La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en la causa que investiga si la eléctrica contrató los servicios del excomisario José Villarejo para espiar, entre otros, al presidente de ACS, Florentino Pérez.

Según ha podido confirmar Efe y ha adelantado El Confidencial, Anticorrupción ha presentado un escrito este martes al titular del juzgado central de instrucción nº 6, Manuel García Castellón, que deberá pronunciarse ahora al respecto.

En el documento presentado este martes, también se solicita investigar al director general de negocios de Iberdrola, Francisco Martínez Córcoles; al que fuera presidente de Iberdrola España e histórico de la compañía Fernando Becker, y al ex jefe del Gabinete de Presidencia de la eléctrica Rafael Orbegozo.

Martínez Córcoles ha ocupado distintos cargos directivos en la multinacional, y es, entre otros cargos, presidente de Iberdrola España y de Iberdrola Energía Internacional, así como consejero de Iberdrola México.

Por su parte, Becker ha sido consejero de Economía y Hacienda en la Junta de Castilla y León, presidente ejecutivo del Instituto de Crédito Oficial y miembro de los Consejos de Administración de Argentaria y Banco Europeo de Inversiones (BEI), entre otros.

Desde su incorporación, ha sido también director corporativo de Iberdrola España, miembro del Consejo de Administración de la filial española, y vicepresidente de la Fundación Iberdrola.

En 2018 dejó la compañía mediante un acuerdo amistoso en el marco del plan de bajas incentivadas que impulsa regularmente Iberdrola.

El caso data de finales de 2019, después de que se publicara que Iberdrola contrató a Villarejo para espiar a un juez, infiltrarse en plataformas contrarias a los intereses de la eléctrica, hostigar a miembros del comité de empresa de la central nuclear de Cofrentes o investigar a un accionista crítico con la gestión de la empresa.

En dos investigaciones internas, abiertas en noviembre de 2018 y julio de 2019, Iberdrola reconoció que se había contratado a Villarejo entre 2004 y 2017 para 17 servicios, pero de tipo ordinario y propios de la Dirección de Seguridad Corporativa y siempre cumpliendo todos los controles de la compañía.

A finales del pasado mayo la eléctrica envió un escrito al magistrado en el que le planteaba la declaración voluntaria de todos los administradores y empleados, incluido Sánchez Galán, con el objetivo de acabar con las especulaciones.

En una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Iberdrola denunciaba que la tramitación de esta pieza separada del caso Villarejo sobre los negocios del excomisario, "ha sido aprovechada por competidores que, directa o indirectamente, han atacado la reputación y buen nombre de la compañía".