El inminente cierre de la instrucción del caso Banco Popular en la Audiencia Nacional, con la decisión de qué directivos se sientan en el banquillo por la ampliación de capital de 2016, marca un cambio de época justo cuando se cumplen doce años del anuncio del rescate bancario, mentado oficialmente por vez primera en un decreto del 4 de febrero de 2012, y casi quince de la primera intervención de una caja de ahorros, la de Castilla-La Mancha, en marzo de 2009 y tras fracasar su fusión con Unicaja.

¿En qué consiste ese cambio de época? Básicamente, en que, salvo que una eventual condena en el caso Popular acabara conllevando algún tipo de responsabilidad civil subsidiaria para el Estado, este habrá dejado de soportar los costes de recolocar el negocio de los bancos quebrados (para no dejar tirados a sus usuarios) y en que los directivos de estos perderán cualquier capacidad de enjuagar operaciones fraudulentas con dinero público antes de que Hacienda, el Banco de España o algún damnificado pueda hallar pruebas de ellas.

El primero de esos dos ámbitos, el de los costes del rescate para el erario público, sigue creciendo tras haber superado los 100.000 millones de euros como consecuencia del aparataje diseñado para afrontarlo por los gobiernos de Mariano Rajoy, con Luis de Guindos como ministro de Economía.

El otro, el de las responsabilidades penales de los directivos de las entidades financieras que fueron objeto de rescate y de reestructuración, está cerrado con un balance de algo más de un centenar de absoluciones, que se suman al centenar y medio de exoneraciones de imputados previas a los juicios orales, y apenas una veintena de condenas que en muchos casos permitieron a sus destinatarios eludir el ingreso en prisión.

Más de 200 investigados y solo veinte entre rejas

Tres de cada cuatro condenados a penas de prisión de más de dos años se concentran en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid, en el que, no obstante, otros 48 fueron absueltos o se les asignaron penas inferiores al bienio, cuyo cumplimiento puede eludirse cuando se carece de antecedentes y no se reincide.

La principal condena firme de las black, un sistema de remuneración, o quizás de saqueo, por el que los miembros del consejo de administración disponían de una tarjeta de crédito con la que podían gastar lo que quisieran en lo que quisieran, recayó sobre el exministro popular Rodrigo Rato, condenado a cuatro años y medio de prisión.

Su antecesor en la presidencia de la caja, Miguel Blesa, que había sido condenado a seis años de cárcel por la Audiencia de Madrid, se suicidó antes de que el Supremo se pronunciara sobre su recurso. Él y Rato encabezaban una lista de quince castigados con penas que conllevaban el ingreso en la cárcel.

El que fuera consejero delegado del Banco de Valencia, Domingo Parra, fue objeto de varias sentencias condenatorias, una de ellas de tres años y ocho meses por causar un agujero millonario en la entidad.

A la cárcel por no devolver el dinero

También llegaron a ser encarcelados cinco miembros de la cúpula de NovaCaixaGalicia, tres de ellos condenados por prepararse un retiro millonario mientras pedían ayudas públicas para la entidad, otro por hacer la vista gorda y uno más por encargarse de la parte jurídica del fraude.

La Audiencia Nacional, que más tarde acabaría excarcelando al expresidente Julio Fernández Gayoso por su avanzada edad, les impuso sendas penas de dos años de prisión que no pudieron eludir por no haber desembolsado los 22 millones con los que deberían haber indemnizado a la entidad.

La devolución del dinero cobrado de más, 26,8 millones de euros en este caso, fue lo que permitió eludir la prisión a cuatro directivos de Caixa Penedés tras ser condenados a penas de hasta dos años de prisión.

Y lo mismo ocurrió, aunque con sendas multas de menos de 30.000 euros, con los expresidente y exdirector general de Caja Castilla-La Mancha, Pedro Hernández Moltó e Ildefonso Ortega, y con dos directivos de la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo).

Paralelamente, el Supremo revocaba las condenas de cuatro años de prisión que la Audiencia de Zaragoza había impuesto a cuatro directivos de la CAI, mientras que los 41 miembros de la cúpula de Caixa Catalunya juzgados, con el exministro Narcís Serra a la cabeza, como presuntos responsables de un agujero de 720 millones de euros eran exonerados en la Audiencia de Barcelona.

La mayoría de los casos sobre el hundimiento de las cajas de ahorro que llegaron a juicio acabaron con absoluciones para el conjunto de los acusados, como ocurrió en el de la ampliación de capital de Bankia previa a su quiebra, o con penas que no conllevaban el encarcelamiento.

La factura del rescate sigue creciendo tras superar los 100.000 millones

El reflote de esa entidad, que desde su intervención en mayo de 2012 ha quedado como paradigma del fiasco financiero en España, le costó al Estado 26.000 millones en números redondos, una cifra que suponía un tercio de los 73.000 en los que hace casi cinco años el Banco de España cifraba la cuantía del rescate bancario.

Esa cifra no ha sido actualizada oficialmente desde la nota del 20 de noviembre de 2019, aunque sí lo ha hecho el trabajo de algunos economistas como Carlos Sánchez Mato, que la sitúan en 100.194 millones de euros al cierre de 2022 y a la espera de que tanto la Sareb (Sociedad de gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) o banco malo  y el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) presenten sus cuentas de 2023.

El grueso de esa cifra, 79.587 millones, corresponde a la capitalización de entidades (57.813) y a los esquemas de protección de activos (12.3157), a lo que se añaden 5.878 en créditos fiscales diferidos (DTA), la capitalización de la Sareb (2.192) y el coste de las preferentes de Caixa Catalunya y las cajas gallegas (1.387).

Completan el cuadro los 15.032 millones de pérdidas (3.411) y deterioro de activos (11.621) del banco malo, otros 1.505 en avales y garantías a distintas entidades financieras y 4.070 más en otros gastos asociados al rescate, una factura que a fecha de hoy proyecta más perspectivas de incremento que de merma.

"La Sareb perdió otros mi millones solo en el primer semestre del año pasado, con lo que la cifra actualizada va a ser superior", explica el economista, que destaca el incremento de más de 25.000 millones de euros que ha tenido el coste del rescate en cinco años.

También llama la atención sobre otro aspecto: "No hay en la Administración una web que ofrezca estos datos para que el ciudadano los tenga a su disposición. Llevan años soltando tinta como los calamares para que la gente no pueda conocer el coste real del rescate".

"Al principio no computaban las pérdidas iniciales de las Sareb porque decían que iba a ganar dinero. Y tampoco entraban las del Fondo de Garantía de Depósitos alegando que era una entidad privada cuando en realidad está dentro del perímetro de las administraciones", anota.