Un caballo de Troya contra el TTIP

BRUSELAS.- Medio millar de personas se han manifestado este miércoles frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas y a los pies de un gigantesco caballo de Troya en protesta contra el Tratado de Libre Comercio que la UE negocia desde 2013 con Estados Unidos. Desde el pasado lunes, además, el equipo negociador norteamericano se encuentra en Bruselas en la octava ronda de negociaciones de este tratado comercial.

“El TTIP es un caballo de Troya que amenazará, entre otras cosas, nuestra seguridad alimentaria y nuestro medioambiente”, asegura Adrian Bebb, responsable de campaña de Alimentos de Amigos de la Tierra, la ONG organizadora de la protesta, que ha contado también con la participación de más de una decena de colectivos, entre ONG, sindicatos, asociaciones de la sociedad civil y partidos políticos, especialmente Los Verdes e Izquierda Unida Europea.

“El primer objetivo de este acuerdo es incrementar el comercio y potenciar los beneficios de las grandes corporaciones, y estos criterios estarán por encima de las reglas de seguridad alimentaria”, critica Bebb, quien alerta de los riegos de que “un acuerdo comercial sea un lugar en el que regular la seguridad alimentaria”.

“El tratado va a dar a las multinacionales un poder por encima de la ciudadanía y sus instituciones democráticas”, denuncia Florent Marsellesi, de Equo

Amigos de la Tierra ha firmado en el evento junto otras más de cien organizaciones europeas una declaración contra los planes de la UE de crear legislaciones compatibles entre Europa y Estados Unidos en cuanto a productos químicos y alimentarios, servicios públicos, salud laboral y seguridad pública, porque eso se traduciría en una rebaja de las normativas de la UE en dichos ámbitos.

No a las privatizaciones, Primero derechos sociales y medioambientales, Stop a la privatización del Sistema Nacional de Salud, fueron algunos de los carteles reivindicativos de la protesta, que en todo momento tuvo un cariz lúdico y ameno.

“El TTIP es el caballo de Troya de las multinacionales porque les dará un poder por encima de la ciudadanía y sus instituciones democráticas, podrán influir en los procesos legislativos europeos y nacionales y atacar a los Estados ante un tribunal privado en detrimento de la justicia pública existente”, señala el portavoz de Equo en el Parlamento Europeo, Florent Marsellesi.

Octava ronda negociadora en Bruselas

Esta octava ronda de negociaciones en Bruselas, además, se centrará principalmente en el polémico Consejo Trasatlántico de Cooperación Reguladora, “un organismo que permitirá ante todo a los lobbies de multinacionales disponer de un canal de influencia directa en los procesos legislativos europeos y nacionales”, critica también Marsellesi.

El 95% de los europeos, según una encuesta de la propia Comisión Europea, rechaza el tratado y los mecanismos previstos en el mismo para blindar a las multinacionales

La UE, sin embargo, está decidida a sacar el acuerdo adelante porque ve en él una herramienta para la creación de empleo y crecimiento económico en estos momentos de crisis.

Sin embargo, según la propia consulta pública realizada el año pasado por la Comisión Europea ha determinado que tanto el acuerdo como, en especial, la fórmula de los tribunales internacionales para dirimir conflictos entre las multinacionales y los Estados miembros, cuentan con un amplio rechazo de la ciudadanía europea. De hecho, el 95% de los 150.000 ciudadanos que participaron en la consulta rechazaron que se incluyera a los tribunales internacionales en el acuerdo.

Con todo, la comisaria de Comercio, la liberal sueca Cecile Malmstrom, ha recordado en diversas ocasiones, que “le negociación de este acuerdo es un mandato que los Estados han hecho por unanimidad a la Comisión y que, por lo tanto, debe llevarse a cabo”, si bien, no descartó la posibilidad de hacer reformas en el texto pactado a fin de concitar una mayor aceptación social.

Aun así, no están claros los beneficios económicos que podría tener el acuerdo. Un estudio encargado el año pasado por el Gobierno británico a la London School of Economics, concluyó que era muy dudoso que Reino Unido pudiera obtener beneficio económico e incluso político alguno de dicho acuerdo y, desde luego, aconsejó a Reino Unido no incluir el mecanismo de tribunales internacionales para ofrecer un blindaje a las multinacionales.