BBVA ha asegurado que su actual consejo de administración no tiene conexión alguna con el caso Villarejo y que de los hechos investigados no se deriva responsabilidad alguna para la entidad, según un comunicado emitido tras el levantamiento del secreto de sumario de la pieza número nueve de la investigación que está realizando la Audiencia Nacional.

Además, ha remarcado que sus órganos sociales han ido realizando mejoras en su modelo de gobierno corporativo desde que salió a la luz hace un año que BBVA presuntamente habría realizado seguimientos e intervenciones de comunicaciones privadas en la época de Francisco González a través del grupo Cenyt, una firma de detectives privados propiedad del excomisario jubilado y actualmente en prisión José Manuel Villarejo.

El banco asegura que ha mejorado la organización, las políticas y los procedimientos de control interno, a la vez que ha aprobado nuevos procesos de subcontratación y compras, de homologación de proveedores o de autorización y pago de facturas, y se ha continuado reforzando el modelo de prevención de delitos.

Tras aplicar estas nuevas estas nuevas fórmulas y a la vista de los hechos y documentación conocida por el banco, BBVA ha subrayado que ha adoptado las medidas correspondientes sobre las personas que habrían estado involucradas en la relación con Cenyt y que seguían siendo empleados.

En relación con estas políticas, BBVA cesó de forma fulminante al exdirectivo y expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN) Antonio Béjar el pasado mes de septiembre. Béjar, que fue responsable de Riesgos y de Real Estate en la entidad, es el único de los imputados del banco que decidió testificar. Durante estos meses ha habido otras salidas como la de Eduardo Arbizu e incluso se ha renovado el consejo de administración dando salida a miembros de la era de González, si bien el banco no las ha relacionado con el caso.

Para BBVA, la prioridad sigue siendo colaborar con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos, ya que ha explicado que la investigación fundamental, la que prevalece sobre cualquier iniciativa, y la que debe dar con lo sucedido, es la de la Audiencia Nacional. "La Justicia tiene sus propios plazos y hay que dejar que haga su trabajo sin precipitación ni juicios paralelos", ha apostillado.

Los abogados a cargo de la defensa de la entidad, Garrigues y Uría, contrataron a PwC para la realización de un análisis forensic en enero de 2019. La consultora ha recabado un volumen muy significativo de documentación correspondiente a los últimos 15 años bajo una metodología que garantiza la inmodificabilidad de la base documental, así como la trazabilidad y la comprobación posterior por un tercero de las búsquedas realizadas.

Abrir nuevas líneas de investigación

Las líneas originales de esta investigación se cerraron el verano pasado y otras se abrieron posteriormente y también han finalizado. Sin embargo, la entidad dice que a futuro podrían todavía iniciarse nuevas líneas mientras la instrucción judicial siga en curso y cuando el Juzgado así lo requiera.

Hasta el momento, ha aportado toda la documentación relevante obtenida por PwC en las distintas líneas, que suman unos 100.000 folios referidos a unos 24 escritos y más de 8.300 ficheros. BBVA ha ofrecido a la Audiencia Nacional poner a su disposición la totalidad de la base documental recopilada por la consultora, por si fuera de su interés recibirla en su integridad.