Endesa obtuvo un beneficio neto de 1.651 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un incremento del 13% con respecto al mismo periodo del año pasado, impulsado por los extraordinarios de la venta parcial de su negocio de movilidad eléctrica a su matriz Enel, informó la compañía.

Sin estos extraordinarios por valor neto de 182 millones de euros, el beneficio neto ordinario de la eléctrica, que es el que sirve de base para el reparto del dividendo, creció un 0,7% a septiembre respecto al año anterior, hasta los 1.469 millones.

Endesa, propiedad en un 70% de la eléctrica italiana Enel , dijo que sus ingresos en los primeros nueve meses se dispararon un 73% con respecto al mismo período del año anterior hasta los 24.600 millones de euros, aunque el aumento fue contrarrestado en gran medida por los mayores precios del gas y la electricidad en el mercado mayorista.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) de la energética se situó en los 3.710 millones (incluyendo los extraordinarios), con un incremento del 19% con respecto a septiembre de 2021. En términos comparables, el Ebitda fue de 3.472 millones, lo que representa un alza del 11%, sustentada sobre el buen comportamiento del negocio de generación.

Con estas cifras en los nueve primeros meses de 2022, la eléctrica ratificó sus objetivos para todo el ejercicio: Endesa asegura que está en camino de alcanzar su objetivo de un resultado ordinario neto de 1.800 millones este año, con un Ebitda de 4.100 millones de euros. 

En lo que respecta a la deuda neta de la compañía, se sitúa en los 11.149 millones a cierre de septiembre, lo que representa un alza de 2.343 millones respecto al cierre de 2021. Este incremento se debe al volumen de las inversiones, el pago de dividendos sobre 2021 (1.532 millones de euros), compensados parcialmente por el flujo libre de caja de 600 millones de euros logrado en los nueve primeros meses del año.

Impuesto extraordinario

Endesa está controlada por la empresa semipública italiana Enel, que dijo que está evaluando acciones legales contra un nuevo impuesto a los beneficios extraordinarios que se impondrá a las empresas de energía en España.

Sobre este asunto, en la presentación de resultados, el consejero delegado de la eléctrica, José Bogas, cifró en unos 400 millones de euros el impacto del impuesto que plantea el Gobierno a los beneficios extraordinarios de las energéticas. Según Bogas, el impuesto español "va en contra del espíritu" de la Unión Europea, que plantea gravar únicamente los beneficios extraordinarios de las empresas del sector del petróleo, el gas, el carbón y la refinería, y que no habla de impuestos sobre los ingresos, sino respecto a los beneficios.

El proyecto del Gobierno, que ya se está tramitando en el Congreso de los Diputados, gravaría con un 1,2% las ventas de las energéticas con más de 1.000 millones de ingresos al año. Este gravamen al sector energético, en el caso de ver la luz tal y como se ha planteado, estaría en vigor durante 2023 y 2024 y buscaría recaudar 2.000 millone  de los beneficios extraordinarios de estas compañías en 2022 y 2023.