La Comisión Europea ha denunciado este jueves a España y a otros tres  socios comunitarios ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber aprobado el impuesto mínimo global del 15% a las grandes empresas multinacionales con los requisitos que exige la ley europea, algo que debería haber hecho antes de que finalizara 2023.

Concretamente, todos los Estados miembro UE estaban obligados a poner en vigor las disposiciones legales necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la directiva a más tardar el 31 de diciembre de 2023, y a comunicar inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones, que debían aplicarse con respecto a los ejercicios fiscales a partir del 31 de diciembre de 2023.

Bruselas también ha llevado ante la Justicia europea por este mismo motivo a Polonia, Portugal y Chipre, que tampoco han adoptado a tiempo este gravamen acordado a nivel global en el seno de la OCDE para evitar la elusión fiscal de las grandes corporaciones.

El Gobierno adoptó en 2022 un tipo mínimo del 15 % en el impuesto de sociedades que se aplica sobre la base imponible, mientras que la directiva comunitaria exige que este gravamen se aplique al resultado neto contable ajustado de las corporaciones El Consejo de Ministros aprobó en junio de este año la ley para cumplir con dicha normativa comunitaria, pero la legislación todavía completar el trámite parlamentario para ser adoptada formalmente. Una vez lo haga, se aplicará de forma complementaria al tributo de 2022.

Pese a ello, el Ejecutivo comunitario ha constatado que España, Portugal, Polonia y Chipre "aún no han notificado las medidas nacionales de transposición" a pesar de que "casi todos los Estados miembros de la UE han cumplido estas obligaciones". En consecuencia, y aunque reconoce que estos países "están realizando esfuerzos significativos para finalizar su legislación nacional", Bruselas ha dado el tercer paso en los procedimientos de infracción, que supone elevar el caso a la Justicia europea.

Bruselas ya había enviado un ultimátum en mayo a las autoridades españolas para que aprobara este impuesto con los requisitos que impone la directiva comunitaria.

Para la Comisión Europea, la aprobación de esta directiva es "fundamental" para garantizar una aplicación efectiva del acuerdo internacional del G20 y de la OCDE puesto que "limitará la competición a la baja en los tipos del impuesto de sociedades" y "contribuirá a reducir el riesgo de erosión de la base imponible y el traslado de beneficios".

En particular, exige que los beneficios de empresas multinacionales con un volumen de negocio anual a nivel agregado superior a los 750 millones de euros estén sujetos a un tipo impositivo efectivo de al menos el 15%.

Montero muestra "tranquilidad" ante la denuncia

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que el Gobierno tiene "tranquilidad" ante la denuncia de Bruselas a España ante el TJUE por el tipo mínimo del 15% a las grandes empresas, ya que actualmente la norma que alberga esta imposición está en tramitación en el Congreso de los Diputados y antes de final de año "estará aprobada".

"Hemos sido pioneros, tenemos una norma que actualmente alberga esta imposición del 15% para los grupos empresariales pero hay otras cosas que hay que incorporar, que es a lo que se refiere la Comisión", ha admitido la titular de Hacienda en declaraciones a los medios antes de intervenir en una jornada sobre las pymes y el Plan de Recuperación.

Montero ha recordado que el Gobierno lo aprobó hace unas semanas en Consejo de Ministros. "Está en tramitación y antes de final de año estará aprobado así que tenemos tranquilidad en este sentido porque hemos sido pioneros", ha defendido la ministra.