La corrupción acaba con el sueño de Cifuentes de atraer empresas de la City

Asuntos internos. Es la consigna que transmite estas semanas la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, a su equipo de Gobierno, asesores y allegados como prioridad absoluta. Le asolan los episodios de corrupción. Y eso le desgasta, admiten en el kilómetro cero. Sobre todo, desde que ella misma fue señalada por la Unidad Central Operativa (UCO) por prevaricación y cohecho por los contratos adjudicados al Grupo Cantoblanco de Arturo Fernández.

La corrupción atenaza a Cifuentes, admiten en la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, que ha puesto la pausa a su gestión institucional. 

El problema es que esta parálisis amenaza proyectos estelares, como la pretendida, ambiciosa y exigente reivindicación de atraer a Madrid los capitales financieros de la City antes de que se consuma el Brexit.

Porque, lejos de captar esta diáspora de inversiones, que elevarían la imagen de la capital (y de España) como centro europeo y global de las finanzas, la estrategia de bancos y empresas de abandonar el templo financiero londinense, no emite precisamente guiños hacia Madrid.

De hecho, y pese a que aún quedan dos años para que se consuma la desconexión, la polémica labor del embajador designado por Cifuentes para atraer los capitales británicos, el neoliberal Daniel Lacalle, sigue sin trasladar beneficios consolidados a la capital. Y mucho menos, dividendos. “Este y otros temas están estancados” por el perfil de baja intensidad que rodea la labor de la presidenta en las últimas semanas, aducen en la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional.

A lo que hay que unir las críticas a la escasa transparencia y la nula actividad de Lacalle en su cometido como emisario oficial para estas lides. Cada vez de mayor intensidad. El embajador madrileño, nombrado en septiembre pasado (bajo un concurso tildado de opaco y restringido) en un pulso final con Salvador Molina, comunicólogo financiero al que, semanas más tarde, se le aupó a la presidencia de TeleMadrid, recibió el encargo tras la renuncia de la vallisoletana Miriam González, esposa del ex dirigente liberal británico, Nick Clegg, y reconocida abogada en la capital británica del despacho Dechert.

La máxima favorita inicial. A cambio de un sorprendente salario de 50.000 euros anuales (tildado así por sus correligionarios, según los parámetros del mercado y el supuesto prestigio profesional de Lacalle) como declaró su jefa, Engracia Hidalgo, consejera de Economía, Empleo y Hacienda, en sede parlamentaria.

Además, con una aparente dedicación exclusiva, aunque nunca convenientemente explicitada. Algo que, de ser cierto, no parece cumplir, a tenor de su web personal, cargada de actos y conferencias por latitudes alejadas de su misión británica. De sus frecuentes análisis económico-financieros en los medios donde colabora. O de la tenue imagen de marca que ha prestado, hasta ahora, a Think Madrid, su enlace destinado a actualizar sus menesteres como embajador capitalino ante la City, donde apenas tiene publicado su discurso de aceptación del cargo -eso sí, en español e inglés, trascritos y en vídeo- ante las autoridades madrileñas en la sede del Gobierno regional.

Por contra, Lacalle no ha tenido reparo alguno en promocionar su cargo en programas tan poco imprescindibles para su misión como Madrileños por el Mundo (en su capítulo londinense, claro), o en reportajes sobre los efectos colaterales del Brexit a ciudadanos españoles en Reino Unido … ¡pero en su tramo dedicado a británicos en España! Seguramente, por gentileza de su rival hacia el cargo, ahora que preside TeleMadrid. Pero una exposición pública carente de cualquier ejercicio de influencia en su cometido de emisario para atraer inversiones desde la City hacia el principal centro financiero español.

Capitales por el mundo

Entretanto, en Londres ya se aprecian los primeros vestigios corporativos de salida. De hecho, se suceden desde que su primera ministra, Theresa May, activara el artículo 50 del Tratado de la UE coincidiendo con el inicio de la primavera. Y los gestos empresariales no son demasiado halagüeños. La lista de bancos que han mostrado sus preferencias de sede engorda por semanas. Sin apenas rastro de Madrid.

Goldman Sachs, con 6.000 profesionales en Reino Unido, ha activado un plan de contingencia para trasladar a cientos de sus empleados a ciudades, bien a Fráncfort, o a París, según su CEO Internacional, Richard Gnodde, quien afirma “haber iniciado la desconexión por el Brexit” con este “proceso de mudanza porque necesitamos impulsar tanto las infraestructuras como las facilidades para operar bajo nuestras licencias”.

Según algunas estimaciones del mercado, GS estaría pensando en trasladar a más de la mitad de su plantilla británica a Fráncfort, donde ahora tiene unos 1.000 empleados. Citigroup, con una plantilla de 9.000 trabajadores en Reino Unido, también estudia dirigir sus pasos hacia la capital financiera alemana. James Cowles, su ejecutivo jefe para EMEA (Europa, Oriente Próximo y África) acaba de avanzar la intención de su entidad de configurar “una auténtica plataforma global” en el corazón de la UE, tras descontar que se producirá un “Brexit duro” con una notable pérdida de derechos en el pasaporte europeo para los residentes en suelo británico. Fráncfort cuenta con un ecosistema financiero potente, con el Deutsche Bank, el BCE y BaFin, la Autoridad Financiera de Supervisión Bancaria de la locomotora del euro.

Precisamente el gran banco privado germano ha calculado en alrededor de 4.000 el número de sus 9.000 trabajadores de sus oficinas londinenses que podrían dejar esas instalaciones cuando se produzca el Brexit. Obvio: con destino a Fráncfort, donde se hospedan 74.000 trabajadores del sector financiero y considerado el segundo centro continental de las finanzas con más músculo competitivo, tras la City. Para reforzar su estrategia europea. Dublín es la otra gran baza. Con París y Luxemburgo a rebufo. El otro gran banco de inversión, JP Morgan, juega a la carta irlandesa. Igual que Bank of America; Standard Chartered y Barclays, que ven en esta opción claras y palpables ventajas para sus negocios.

Fráncfort por afinidad regulatoria con Londres y sus ventajas fiscales, parten como favoritas entre los bancos de la City

Entre otras, que Irlanda asume la cultura financiera y la regulación de esta industria procedente de sus vecinos insulares, además de exhibir atractivos fiscales para las sociedades mercantiles (con un tipo impositivo del 12,5%, que se reduce, incluso, hasta el 6,25% para firmas tecnológicas que trasladen sus sedes a Irlanda) y de ser el único otro socio de habla inglesa de la UE, por lo que también hace lobby diplomático y empresarial con la bandera idiomática en Berlín para adquirir el rol de interlocutor directo con Londres en las complejas negociaciones sobre el Brexit.

En especial, para el poderoso sector empresarial británico, muy crítico con la desconexión de la UE y, más aún, con las posibles barreras de acceso al mercado interior comunitario. También Luxemburgo ha entrado en la disputa. El órdago del Gran Ducado, considerado centro off-shore por su benevolencia con el secreto financiero y su docilidad impositiva, es acoger a la Autoridad Bancaria Europa (EBA, según sus siglas en inglés).

Todo un lifting, apenas un par de años después del escándalo LuxLeaks de evasión tributaria que involucró a más de 300 grandes multinacionales que cerraron acuerdos bajo cuerda y atentatorios contra las normas europeas con el Ejecutivo del entonces su primer ministro, Jean Claude Juncker, y ahora presidente de la Comisión Europea. La EBA, a la que también cortejan Fráncfort y París, tiene 159 funcionarios de la UE en su oficina londinense de Canary Wharf. Mientras, París, parece que será el destino de un millar de empleos del HSBC.

La capital francesa cuenta en su haber con albergar a cuatro de los diez mayores bancos europeos y con reclamar una fuerza laboral de 330.000 profesionales del sector financiero para su Paris Europlace, donde pretende acoger, primero, y consolidar, después, la floreciente e innovadora industria fintech. Con más de 20.000 puestos para auditores, consultores y asesores jurídicos y fiscales en ciernes. Al calor de una esperada reforma tributaria que el nuevo presidente galo, Emmanuel Macron, podría recuperar de inmediato.

Si, como aseguran fuentes próximas a El Elíseo, asume la idea ya confeccionada por el Gobierno de Manuel Valls, a instancias de su antecesor (y mentor político), el socialista François Hollande. La propuesta incluía un recorte, desde el 33% al 25%, del tipo impositivo sobre Sociedades, una reducción drástica y más cercana al 19% que, desde el pasado mes de abril, se establece como gravamen para las empresas en Reino Unido. Macron, además, baraja ser más agresivo con la disminución de la presión fiscal a las firmas productivas; es decir, aquellas, según la terminología del mercado, generadoras de riqueza y empleo.

Un éxodo cargado de riqueza

En esta carrera, catalogada en términos de competitividad y productividad por el neoliberalismo imperante, Ámsterdam, con sus beneficiosas deducciones tributarias para las denominadas, con cierto sarcasmo, entidades de tenencia de valores, y Madrid parecen descolgadas. A la ciudad holandesa el think tank europeísta Bruegel le concede, al menos, ciertas probabilidades de atracción de empresas. Más bien, las no financieras.

Aun así, a Madrid podrían acudir ciertas delegaciones, desde luego no neurálgicas, de Bank of America, Citigroup y UBS, para reforzar sus actuales oficinas.

Los grandes bancos de inversión y las aseguradoras ya empiezan a emitir sus preferencias de salida

Porque el efecto arrastre de los bancos condicionará a otras empresas. Y algunos de ellos, como el japonés Daiwa Securities o Morgan Stanley, han hecho, hasta ahora, mutis por el foro, sobre dónde desplazarán sus cuarteles generales. Al igual que la aseguradora Lloyds o el resto de la armada financiero-industrial nipona, con Sumitomo Mitsui, Mitsubishi UFJ, Mizuho a la cabeza. Si bien sus preferencias parecen inclinarse por Dublín, como las de Bank of China o Credit Suisse.

El lobby financiero londinense evalúa en 70.000 puestos de trabajo el riesgo del Brexit y cifra en 240.000 millones de dólares, el 12% del PIB británico, los recursos procedentes del sector de las finanzas y de los servicios profesionales.

Si bien otros estudios calculan en 10.000 empleos de la industria bancaria y otros casi 20.000 en servicios financieros y aseguradoras y en 1,8 billones de dólares el total del tejido empresarial que podría rehusar seguir en Londres. Casi el PIB de Italia. E, incluso, hay estimaciones que anticipan, si se consuma el Brexit duro para los negocios y, en consecuencia, acontece una huida generalizada de activos, empresas y firmas de servicios, la pérdida de 232.000 puestos de trabajo, sumados los directos y los indirectos.

Ausencia de sinergias con el Estado

Cifuentes y Lacalle, además, tampoco tienen la suerte de su lado. Presidenta y embajador no debe estar muy exultante con la mala noticia, para cualquier neoliberal que se precie, de que el Gobierno de Rajoy descarte el arma impositiva para que ejerza de imán inversor. 

Ya se les negó esta herramienta a los Ejecutivos de Esperanza Aguirre e Ignacio González para crear Eurovegas. Salvo que ahora, con un asunto más serio que el que pretendía llenar de casinos y generar una especie de apartheid de regulación impositiva y laboral dócil en la zona oeste de Madrid, el freno ha sido el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Contra los deseos de otorgar atractivos fiscales a los Big Banks londinenses de su colega en Economía, Luis de Guindos, o del presidente de la CNMV, Sebastián Albella, partidarios de acelerar esta reforma para que el sector financiero de la City acudiera a la llamada de Invest in Madrid, la institución que paga a Lacalle.

Otras voces críticas con la parálisis lobbista del gurú neoliberal, potenciado por el perfil bajo de Cifuentes, procede del mundo de la diplomacia. Desde esta órbita se cuestionan para qué sirve la Secretaría de Estado de marca España. A cuyo frente se encuentra, por segunda legislatura, otro insigne representante de los Chicago boys, Carlos Espinosa de los Monteros.

“Si no es con ocasión de un acontecimiento de esta magnitud, el Brexit y la fuga de inversiones de alta calidad desde el corazón mismo de las finanzas, para qué sirve la diplomacia económica”, argumentan estos expertos en relaciones internacionales que, para más inri, consideran que las presiones españolas en la UE, por las que se ha logrado el veto negociador sobre Gibraltar y la altisonante reacción de Londres hacia España, tampoco ayudará a la tarea de “conceder refugio” al capital financiero de la City.

El embajador madrileño no muestra signos de actividad, ni de transparencia de gestión

A la presidenta regional también le achacan parte de la culpa por la ausencia de luz y taquígrafos sobre el coste de esta misión. Porque Lacalle dispone de una dotación de 1,3 millones de euros de un acuerdo entre Invest in Madrid, adscrita a la consejería de Economía, Empleo y Hacienda de Engracia Hidalgo, y la Cámara de Comercio de Madrid que se encuentra inmersa dentro de un apartado ambiguo.

Un muy etéreo paraguas protector, el fomento a la internacionalización de empresas madrileñas, que nada tiene que ver con la atracción de los capitales de la City. Ni los 180.000 euros adicionales -más de tres veces su poco competitivo sueldo- que administrará directamente para mantener operativa su oficina en Londres, a cargo de conceptos tan vagos e imprecisos como Estudios y acompañamiento, Eventos de promoción en Reino Unido, Captación de inversiones y Material promocional, que se consignan en el presupuesto.