La banca se deduce más de 4.000 millones extra en impuestos mientras suprime 18.000 empleos

Las entidades financieras españolas se aplicaron el año pasado, en plena mejora de sus cuentas de resultados por la subida de los tipos de interés, unas rebajas fiscales extraordinarias por valor de más de 4.000 millones en el impuesto de sociedades.

Esas rebajas fueron aplicadas en 2022 sobre el tributo pagado en 2021, dos ejercicios en los que, a cuenta de fusiones y reestructuraciones y siguiendo la tónica de la última década, la banca española suprimió casi 18.000 empleos: 11.804 en 2021, con el grueso en los ERE y operaciones salida de BBVA (4.482), Santander (3.926) y Sabadell (2.401), y otros 6.029 entre enero y septiembre de este año, con los principales recortes en CaixaBank (5.243) y Unicaja (1.541) tras sus respectivas absorciones de Bankia y Liberbank. 

Lo hicieron mediante el descuento de DTA, un artilugio contable que forma parte del rescate de hace una década y con el que, tras dar un tratamiento exclusivo a los activos fiscales diferidos o bases contables negativas de toda la vida, el Gobierno de Mariano Rajoy puso en manos de la banca descuentos tributarios por valor de más de 40.000 millones de euros que, además, podrán canjear antes de 2032 por deuda pública, cuya rentabilidad está creciendo como consecuencia de esa misma subida de tipos, si no los utilizan antes para obtener rebajas en su factura impositiva.

Lo que diferencia a los DTA corrientes de los que aplica la banca en España, regulados vía decreto en 2013, es que a la posibilidad de aplicar en los años de ganancia descuentos por las pérdidas de otros se le añaden las de incluir también, cuando registren "pérdidas contables", sean "objeto de liquidación" (incluye las fusiones) o los tribunales los declaren insolventes, las dotaciones en previsión de impagos, las aportaciones a planes de pensiones de empleados y directivos y el coste de las llamadas prejubilaciones para cobrarlas.

Los Informes mensuales de recaudación que publica la Agencia Tributaria recogen cómo a lo largo del año pasado las entidades financieras españolas obtuvieron devoluciones del impuesto de sociedades por valor de 4.031 millones de euros a cuenta de los DTA.

La relación incluye desembolsos por 388 millones de euros en febrero y por 167 en marzo, un "pago mediante compensación de una devolución ligada a los activos fiscales diferidos (más conocidos como DTA) con un importe de 161 millones" en abril, otra partida de "alrededor de 200 millones del importe de devoluciones extraordinarias en el impuesto sobre sociedades por el pago de solicitudes vinculadas a los DTA" en julio y otras "dos devoluciones ligadas a los activos fiscales diferidos (DTA en sus siglas en inglés)" en octubre que suman 945, mientras que ya en noviembre, y a falta de contabilizar eventuales transacciones en diciembre, los técnicos señalan "de nuevo" a "la realización de devoluciones ligadas a los activos fiscales diferidos" como la "razón del incremento" de unas devoluciones que suman 2.170 millones de euros en ese mismo tributo.

Anotaciones por valor de 73.000 millones

"Los DTA de la banca están garantizados desde 2013", explica José María Mollinedo, secretario general de Gestha, el sindicato de los técnicos e inspectores de Hacienda, quien anota que "su impacto es del 30% del valor con el que están anotados en el balance" de las entidades y que, cuando se aplican, la devolución se realiza sobre el dinero que han ido adelantando esas empresas a través de las retenciones y los pagos fraccionados.

Aunque la Agencia Tributaria contabiliza los movimientos conforme se van produciendo, su ejecución afecta a (y altera) los resultados y el balance del año anterior; es decir, que las devoluciones por DTA efectuadas en 2022 menguan la recaudación del ejercicio fiscal de 2021, ya que se aplican sobre los pagos realizados en el mes de julio del segundo de esos años para liquidar el impuesto referente al primero de esos ejercicios.

Otra cosa es identificar a las entidades beneficiarias de esa operativa, ya que ni la Agencia Tributaria las señala ni el Ministerio de Hacienda o el Banco de España ofrecen información sobre la gestión de los DTA ni el INE (Instituto Nacional de Estadística) los incluye en la Contabilidad Nacional pese a tratarse de pasivos contingentes, es decir, de créditos a los que eventualmente va a tener que hacer frente la Administración.

Una de las escasas fuentes existentes para conocer la cuantía de los DTA que se mantienen en los balances de las entidades son los estados financieros que publican sus patronales, AEB en el caso de los bancos y CECA en el de las antiguas cajas de ahorro, la práctica totalidad de ellas bancarizadas en la última década.

Según esas fuentes, bancos y cajas acumulaban a 30 de septiembre en sus balances DTA por valor de 73.165 millones de euros, con una merma de 815 en los nueve primeros meses del año que sería previa, en todo caso, a las conversiones de más de 3.000 en octubre y noviembre.

No obstante, la cifra de DTA bancarios vinculados al rescate, por los que las entidades pagan una tasa anual del 1,5% de su valor, es menor: al cierre de 2021 se situaba en 42.073 millones, mientras que los balances incluyen tanto los DTA estándar como algunas duplicidades contables entre matrices y filiales y créditos contra otras Haciendas estatales, especialmente en los de casos de Santander y BBVA.

La suma de los activos fiscales diferidos de todo tipo llegó a superar los 100.000 millones de euros en 2016, en el tramo más intenso del proceso de reestructuración bancaria que llevó al sector al mayor grado de concentración de su historia con la desaparición de más de medio centenar de entidades en apenas una década.

"Las entidades financieras tienen la posibilidad de activar los DTA para maquillar sus resultados cuando se dan esas condiciones", explica el economista Carlos Sánchez Mato, que coincide con Mollinedo en destacar cómo resulta habitual su monetización cuando se cierran procesos de fusión, algo que en los últimos años ha ocurrido con las absorciones de Popular por Santander, de Bankia por CaixaBank, en este caso con la entrada del Estado en el accionariado a través del FROB, y de Liberbank por Unicaja.