En una semana, el Congreso de los Diputados votará la reforma laboral aprobada por el Gobierno -tras pactarla con la patronal, CEOE, y con los sindicatos UGT y CCOO- y, de momento, los números no le salen para sacarla adelante. Con este contexto, la principal responsable política de la normativa, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha desplazado a Catalunya para, acompañada de delegados sindicales, defender las bondades de la reforma y, aunque sea sutilmente, presionar a ERC para que vote a su favor. Los republicanos, con los que Díaz ha subrayado que mantiene negociaciones, son claves para que se apruebe una nueva legislación que, por el momento, tampoco suma el apoyo del PNV.

"Respeto profundamente a ERC, sólo tengo buenas palabras, sé de su sensibilidad social y estoy segura de que el 3 de febrero la normativa saldrá adelante", ha subrayado Díaz este miércoles por la tarde en la sede de CCOO de Catalunya, acompañada del secretario general de la organización, Javier Pacheco. Horas antes, la vicepresidenta segunda del Gobierno había estado en la sede de UGT de Catalunya y, acompañada de su secretario general, Camil Ros, había lanzado un mensaje similar, que a grandes rasgos se puede resumir con que, según ella, la reforma laboral que ha liderado mejorará las condiciones materiales de la clase trabajadora y contribuirá a revertir su precariedad.
La vicepresidenta también ha aprovechado la visita para anunciar una reunión del diálogo social el próximo 7 de febrero para abordar el incremento del salario mínimo interprofesional, que se ha mostrado convencida de que se logrará.

La visita a Catalunya, sin reuniones con representantes de ERC en la agenda pública, y los actos con ambos sindicatos no son casuales, al fin y al cabo CCOO y UGT son, con mucha diferencia las principales organizaciones de trabajadores de Catalunya - superan con creces los 100.000 afiliados, muy por encima de los 20.000 que reúne la CGT, la tercera en discordia-, algo diferencial de lo que sucede, por ejemplo, tanto en el País Vasco como en Galicia. Los secretarios generales de ambos sindicatos han coincidido en subrayar los avances que, a su juicio, supone la reforma: reducción de la temporalidad, recuperación de la ultraactividad en la negociación de los convenios, preeminencia de los convenios sectoriales o establecimiento de mecanismos para priorizar el mantenimiento de la ocupación por delante de los despidos.

En una comparecencia de prensa celebrada en la sede de CCOO de Catalunya, ubicada en la Via Laietana, Javier Pacheco se ha mostrado contundente para asegurar que "no entenderíamos" un no a la normativa porque "perpetuaría durante muchos años las condiciones de la reforma laboral del PP" y eso "no sería un disparo en el pie, sería un disparo en la cabeza". En la sede de CCOO estaba la recientemente nombrada delegada del Gobierno en Catalunya, Maria Eugènia Gay, así como dirigentes de En Comú Podem -los diputados en el Congreso Jaume Asens y Aina Vidal o los diputados en el Parlament Jéssica Albiach, Joan Carles Gallego o Aina Cid-. Previamente, Camil Ros -en su caso en el acto celebrado en la sede de UGT de Catalunya- había reclamado a la "mayoría de izquierdas que tumbó a Rajoy y que invistió este gobierno" que convalide el texto aprobado por el Ejecutivo español y acordado con los agentes sociales.

Para ERC, el Gobierno no se mueve lo suficiente

Hasta ahora, todos los mensajes de ERC sobre la reforma laboral van en la línea de reafirmar que las posiciones con el Gobierno están alejadas. Lo ha reiterado este mismo miércoles la secretaria general del partido, Marta Rovira, quien a través de un tuit ha reaccionado a las palabras de Díaz dando por hecho que la reforma saldrá adelante diciendo que "la realidad hoy es que el Govern [español] no se mueve suficientemente y parece que quiere desperdiciar a una mayoría de izquierdas en el Congreso para sumar más derechos a la propuesta de reforma laboral".

Entre otras cuestiones, ERC pide la prevalencia de los convenios autonómicos respecto a los estatales, la recuperación de los 45 días de indemnización por año trabajado en caso de despido improcedente -ahora son 33- o la necesidad de autorización administrativa de los ERE.

El argumento de la ministra de Trabajo es que "es muy difícil decir no" desde una óptica progresista a una normativa que, ha subrayado, implicará mejoras retributivas -ha destacado que gracias a la aplicación del convenio sectorial las camareras de hotel pasarán a cobrar unos 5.500 euros más al año-, y supondrá "que no será necesario escoger entre contrato precario y el despido, se podrá mantener el trabajo y exigir que sea digno". En este sentido, Díaz ha hecho hincapié en que el decreto ley aprobado por el Gobierno implica la desaparición de los contratos de obra y servicio determinado -actualmente muy comunes- y su transformación en indefinidos y ha alabado la recuperación del diálogo social, al tiempo que por "primera vez en 40 años" una reforma laboral permitirá "recuperar derechos" a los trabajadores.

Según ella, el acuerdo supone un "cambio de paradigma" en las relaciones laborales, que permitirá "decir a los jóvenes que pueden tener un trabajo decente y un salario digno". Pacheco, a su vez, ha afirmado que la reforma laboral del PP, que este año cumple una década, "ha cronificó la precariedad laboral y ha llevado la pobreza a los trabajadores", una realidad que "hay que corregir". Asimismo, ha destacado que se ha recuperado el diálogo social, una "práctica democrática que el PP había menospreciado y despreciado" y ha señalado el refuerzo de la negociación colectiva, la recuperación de la ultraactividad o que, en la práctica, implique "poner fin" a la "temporalidad como casi única vía de entrada al mercado de trabajo" como algunos de los elementos claves de un acuerdo que su sindicato quiere que se aplique cuanto antes.

La incógnita se resolverá en una semana en la que, seguro, se intensificarán los contactos entre el Gobierno y ERC, y en la que la propia Díaz se enfrenta a la primera gran reválida de cara a consolidar su propio proyecto político.