El déficit público cierra 2018 en el 2,6% y el Gobierno fija en el 2% la meta para este año

El déficit de las administraciones públicas cerró 2018 en 31.805 millones de euros, el equivalente al 2,63% del PIB, con lo que se sitúa por debajo del umbral 3 % del PIB que permite abandonar el procedimiento de déficit excesivo (PDE) asociado al control estricto de Bruselas en el que lleva inmerso desde el año 2009.

La cifra  está por encima del objetivo oficial (2,2 % del PIB), pero por debajo de la previsión comunicada por el Ejecutivo a la Comisión Europea de terminar el año con un desfase del 2,7 % del PIB.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya había adelantado que el déficit cerraría por debajo de ese 2,7% del PIB, gracias a la evolución de los ingresos en el último cuatrimestre de 2018, la buena marcha de economía en la ultima parte del año y al menor coste de la deuda.

Este viernes, la ministra  ha avanzado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que prevé que el déficit termine este año en el 2 % del PIB, por encima de la meta oficial (1,3 % del PIB) pero por debajo de la horquilla avanzada por el Ejecutivo (2,2-2,4 % del PIB).

Montero ha subrayado que el Gobierno trabaja desde que se rechazó el proyecto presupuestario de 2019 para que el déficit no llegue al 2,2 % o 2,4 % del PIB que se estimaba que alcanzaría con la prórroga de las cuentas de 2018. Esto "pone de manifiesto el compromiso de España con las reglas presupuestarias de la Unión Europea", ha añadido, al tiempo que aportan "credibilidad".

Por administraciones, el Estado registró un déficit de 18.121 millones de euros, un 15,8% menos (la mayor reducción entre las administraciones), lo que equivale al 1,5% del PIB, un 0,35% menos respecto al 1,85% del año anterior.

Mientras, el déficit de las comunidades autónomas se redujo hasta los 2.810 millones de euros, un 33,6% menos que en 2017, al tiempo que en términos de PIB se situó en el 0,23%, un 0,13% inferior a la del ejercicio anterior.

Montero ha destacado el esfuerzo de todas las CCAA, y ha destacado que 15 regiones cumplen el objetivo y cinco de ellas con superávit presupuestario: Canarias (+2,05% del PIB), País Vasco (0,68%), Navarra (0,55%), Galicia (0,17%), Asturias (0,05%). Extremadura registró estabilidad presupuestaria.

Por el contrario, el resto de regiones registraron déficits: Andalucía (-0,41%), Aragón (-0,32%), Baleares (-0,39%), Cantabria (-0,05%), Castilla-La Mancha (-0,36%), Castila y León (-0,23%), Catalunya (-0,44%), Madrid (-0,16%), Murcia (-1,34%), La Rioja (-0,27%) y Valencia (-1,29%.

Asimismo, las corporaciones locales presentaron un superávit de 6.292 en 2018, por debajo de los 7.139 millones del ejercicio 2017, de forma que en términos de PIB supuso el 0,52%, un 0,09% menos. De su lado, la Seguridad Social aumentó su déficit hasta los 17.088 millones de euros, un 1,8% más.

En términos de PIB se situó en el 1,41%, por debajo del 1,44% del año 2017, gracias al alza del 5,4% de las cotizaciones sociales, con 7.l16 millones más y al Plan por un empleo digno y la Inspección ordinaria, que ha permitido convertir en indefinido 100.000 contratos temporales, según Montero.

Entregas a cuenta y reinversión de superávits

Además, Montero ha anunciado que el Consejo de Ministros ha aprobado también este viernes un real decreto ley que permite a municipios y comunidades autónomas destinar sus superávits presupuestarios de 2018 a inversiones financieramente sostenibles para el ejercicio 2019. Por ejemplo, podría destinarse a servicios públicos básicos en materia seguridad, protección civil, sanidad, educación o equipamientos culturales, entre otros.

Según Montero, se trata de una medida necesaria por la falta de Presupuestos, y va en la línea de lo que hizo el Ejecutivo anterior antes de que se aprobasen los Presupuestos.

Asimismo, la ministra ha indicado que sigue trabajando con la Abogacía del Estado para poder "romper" el sistema de financiación autonómica y poder adelantar a las comunidades un importe superior de las entregas a cuenta de dicho modelo, a pesar de la falta de Presupuestos este año, si bien admitió que la Abogacía estima que no es posible. "Pero continuó trabajando para que estas aportaciones se hagan lo antes posible", ha afirmado.

Descarta retirar el "control reforzado" de la Generalitat

Igualmente, la ministra  ha descartado este jueves levantar el "control reforzado" de las cuentas de la Generalitat de Cataluña por las "manifestaciones políticas del Govern".

Preguntada por si a Cataluña se le iban a retirar "los condicionantes especiales" que tiene en su financiación, dado que cumple con el objetivo de déficit, la ministra ha confirmado que el déficit es del 0,44 % de su PIB, lo que "significa que cumple" con los objetivos de estabilidad.

Ha precisado que hay que ver aún el resto de parámetros, como la deuda y la regla de gasto, que también son preceptivos para que una comunidad autónoma se le pueda autorizar determinadas cuestiones, como la vuelta a los mercados.

Respecto al "control reforzado" de las cuentas de la Generalitat, Montero ha precisado que "no hay previsión" por parte del Gobierno de levantarlo. Ha recordado que ese control se estableció "básicamente por la incertidumbre política generada por las manifestaciones que produce y que produjo el Govern".