Pobreza energéticaCádiz vota este lunes el primer bono social eléctrico alternativo al del Estado

El consejo de administración de Eléctrica de Cádiz, la compañía que suministra luz al 80% de las familias gaditanas, se reúne esta tarde de forma extraordinaria para decidir si aprueba el bono social eléctrico diseñado por el Ayuntamiento encabezado por José María González Kichi.

En octubre de 2015, la corporación municipal aprobó por unanimidad la creación de una tarifa social que garantizase el acceso a un suministro básico a las 2.000 familias de Cádiz que perciben ayudas municipales para poder costear la luz de sus viviendas. La fórmula de esa tarifa social ha tardado más de un año en definirse, ha contado con la participación de ONG como Cruz Roja, Cáritas y Pro Derechos Humanos, y fue complementada con un informe del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales.

La propuesta, en resumen, pasa por que Eléctrica de Cádiz done una parte de sus beneficios anuales para que estos se destinen a pagar el bono social. La donación “voluntaria” se ha estimado en unos 600.000 euros al año, que es el dinero aproximado que el Ayuntamiento destina anualmente a ayudas para familias con problemas de acceso a un suministro mínimo (entre 500.000 y 600.000 euros al año). En un año normal, esta cantidad no llegaría al 7% de los beneficios, y este año 2017, apenas llegará al 4% de los beneficios de la suministradora, que ingresa al año alrededor de 10 millones de euros, según cálculos del consistorio.

El Consistorio de Cádiz no ofrecería una bonificación estándar, como prevé el Gobierno central en su bono social: la tarifa de la energía variaría en función de cuánta gente vive en cada casa y de su nivel de renta, y se regularía un tramo fijo de potencia contratada.

La Mesa contra la Pobreza Energética de Cádiz, coordinada por Alba del Campo, ha subdividido a las familias beneficiarias potenciales en dos grupos: unos 500 hogares que viven en una situación de vulnerabilidad severa, y cuya bonificación sería del 100% de una cantidad suficiente para cubrir servicios básicos, como iluminación, aseo, cocina…; y otras 1.500 familias con rentas muy bajas, trabajos esporádicos o en economía sumergida, que obtendrían un tramo de potencia de 2,3kw, bonificado al 50%.

Cádiz aspira a ser la primera ciudad que aprueba un bono social alternativo al estatal

Cádiz aspira a ser la primera ciudad que aprueba un bono social alternativo al estatal (aunque Barcelona también trabaja en uno propio), sin embargo, no es seguro que la propuesta salga adelante en el consejo de administración de Eléctrica de Cádiz de esta tarde.

El máximo órgano de decisión lo conforman tres miembros de Endesa, dos del PP, uno del PSOE, uno de Podemos, uno de Ganar Cádiz y uno de Unicaja. De los nueve votos, los cuatro últimos están asegurados, sin embargo, los miembros del consejo de Endesa votarán en contra, así que la tarifa social depende de la decisión de los dos miembros del PP. Los populares votaron a favor de la creación del bono social hace año y medio, y en todo este tiempo han participado del debate de propuestas, pero en el último momento tienen dudas. El Ayuntamiento y el resto de grupos políticos están presionando con duras campañas en las redes sociales para que el PP, al menos, se abstenga, y permita la aprobación de la tarifa social.

Eléctrica de Cádiz es una empresa mitad pública, mitad privada. El Ayuntamiento es propietario del 55% de la compañía, y el resto se lo reparte Endesa y Unicaja, con aportación mayoritaria de la multinacional eléctrica (un 33%). Por ley, el dinero que ingresa el Consistorio a través de la suministradora va a parar a la caja única del Gobierno municipal, y de ahí se reparte para distintos gastos. Es necesaria la aprobación de esta tarifa social para que el Consistorio pueda contar con esos 600.000 euros a una partida finalista destinada a las familias sin recursos para costearse la luz, y asegurar así que la gente no tenga que ir mensualmente a solicitar una ayuda municipal, como hasta ahora.

Lo que ha distorsionado el debate a última hora, y hace dudar a los populares de Cádiz, es la reforma del del bono social eléctrico pactada entre PP y PSOE el pasado diciembre, y que el Congreso validó en febrero con los votos de Ciudadanos.

El bono social existe desde 2009, que fue aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero ha sido tumbado por el Tribunal Supremo a instancias de las grandes eléctricas en dos ocasiones (2012 y 2015). Ahora se aprueba un nuevo sistema de financiación, que limita la oferta del bono social a unas cuantas compañías suministradoras, entre ellas, las cinco grandes: Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Riesgo y HC Energía. En esa lista no está Eléctrica de Cádiz, de modo que la empresa que suministra luz a ocho de cada diez familias gaditanas, no puede acogerse al bono social del Estado, dice Alba del Campo, de ahí que sea "necesaria" la aprobación de la tarifa social gaditana. En teoría, eso obligará a los clientes de Eléctrica de Cádiz a cambiar de compañía si quieren acceder a la ayuda del Gobierno central.

El bono social existe desde 2009, que fue aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero ha sido tumbado por el Tribunal Supremo a instancias de las grandes eléctricas en dos ocasiones

La compañía alega que ya está obligada a costear el bono del Estado, lo que le supondrá un importante reembolso de unos 530.000 euros al año, "la mitad de los beneficios", empujándole a subir las tarifas y perder en competitividad frente a las grandes empresas. El Consistorio defiende que ese dinero podrán recuperarlo en los tribunales, porque las pequeñas empresas que no están en la lista de suministradoras del bono social que recoge el real decreto del Gobierno ya han anunciado que recurrirán la norma. Además, añaden, que aun pagando esa cantidad, Eléctrica de Cádiz seguiría obteniendo alrededor de 1,1 millón de euros de beneficios para repartir entre los accionistas, "más beneficios que en ejercicios anteriores".

La fórmula propuesta por el Ayuntamiento de Cádiz recibió dos informes, uno sobre requisitos técnicos elaborado por la gerencia de la propia compañía, que ha puesto algunas "pegas" a la propuesta. El otro es un informe encargado a una consultora externa que valida su legalidad.