Si los ricos no pagan IRPF, ¿quién lo paga?

El IRPF [Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas] en España lo pagan los rendimientos de trabajo o sea, pensionistas y todos los trabajadores con nómina. Las grandes fortunas no se retratan en el IRPF.

¿Por qué?

Los ricos de verdad utilizan mecanismos de elusión fiscal: sociedades, sobre todo grandes empresas, sicav y demás. Pasan los años y la situación sigue igual, por eso es necesaria una gran reforma fiscal, que, sin embargo, no termina de llegar.

Entonces, ¿existe justicia fiscal en España?

Pues podemos decir que el sistema fiscal español hace aguas en este aspecto. Pese a lo que establece el artículo 31 de la Constitución, en España no se cumple el principio de equidad tributaria. Hay muchas cuestiones de justicia fiscal que es necesario cambiar.

¿Por qué no llega esa reforma fiscal ? 

Por falta de voluntad política. Hasta hora no ha habido más que parches. PP y PSOE se ciñen a los ciclos electorales y juegan constantemente con la baza de la bajada de impuestos en lugar de plantear una reforma fiscal que perdure. Quién no recuerda aquella famosa frase de José Luis Rodríguez Zapatero de que bajar los impuestos era de izquierdas. Quizás hoy no la repetiría. Sería deseable un pacto de Estado sobre un sistema fiscal justo y suficiente que permitiera recaudar y aplicar el gasto necesario para mantener e incluso mejorar el Estado de bienestar. Ese es el reto: un sistema más coherente y más justo.

¿En España se pagan muchos o pocos impuestos?

Hasta no hace mucho había una cierta percepción ciudadana de que en España se pagaban muchos impuestos, pero eso ha empezado a cambiar. Lo vemos en los estudios de opinión pública. Si se pagan muchos o pocos impuestos, eso depende también de a quien nos refiramos: los ricos y las grandes fortunas no están pagando lo suficiente ya no sólo en rentas, sino en el resto de impuestos; sin embargo, los trabajadores por cuenta ajena y pensionistas están pagando de acuerdo con su capacidad económica. Tendríamos que modificar el sistema para evitar la elusión fiscal a la que se acogen los ricos. Además, en el caso de España, todavía hay mucho que hacer para combatir más eficazmente la evasión fiscal. Ahí todavía tenemos un diferencial importante con respecto a los países europeos de nuestro entorno.

¿Las grandes empresas pagan suficientes impuestos?

No. Hay una diferencia importante entre los tipos efectivos medios que pagan las grandes corporaciones y los que pagan las pymes. Las primeras pagan tipos efectivos que están en torno al 5%, mientras que las segundas pagan sobre el 13%. Hemos visto cómo empresas españolas se han ido al extranjero para pagar menos impuestos, donde en algunos casos tributan cantidades mínimas, con tipos que rondan el 1,5%. El desplazamiento de los beneficios de las grandes empresas a países o territorios con muy baja fiscalidad, o incluso a paraísos fiscales, sigue dándose a pesar de los empeños de la OCDE en intentar frenar esas prácticas. De momento, no se ha arreglado el problema.

¿Sale barato defraudar a Hacienda en nuestro país, sobre todo cuando se trata de grandes cantidades?

El Código Penal es benévolo con el gran fraude. El artículo 305 que regula el delito fiscal da demasiadas facilidades al defraudador. Si hace una regularización fiscal antes de que se abra una inspección, se presente una denuncia ante la Fiscalía o se abran diligencias en el juzgado, el defraudador evita ser acusado. Pero es que luego, incluso llegados a ese extremo, el defraudador tiene dos meses desde su imputación para admitir el delito y pagar la cantidad defraudada más la multa acordada. Se le aplica una eximente muy cualificada de reparación del daño.

Lo vemos continuamente en casos de contribuyentes famosos, deportistas, artistas, grandes fortunas, en definitiva: casi todos acaban llegando a acuerdos con la Fiscalía y con la Abogacía del Estado para pagar una multa que muchas veces es inferior a la que les hubiera impuesto la Agencia Tributaria y evitar así su ingreso en prisión. No es que queramos que los defraudadores entren en prisión, pero el delito fiscal conlleva hasta cinco años de cárcel y seis en caso de reincidencia. Sin embargo, es difícil ver a uno de estos grandes defraudadores entrar en prisión.

¿Cuánto daño ha hecho a la credibilidad del sistema fiscal español el caso de Juan Carlos I?

No se trata solamente del daño económico, sino también del daño que se hace a la conciencia fiscal que en España no es precisamente de las más altas de Europa. La falta de ejemplo de las élites políticas y empresariales que hemos visto en los últimos años no anima precisamente al ciudadano de a pie a cumplir con sus obligaciones fiscales. En ese sentido, es fundamental elevar el nivel de conciencia fiscal en España.

Tampoco ayudan las amnistías fiscales, como la de 2012 impulsada por Cristóbal Montoro o la que se aplicó a quienes aparecían en la famosa lista Falciani.

Las amnistías fiscales suponen un agravio comparativo con los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales. La amnistía de 2012 permitió que se blanquearan capitales que en algunos casos provenían de delitos y no cumplió con las expectativas de recaudación.
En el caso de la lista Falciani, la Agencia Tributaria dio una segunda oportunidad a quienes estaban en esa lista, entre ellos una importante familia de banqueros españoles, y les evitó así posibles responsabilidades penales.

¿El novio de Ayuso es un defraudador de manual?

De lo que que conocemos por la denuncia de la Fiscalía, parece una defraudación de libro y un tanto burda, además. Es un caso fácil de detectar para la Agencia Tributaria a la vista de esos aumentos considerables de facturación que no conllevaban aumentos de beneficio y de tributación por parte de la pareja de Ayuso. En este caso no aparecen entramados societarios que compliquen la investigación. Así que todo parece muy burdo, manteniendo, por supuesto, la presunción de inocencia.

El PP de Madrid y la propia Ayuso han lanzado sospechas sobre la actuación de la Agencia Tributaria en este caso. ¿Qué opina?

La Agencia Tributaria ha actuado perfectamente con la pareja de Ayuso, de acuerdo con los procedimientos. Ha presentado su denuncia y la ha trasladado a la Fiscalía, como corresponde. Ahora estamos en otro estado; cuando la presidenta Ayuso habla de la Agencia Tributaria, hay que hablar de la Fiscalía, que es la que ha presentado la denuncia en los tribunales. El procedimiento ha sido impecable y desde luego no proceden los comentarios que ha hecho Ayuso al respecto.

Además del fraude fiscal, el libro también se ocupa de la economía sumergida. ¿Es posible reducirla significativamente?

También hay una falta de voluntad política en este asunto. En relación a Europa, España está en una posición de desventaja en cuanto a inversión y número de efectivos de la Agencia Tributaria dedicados al control tributario. Contamos con menos medios que la media de la Unión Europea, así que es lógico que en España haya un nivel de economía sumergida y de fraude fiscal sensiblemente superior que en la mayoría de los países europeos.

¿Qué le parece el modelo fiscal para Catalunya propuesto por su presidente, Pere Aragonés: recaudar el 100% de los impuestos y luego transferir parte al Estado?

De entrada, tiene difícil encaje constitucional. Hoy por hoy no vemos viable esa propuesta. En Gestha apostamos por las agencias tributarias consorciadas entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas para mejorar la eficiencia y la coordinación. Eso posibilitaría un control tributario más eficaz y un mayor éxito en la lucha contra el fraude.

¿Un mal sistema fiscal afecta a la calidad de nuestra democracia?

Sin duda. Nuestra democracia requiere un sistema fiscal suficiente pero también justo, porque influye en nuestro Estado de bienestar y en el cumplimiento de la Constitución. La percepción ciudadana es muy transversal en este asunto: según el CIS, cerca de un 80% de los ciudadanos piensa que el sistema no es justo; el 90% opina que hay mucho demasiado fraude y otro 60% opina que la Administración no hace lo suficiente para combatirlo.

A eso hay que añadir que una mayoría piensa que no se dedica el suficiente gasto a la sanidad pública, a la educación y las pensiones. Esto significa que los ciudadanos tienen asumido el Estado de bienestar que contempla la Constitución, y, sin embargo, creen que el sistema fiscal está fallando. Eso representa un fallo importante respecto al sistema democrático. Por eso, ese eslogan de "Hacienda somos todos" debe ser un principio que debe regir siempre la acción de la Agencia Tributaria.

El libro desmonta ciertos mitos fiscales que repite constantemente la derecha, como ese mantra de que "el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos".

Parece evidente que las prestaciones del Estado de bienestar no podrían desarrollarse sin un sistema fiscal justo que redistribuya la riqueza. Afortunadamente, esa expresión a la que usted se refiere se oye cada vez menos. Es más, a nivel internacional se está dando ya un cambio: el Fondo Monetario Internacional o la OCDE, que hasta hace relativamente hace poco tiempo mantenían también mantras liberales como el de la curva de Laffer o que la proporcionalidad en los impuestos lastra el crecimiento, van cambiando su discurso.

Ese cambio se traduce en que ahora se considera que el aumento de la desigualdad en los países desarrollados es el verdadero lastre del crecimiento económico. Por eso, las grandes instituciones internacionales valoran gravar más a las rentas más altas y crear impuestos a la riqueza, así como a las grandes empresas trasnacionales. Los pasos son pocos y lentos, pero la cuestión ya está sobre la mesa.