SANTIAGO.- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha sancionado a NCG Banco por cuatro "infracciones muy graves", que suman un importe de más de dos millones de euros, relativas a la emisión de participaciones preferentes y subordinadas.

El BOE ha hecho pública este sábado una resolución con fecha de 24 de marzo de este año de la CNMV en la que se declaran firmes en vía administrativas las sanciones impuestas a NCG Banco --banco resultante de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, que pasaron a ser Novacaixagalicia, y que ahora opera con el nombre comercial de Abanca--, a la que se declara responsable de la comercialización entre septiembre de 2011 y febrero de 2012 de productos híbridos "sin advertir adecuadamente" a los afectados "en los supuestos en que las operaciones eran no convenientes o no evaluadas".

También sanciona a NCG por infracción "muy grave" por "no gestionar adecuadamente los conflictos de interés generados por la realización de
cases entre sus clientes a precios significativamente alejados de su valor razonable".

Asimismo, sanciona a Novacaixagalicia, resultado de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, por la comercialización de las dos cajas gallegas de productos híbridos en 2008, 2009, 2010 y 2011 "sin evaluar si resultaban adecuadas a los conocimientos y experiencias de los clientes".

Así, la CNMV declara la responsabilidad de las ya desaparecidas cajas gallegas por las "deficiencias metodológicas" en la comercialización de preferentes, sin información a los clientes y "no habiendo acreditado la entrega de información sobre las características y riesgos de dichos productos comercializados con carácter previo a su adquisición".

Por todo ello, impone a Novagalicia Banco (NCG Banco), como "sucesor" de la responsabilidad de Novacaixagalicia, cuatro multas de: un millón, 800.000 euros, 200.000 euros y 50.000 euros, que suman un total de 2.050.000 euros.

Más de 116.000 afectados

Un informe del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de 2014 cifró en 116.000 el total de afectados por preferentes y subordinadas en Galicia --con una estafa cifrada en más 1.800 millones de euros-- quienes en los últimos años han protagonizado sonoras protestas y manifestaciones para demandar que se les devuelva íntegramente su dinero.

El que fue presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) entre abril de 2007 y octubre de 2012, Julio Segura, ya había afirmado en 2013 --en su comparecencia en la comisión de investigación de las cajas del Parlamento de Galicia-- que se investigaba a las cajas gallegas sobre la comercialización y el mecanismo de liquidez de las participaciones preferentes, en unas inspecciones que mostraron "diversas deficiencias".

Entre otras cuestiones, el expresidente de la CNMV apuntaba a "prácticas comerciales no acordes" con la legislación vigente "en cuanto a la adecuada identificación de las características de los inversores clientes minoristas", en una investigación que ahora se culmina con una multa de más de dos millones de euros a NCG.

Precisamente, la Eurocámara anunció esta semana que seguirá investigando las quejas enviadas por ciudadanos por la venta irregular de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas y las cláusulas abusivas en las hipotecas. Para ello, los eurodiputados pedirán a la Comisión Europea que se pronuncie sobre si España ha vulnerado la legislación de la UE en estas cuestiones y elaborarán también sus propios informes.

Para presentar en la UE las quejas sobre el fraude en la venta de preferentes intervino un portavoz de las plataformas de estafados por las preferentes de Galicia, Xesús Domínguez --representante del colectivo de Compostela--, que explicó que, aunque muchas familias han recuperado ya sus ahorros, todavía quedan por devolver "a entre 10.000 y 15.000 familias más de 110-150 millones de euros".

"Lo que exigimos es la devolución del ahorro a todas las familias, que los responsables de esta estafa se sienten delante de la justicia, que se depuren responsabilidades políticas de los responsables administrativas y responsabilidades por la imposición de sanciones" a los preferentistas que se manifestaron, reclamaba Domínguez esta semana.