresidente, Xosé Luis Barreiro Rivas, y un joven pontevedrés de 28 años, Mariano Rajoy, quien con los años llegaría a ser presidente del Gobierno y sólido mentor del actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y de su sucesor en la Xunta, Alfonso Rueda.

Los tres, Rajoy, Feijóo y Rueda, son hoy firmes opositores a la cuota catalana pactada por el PSC y ERC. Rueda incluso se ha mostrado dispuesto a liderar un movimiento de reacción de las comunidades autónomas perjudicadas por el acuerdo que, asegura, haría perder a Galicia más de 440 millones de euros al año. "No se puede romper la igualdad jurídica, territorial y, sobre todo, económica", ha advertido el presidente de la Xunta. A los diputados de Alianza Popular, que en 1983 sí que creían que se podían romper todos esos límites, les acompañaron en apoyo a la propuesta de Mella otros cuatro que habían sido elegidos en las listas de UCD, así como Camilo Nogueira, líder de Esquerda Galega Fue el único representante del entorno nacionalista y progresista que votó en O Hórreo, la sede del Parlamento de Galicia, a favor de la cuota gallega.

Paradójicamente, en contra de ese concierto económico votaron los 16 diputados del mismo PSOE que hoy defiende el cupo catalán desde Madrid a Barcelona. Entre ellos se encontraban nombres como Ceferino Díaz, Alfredo Conde, Antonio Carro, Carlos Casares y Antolín Sánchez Presedo. También votaron no a la cuota gallega el representante del Partido Comunista de Galicia (PCG), Anxo Guerreiro, y otros diez diputados procedentes de la UCD que se habían integrado, tras el desastre del partido en las generales del 82, en Centristas de Galicia o en Coalición Galega. Es el caso del líder de esta última, Pablo González Mariñas, quien, con todo, deslizó en su discurso a disposición de su grupo para "cambiar de postura" en el futuro. Por su parte, los tres diputados del PSG-Bloque –Bautista Álvarez, Lois Diéguez y Claudio López Garrido– no pudieron votar, sencillamente porque no les dejaron. Apenas un año antes, habían visto revocados por el pleno sus derechos parlamentarios por negarse a jurar la Constitución el día de su toma de posesión.

"Aquello fue todo un número, pero no tenía más intención que hacer aparecer Galicia en una discusión estatal de la que estaba completamente ausente", admite hoy Carlos Mella, quien a sus 94 años guarda un lúcido recuerdo de aquel debate. "Galicia es una nacionalidad histórica, con independencia del significado real que pueda tener esa definición. Pero, como hoy en día, no tenía ninguna presencia política efectiva en el Estado. Había que lograr que apareciera en los periódicos de Madrid, y la propuesta de la cuota gallega fue una de las formas de lograrlo".

El portavoz del PCG, Anxo Guerreiro, fue uno de los que advirtió de la jugada, tal y como dejó entrever al justificar su voto negativo a una cuestión que, en el fondo, no parecía disgustarle de todo. "No se pueden hacer estas iniciativas para salir en la prensa española, señor Mella", dijo.

Quienes se oponían a la cuota gallega también acudían al argumento de que en Galicia se recaudaba en impuestos menos dinero del que suponía el gasto efectivo del Estado central en la comunidad, entre otras cosas, porque Galicia tenía muchas menos competencias que otros territorios. El saldo final, alertaban, acabaría siendo negativo y el país perdería un dinero que no tenía. Mella, en cambio, sostiene que en su propuesta ya estaba contemplada la solución la aquella supuesta inconveniencia: "Lo expuse como una cuota negativa. Una vez que se cuadraran las cuentas, sería el Estado el que debería saldar cada año esa diferencia a favor de Galicia", añade.

Lo cierto es que ese número mediático de la cuota gallega de 1983 llevó a izquierdas y derechas a enfrentarse con los mismos argumentos que emplean hoy contra el concierto catalán, pero cambiados de bando. Especialmente significativa es la apropiación del relato que señala que los conciertos fiscales rompen la esencia de la redistribución interterritorial de la riqueza y amenazan la arquitectura del Estado de las autonomías, a su vez basada en la equidad y en la justicia social.

Durante el debate de 23 de noviembre de 1983, Xosé Luís Barreiro Rivas, luego compañero de Mella en el Gobierno de la Xunta, se defendió ante las críticas del PSOE asegurando que "la autonomía económica que se prevé en la proposición de ley es perfectamente compatible con un Estado autonomista". El portavoz socialista, Ceferino Díaz, había argumentado el voto en contra de su grupo acusando a los diputados que apoyaban la reforma de usarla exclusivamente como "jugada electoral".

Más de cuatro décadas después, Barreiro Rivas secunda la misma tesis que hoy expone Mella y que en su día defendieron Guerreiro y Díaz, y enmarca el apoyo de los populares al concierto gallego no en una verdadera convicción de fondo, sino en la necesidad de contentar a sus socios en el Gobierno mediante gestos parlamentarios tan mediáticos para la época como poco efectivos en la gestión real de la cosa pública. "Esas propuestas llegaban, se debatían, se votaban y, si se aprobaban, morían poco después porque su valor real era cero", asegura hoy el exvicepresidente político de Albor. "La costumbre era decir: 'Venga, vale, te la voto a favor. Siguiente asunto'. Carlos Mella era un político brillante y con mucha capacidad, y sabía perfectamente que la toma en consideración de la cuota gallega era una más de aquellas iniciativas de paso", considera Barreiro.

Carlos Mella: "Tenemos una clase política muy limitada que a veces habla sin saber muy bien de qué"

A pesar de lo que en su día defendieron, los dos exvicepresidentes de Albor sostienen hoy una tesis similar sobre la injusticia que a su modo de ver representan los conciertos económicos de Euskadi y Navarra, así como el expuesto para Catalunya. "Hoy me pensaría dos veces una propuesta similar a la del 83. El día en que se aceptó la cuota vasca se colocó una bomba de relojería en la Constitución. Era evidente que antes o después todo el mundo reclamaría un trato igual. Y es absolutamente normal, porque la igualdad está en la esencia de la democracia", subraya Mella, quien advierte además contra quienes alientan la cuota catalana como supuesto refuerzo al impulso de una España federal. "Federal, ¿como quién?¿ Como Alemania? ¿Como Rusia? ¿Como Estados Unidos? ¿Como México? Tenemos una clase política muy limitada que a veces habla sin saber muy bien de qué", concluye.

El giro del BNG

El nacionalismo de izquierdas mayoritario –entonces era preciso añadir estos calificativos para referenciar a lo que por entonces ya se llamaba BNG– había entrado con el pie cambiado en el debate normativo. Su apuesta por la ruptura democrática después de Franco incluía el rechazo del Estatuto y se concretaba en las llamadas Bases Constitucionais, redactadas prácticamente en cuanto murió el dictador y que incluso llevaban aparejadas un programa de gobierno. No obstante, después de la Asamblea del BNG en O Carballiño (Ourense) en 1987, y ya con Xosé Manuel Beiras en O Hórreo, el frente nacionalista presentó en la cámara una proposición de Ley de Bases que suponía un giro estratégico. Una apuesta por el "realismo político", como reconoció Bautista Álvarez en la introducción que hizo para la edición impresa de la propuesta. "Más vale actuar alguna vez de curanderos que esperar pasivamente un elixir para aplicarlo en el momento en que no quede Terra [por país, o patria] que salvar", advertía a aquellos "salvadores virxinais [para quienes] quizás represente la pérdida del pudor de las requintadas esencias revolucionarias".

La Ley de Bases contemplaba la creación de instrumentos como el Instituto Galego de Economía Pública, un Plan de Desenvolvemento Económico de Galicia, el Banco Público Galego y una reforma de la financiación autonómica que contemplara parámetros como el déficit existente de equipaciones y servicios y la dispersión poblacional. Lo importante de las medidas que preveía la Ley de Bases, que servirían de fundamento para el programa electoral del Bloque en las elecciones gallegas de 1989, es que eran factibles dentro de las competencias establecidas en el Estatuto de Autonomía. El siguiente intento se produjo al amparo del nuevo Estatuto de Catalunya, que había aprobado el Parlament catalán y que tanto el Congreso como luego el Tribunal Constitucional se encargaron de "cepillar", en gráfica expresión de Alfonso Guerra. El impulso catalán había servido para que Valéncia aprobara otro en el que se solicitaban las mismas mejoras que tuviera el vecino del norte, y para que Andalucía fijara en el preámbulo del suyo su propia "realidad nacional".

En aquellas fechas, el BNG, aún en la oposición y que entonces lideraba Anxo Quintana, promovió el Foro Novo Estatuto, un colectivo de más de medio ciento de personas, con lo más singular y destacado de las tres universidades gallegas. Entre esas personalidades figuraban dos de las que en 1983 habían votado a favor de aquel cupo gallego: Pablo González Mariñas, que sería el principal redactor, y Xosé Luís Barreiro Rivas. A comienzos de 2005, el grupo presentó las Bases do Novo Estatuto, que se entregarían en el registro del Parlamento de Galicia a finales de aquel año.

Entonces, destronado Manuel Fraga y  con el PP en el banco de la oposición, en O Hórreo –la sede del Parlamento gallego– se había constituido una comisión especial para redactar el nuevo Estatuto. Más de un año de trabajos resultaron finalmente en nada, como quedó en evidencia en una reunión en Monte Pío, la residencia oficial del presidente de la Xunta, entre los tres líderes de los partidos parlamentarios. En lo que respecta al debate nominativo, que era lo que campaba en la guerra cultural de entonces, el PP no sólo rechazaba cualquier mención a la "nación" –ni siquiera la tímida propuesta "nación de Breogán" que esgrimía el PSdeG, amparándose en el literal del Himno de Galicia–, sino que tampoco contemplaba la ya vigente de "nacionalidad histórica" y, en la práctica, no se apeaba del término "región".

Sobre la financiación, el nuevo líder conservador, Alberto Núñez Feijóo, rebajaba no solamente las expectativas nacionalistas en 500 millones de euros anuales, sino que incluso se quedaba 150 millones por debajo de lo que se ingresaba por entonces. En abril de 2008, Quintana insinuó de nuevo la necesidad de que Galicia abriera una relación fiscal bilateral con el Estado al margen del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el organismo en el que están representados todos los territorios. Pero fue el presidente socialista de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, quien cerró públicamente la puerta la cualquier posibilidad de reabrir el melón de la cuota gallega.

Camilo Nogueira: "Si esta reforma ahora no es oportuna, ¿cuándo lo sería y con que contenidos?".

Como se ve estos días, la posición de los socialistas sobre los conciertos de comunidades no forales ha cambiado. Pero no solamente la de los socialistas, ni únicamente estos días. "No es fácil explicar que la Catalunya no se le dé un concierto económico cuando ya lo tienen vascos y navarros. También es cierto que en la discusión constituyente se llegó al acuerdo de que Catalunya no lo tuviera. Ahora bien, es verdad que estas cosas se pueden cambiar, formular y discutir", dijo Alberto Núñez Feijóo, ya como presidente de la Xunta, en 2016, en el Círculo de Empresarios de Catalunya. En junio de aquel mismo año, el Bloque hizo un nuevo intento. Una propuesta de concierto, sustentada en las estimaciones de los economistas Xavier Vence, por entonces portavoz de la formación nacionalista, y Xosé Díaz.

Los cálculos de Díaz y Vence estimaban que Galicia padecía un déficit de financiación entre los 1.322 millones de euros de diferencia entre lo que el Estado recaudó y gastó en la comunidad en 2011, en plena recesión económica, y los 4.375 millones del supuesto agujero en 2007, justo antes del crac de 2008. La propuesta nacionalista, que no salió adelante por el no del PP, sí fue apoyada por los diputados del PSOE, a pesar de las indicaciones en contra de su dirección federal, con un Pedro Sánchez en su primera etapa al frente del partido. Además, el entonces portavoz del PSdeG, Xaquín Fernández Leiceaga, que había abandonado el BNG 14 años antes, consideraba que un concierto económico similar al vasco y al navarro "perjudicaría Galicia" y "pondría gravemente en riesgo a estabilidad financiera de la Xunta".

El pasado 5 de octubre, la portavoz nacional del BNG y líder de la oposición en O Hórreo, Ana Pontón, volvió a abrir el debate y reclamó un modelo de relaciones fiscales propio para Galicia, pactado bilateralmente con el Gobierno central y que permita a la comunidad "recaudar el 100% de sus impuestos con una Hacienda propia". Con todo, Pontón no desveló aún sí convertirá esa declaración en una proposición de ley que obligue de nuevo el Parlamento de Galicia a tomar postura al respecto. 

La líder del BNG basa su relato en otro informe del economista Xosé Díaz según el cual el Estado recauda ahora en Galicia casi un 50% más de lo que invierte en ella: en 2022 serían 15.385 millones de euros obtenidos mediante impuestos frente a 10.041 millones gastados en inversiones; una diferencia de 5.344 millones. Es decir, el equivalente a más de 760 millones más que todo el gasto sanitario de la Xunta en ese mismo ejercicio, o, si se quiere, más del 40% del presupuesto global de la Administración autonómica para 2024. La portavoz nacionalista añade que Galicia padece una infrafinanciación que suma más de 20.000 millones de euros entre 2009 y 2021: "Recibimos por habitante 559 euros anuales menos de lo que se precisa para atender servicios públicos básicos", alerta.

El debate sobre si al país le conviene o no un régimen singular de relaciones económico-financieras con el Estado basado en su verdadera capacidad productiva y recaudadora, sigue abierto desde aquel debate de 1983. Las preguntas que se exponen ahora, más allá de las posiciones cortoplacistas de partido y del runrún de las tertulias en televisión, siguen siendo las mismas que las que hizo Camilo Nogueira, diputado de Esquerda Galega, al resto de señorías en su intervención de hace 41 años en el Parlamento de Galicia. Fue justo antes de votar a favor del concierto gallego: "Si esta reforma ahora no es oportuna, ¿cuándo lo sería y con que contenidos?". En cuatro décadas nadie ha sabido responder a algo aparentemente tan sencillo.