La Inspección de Trabajo y Seguridad Social está investigando a 21.068 empresas ante la sospecha de que hayan cometido con los ERTEs extraordinarios por la pandemia el fraude de los ‘intrusos’ que saltó a la luz con el caso de los EREs de Andalucía, y que consiste en contratar a trabajadores ficticios que, una vez en la plantilla, son incluidos en los expedientes para cobrar de manera fraudulenta las prestaciones, ya sean los falsos asalariados, la firma que organiza el artificio o ambos por partes.

La Inspección ha puesto en marcha sus investigaciones por dos vías. Por una parte, según indican los datos facilitados a Público, ha localizado a 666 empresas sospechosas de haber puesto en marcha este tipo de tinglados dentro de los 26.014 expedientes de regulación (20.376 de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor por la pandemia y 5.638 ‘normales’ por causas económicas, técnicas, organizativas y/o productivas) en los que el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) y las comunidades autónomas reclamaron su intervención.

"La situación de estos trabajadores se ha analizado a efectos de determinar la inclusión en los expedientes de personas que no fueran trabajadores de la empresa con objeto de la percepción fraudulenta de la prestación de desempleo", explicaron fuentes del Ministerio de Trabajo, que anotaron que los inspectores no han hallado "un número significativo de incidencias" en esos 666 procedimientos.

Paralelamente, estos días "se está iniciando la actuación inspectora" de oficio por parte de la Inspección con respecto a otros 20.402 procedimientos de otras tantas empresas"en los que puede haber o no actuación fraudulenta" por parte de sus responsables, señalaron las mismas fuentes.

El volumen de expedientes bajo sospecha resulta descomunal frente a la experiencia andaluza, en la que se da por probada la existencia de 196 ‘intrusos’  que se prejubilaron en empresas en las que nunca habían trabajado, aunque está por ver el balance que arrojan las diligencias sobre las 187 empresas implicadas y los 6.096 beneficiarios del fondo especial de la Junta de Andalucía.

Sospechosas contrataciones en pleno parón de la actividad

Los primeros indicios de las conductas fraudulentas fueron detectados por el mismo procedimiento en ambos bloques: el cruce de los listados de los ERTEs con los datos sobre la fecha de alta en la empresa reveló que todas ellas habían incluido en los expedientes a empleados contratados después de la declaración del estado de alarma, algo cuando menos llamativo después de que se destruyeran casi 90.000 empleos en las dos primeras semanas de la pandemia y de que solo el 16 de marzo se produjeran más de 175.000 bajas () en la Seguridad Social.

"¿Que hay fraudes con los ERTEs aprovechando estas circunstancias? Seguro, y seguro que hay más", explica Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CCOO, que recuerda cómo patronales y sindicatos acordaron en la Mesa del Diálogo Social de la que salieron los expedientes extraordinarios para afrontar el parón de la economía por la pandemia que los informes de la Inspección, preceptivos en este tipo de procedimientos, pasaran a ser potestativos, es decir, que se realizarían a petición de la autoridad laboral. También aceptaron la aprobación de los ERTEs por silencio administrativo, aunque con el compromiso de que fueran revisados después.

"El volumen de expedientes ha sido mayor de lo que nadie podía esperar", anota, y eso ha impedido que la Inspección pudiera emitir informes previos a su aprobación como ocurre en condiciones normales, ya que las solicitudes, que siguen creciendo, superan el medio millón mientras el volumen de trabajadores afectados, que ahora se reduce con la reapertura de actividades con la desescalada, rebasó los tres millones.

En cuanto al volumen de prestaciones para los trabajadores incluidos en esos expedientes, los datos del Ministerio de Inclusión señalan que entre el 16 de marzo y el 31 de mayo se han reconocido 3.748.009"que ya están abonados gracias al convenio firmado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y las entidades financieras". "El SEPE ha reconocido el 98,5% de las solicitudes recibidas", añade, aunque quedan nuevas peticiones pendientes de aprobar y otras presentan "errores que deben ser subsanados".

Los retrasos en el pago de las prestaciones

Los primeros indicios de fraudes de ese tipo han acabado teniendo graves consecuencias para buena parte de los afectados por los ERTEs pese a que las empresas bajo sospecha apenas superan el 9%.

El planteamiento inicial de esa medida extraordinaria contemplaba que la Seguridad Social transferiría el conjunto de las prestaciones de cada plantilla a las empresas que habían tramitado los expedientes para que esta las distribuyera entre los trabajadores como hace cada mes con las nóminas.

Sin embargo, las tempranas evidencias de que algunos defraudadores habían comenzado a activar el tinglado de los trabajadores ficticios llevó a Trabajo y a Inclusión a modificar esos planteamientos para pasar a pagar directamente las prestaciones a los trabajadores incluidos en los ERTE.

Esa decisión, que implicó un crecimiento descomunal del papeleo, acabó traduciéndose en un atasco de los pagos que ha hecho que parte de las prestaciones sigan sin haber sido satisfechas dos meses y medio después de haber comenzado el parón de la actividad.

Más de 700 empresas obligan a trabajar todo el día con ERTEs

El trabajo de la Inspección está abarcando otras facetas entre las que va ganando peso la detección de abusos laborales sobre trabajadores incluidos en ERTEs que se ven obligados a trabajar a jornada completa pese a tener el contrato suspendido o la jornada reducida, una infracción que acarrea sanciones de 6.251 a 187.515 euros.

"Se ha iniciado actuación en 704 empresas" después de haber recibido "denuncias o comunicaciones" sobre la "continuación de la actividad laboral en empresas a las que se les ha autorizado un ERTE con suspensión de contratos o reducción de jornada", apuntaron las fuentes de Trabajo.

"Esto forma parte de la cultura y el sentimiento de impunidad de alguna gente que cree tener patente de corso", señala Vicente, que llama la atención acerca de que, aunque el nivel de fraude detectado resulta bajo ante el volumen de expedientes tramitados (menos de un 10% de casos sospechosos), quien los comete "está quitándoles los recursos a quienes realmente los necesitan, están defraudando a la Administración".

"Por eso es necesario denunciar", añade, al tiempo que llama la atención sobre "la gran diferencia que se da entre las empresas en las que hay representación sindical y en las que no la hay".

Nuevas líneas de investigación de fraudes laborales

Por último, la Inspección acaba de poner en marcha "una actuación planificada a través de los cruces de datos en sus sistemas informáticos" con el objetivo de detectar otros tres tipos de fraudes en materia de empleo y de prestaciones sociales.

Una de las líneas se centra en "determinar la posible creación fraudulenta de empresas para beneficiarse de los ERTEs", o la reactivación de otras que permanecían inactivas, tras la declaración del estado de alarma. En este apartado será prioritaria "la actuación en las empresas cuya actividad no está limitada por las prohibiciones impuestas por el estado de alarma y la fase de desescalada en cada territorio".

Otra tendrá como eje el análisis de las bases de cotización de las prestaciones para detectar incrementos injustificado para obtener mayores ingresos o aumentos en contratos a tiempo parcial "que pudieran poner el descubierto el encubrimiento de la realización de jornada completa".

Y, por último, la tercera se dirige a esclarecer la eventual "compatibilidad de la percepción de prestaciones por desempleo con la continuación en el trabajo tanto en casos de suspensión de contratos como de reducción de jornada".