Las comunidades autónomas gobernadas por el PP, cuatro con mayoría absoluta, cinco en coalición con Vox y tres con otras fórmulas, reclaman al Gobierno central que les conceda margen para descuadrar sus cuentas el año que viene 1.800 millones de euros por encima de los 900 que el Ministerio de Hacienda está dispuesto a asumir.

La reivindicación de ese déficit, que superaría los 2.700 millones de euros si prosperaran sus tesis, coincide con una planificación tributaria que resulta, cuando menos, contradictoria e incongruente con esa posición.

Según indican las estimaciones de la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), las rebajas tributarias que esos mismos gobiernos autonómicos han incluido en sus presupuestos para 2024, y cuyos grupos centrales de beneficiarios resultan ser los propietarios de las principales fortunas y los perceptores de las mayores rentas, superarán el año que viene con holgura los 2.200 millones de euros.

La combinación de las dos líneas de política económica, en la que confluyen un recorte de más de 2.200 millones de ingresos y la pretensión de ampliar en 1.800 el margen de descuadre tolerable, que ahora se sitúa en 900, supone un viraje radical en los ejes argumentales de los conservadores en materia económica, cuyo discurso llevan décadas articulando en torno a la defensa del austericidio, la críticas al déficit y la satanización del endeudamiento.

Otra cosa es el resultado práctico de la gestión, tanto en el plano autonómico como en el estatal, aunque en la práctica ni la incongruencia del discurso ni esos antecedentes de tendencia al descuadre impiden revolverse contra una propuesta de modelo fiscal disciplinado si esta viene del Gobierno de coalición.

Las estimaciones de la Airef tras analizar los proyectos de presupuestos de las comunidades autónomas apuntan a unas rebajas fiscales por un montante conjunto de 2.363 millones de euros, de ellos 1.930 en el IRPF, que equivalen a dos décimas del PIB de 2022, que fue de 1,34 billones (con b) de euros.

Las doce comunidades en las que gobierna el PP acaparan casi el 96% de esa cifra, con 2.267 millones de euros (1.797 en el IRPF), concentrada en Madrid (991), donde los grandes patrimonios absorben el grueso de los descuentos; el País Valencià (460), Andalucía (377), que se ha consolidado como la del menor PIB per cápita del país coincidiendo con el despliegue de las políticas neoliberales del Gobierno de Juanma Moreno, y Galicia (190).

¿Pueden cumplirse esas previsiones? Todo apunta a que sí. El último Informe de Recaudación de la Agencia Tributaria, cerrado a 30 de noviembre, cifra en 1.677 millones de euros las rebajas aplicadas por el conjunto de las comunidades autónomas solo en el IRPF este año.
Esa cifra resulta ser la principal merma de ingresos en las cuentas de Hacienda, por encima de la rebaja del IVA en los alimentos básicos (1.573) y de la reducción de la tributación por los rendimientos del trabajo (1.548).

Otra cosa es el impacto efectivo de esas rebajas autonómicas: un estudio del Consejo General de Economistas reveló como las aplicadas en 2020, que era entonces el último año con datos disponibles, supusieron un escueto descuento medio de 23 euros por contribuyente y tuvieron un impacto prácticamente nulo en las rentas más bajas.
Pero, por el contrario, al restarles el 0,47% de la recaudación abrieron en las arcas públicas un boquete de 498 millones de euros, que equivale al 30% del presupuesto de gastos de los ministerios de Asuntos Exteriores o de Cultura.

Al observar el panorama fiscal, a esas mermas de ingresos hay que añadirles las previsiones de aumento de gastos, que hasta 2028 va a alcanzar los 1.852 millones de euros, en este caso con el 60% del total (1.103) entre las doce comunidades gobernadas por el PP y de nuevo con Andalucía en posición destacada, ya que solo Catalunya con 597 supera sus 447, y con Murcia (274) y Galicia (125) en las siguientes posiciones.

Para el conjunto del sistema autonómico, y según las estimaciones de la Airef, la brecha entre ingresos y gatos se situaría por encima de los 4.000 millones de euros tras una merma de 2.363 en los primeros y un aumento de 1.852 en los segundos.

Riesgo de sanciones de la UE por rebasar el déficit asignado

En ese escenario, el Gobierno central propuso hace unos días a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal un límite de déficit de una décima de sus respectivos PIB, lo que con el indicador de 2022 equivale a 1.341 millones de euros.

Esa propuesta, aprobada como todas las que van al consejo al disponer de mayoría el Gobierno de turno, fue rechazada por los representantes de los ejecutivos conservadores, mientras los de las dos socialistas del régimen común (Asturias y Castilla-La Mancha) la apoyaban y el de la foral Navarra se abstenía. No asistieron Euskadi, ya que su régimen de cupo va por otro camino, ni Catalunya, que trata de negociar un acuerdo bilateral.

Esos posicionamientos tiene traducción numérica: las tres comunidades socialistas aceptan los 95,1 millones de margen de descuadre que les ofrece el Gobierno central, Catalunya y Euskadi mantienen en el aire la aceptación de los 334 que les corresponderían y las doce autonomías conservadoras declaman ampliar su capacidad de déficit desde los 911 hasta los hasta los 2.734,5.

No obstante, el desenlace puede ser distinto, ya que la amenaza del PP de bloquear esa propuesta de déficit en el Senado entraña el riesgo de situar a sus gobiernos, por ley, en un escenario fiscal de déficit cero autonómico frente al pájaro en mano de 911 millones.

En ese sentido, los números de gobiernos como los de Madrid, Andalucía, Galicia o Murcia apuntan a descartar que ese nulo margen de maniobra a la hora de cuadrar las cuentas pueda ser la primera opción para sus responsables económicos.

¿Por qué, cuando eso abre un nuevo flanco de conflicto con La Moncloa y cuando algunos flancos de su espacio mediático priman la intransigencia? Básicamente, porque en la práctica se trata de un asunto de dinero: de disponer de una u otra capacidad de gasto y de endeudamiento, y teniendo presente que el quebranto de esas normas fiscales acarrea sanciones de la UE.

Cuando Catalunya es la única comunidad que compensa las rebajas
El informe de la Airef advierte de que "las últimas medidas tributarias puestas en marcha hasta la fecha o previstas para los ejercicios siguientes supondrán una menor recaudación de 2.300 millones [anuales] en los ingresos públicos hasta 2028", aunque "habrá impactos adicionales en 2025 y 2026", según recogen los propios presupuestos de las comunidades autónomas.

"Concretamente, la Airef estima en más de 2.800 millones el impacto en las cuentas autonómicas de 2024 por las medidas de IRPF adoptadas o previstas hasta la fecha", una merma de ingresos que supera en una décima de PIB a la inicialmente prevista y que llegaría tras un cierre conjunto del -0,6% para este año.

No obstante, las políticas fiscales de las comunidades resultan dispares. Y sorprendentes si uno se atiene al discurso mediático predominante, ya que "Catalunya es la única comunidad que ha regulado reformas tributarias permanentes que, en conjunto, le supondrán un impacto positivo" y solo en Murcia, Navarra y el País Valencià "algunas medidas permanentes de subida compensan parte del impacto negativo de las reformas de IRPF y Sucesiones y Donaciones", destaca la Airef.

"En la mayoría de las comunidades las medidas permanentes de rebaja fiscal suponen entre 0,1% y 0,2% del PIB regional, alcanzando el 0,3% del PIB en Madrid, La Rioja y la Comunitat Valenciana, y el 0,5% en Cantabria", añade el informe, que reseña cómo "en Canarias, las rebajas fiscales adoptadas en el IRPF tienen todas carácter temporal y en Castilla-La Mancha, Navarra, Región de Murcia e Illes Balears tienen más peso las medidas de carácter temporal que las permanentes".

No obstante, la Airef confía en que el conjunto de las autonomías pueda cerrar 2024 con "un superávit del 0,2% del PIB, frente al déficit del 0,1% previsto (…) como consecuencia, fundamentalmente, del excepcional aumento de los recursos del sistema de financiación derivado de la liquidación de 2022", aunque solo tres de ellas, La Rioja, Castilla y León y Canarias, prevén alcanzar los números negros.

Nuevo récord de ingresos de la Agencia Tributaria

El último informe de recaudación de la Agencia Tributaria, difundido este viernes, apunta a que este organismo batirá de nuevo este año su récord de ingresos, ya que estos alcanzaban al cierre de noviembre los 252.927 millones de euros cuando en todo el 2022 la cifra fue de 255.463 y solo en diciembre la entrada superó los 16.000.

Todos esos datos y previsiones llegan y todos esos posicionamientos se producen en vísperas de que con el comienzo del año se abra el melón de la reforma de la financiación autonómica y, con ella, del modelo fiscal del que dependerá el sostenimiento de la prestación de los servicios del Estado del bienestar.

Eso ocurrirá tras varios meses de tergiversadas versiones del acuerdo de investidura entre PSOE y ERC, que incluye el compromiso de "tramitar una modificación legal de alcance general para todas las comunidades autónomas de régimen común" que "permita la asunción por parte del Estado de parte de la deuda autonómica con este" y que, pese al alboroto mediático, ha animado a algunos gobiernos conservadores a sondear su aplicación.

Todos sus responsables económicos saben, o se supone, que cualquier quita de deuda tiene un doble efecto balsámico en las cuentas: elimina la obligación de liquidarla y, también, la de ir cubriendo sus intereses; y eso, cuando se trata de bonos de hace más de cinco años, supone cada año entre un 1,5% y un 4% de su valor