La Audiencia Nacional desestima la demanda de CCOO contra el ERE de Vodafone y Ono

MADRID.- La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha desestimado las demandas presentadas por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) contra los ERE de Vodadone y Ono, al considerar que existen causas justificadas para los mismos, y ha declarado los despidos colectivos "ajustados a Derecho", según informaron fuentes conocedoras de la decisión.

La sentencia de la Audiencia Nacional considera acreditado que existen causas económicas, productivas y organizativas que justifican ambos despidos colectivos y que tanto Vodafone España como Vodafone Ono han actuado correctamente en todo el proceso.

En esta línea, subraya el carácter ejemplar del acuerdo alcanzado entre las empresas y la mayoría de los sindicatos pues, aunque no haya podido evitar el despido colectivo, ha promocionado "con éxito el número de extinciones voluntarias y ha introducido un elenco de mejoras respecto a los mínimos legales, que alivian la situación de los despedidos".

Asimismo, la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional incide en que es "presupuesto" obligado que las empresas recuperen su competitividad, lo que les permitirá recuperar su cuota de mercado y mejorar sus resultados.

Además, añade que su integración definitiva "no sería eficiente" si se mantuvieran las dos organizaciones empresariales, "como si no se fuera a producir la fusión entre ambas, por cuanto reproduciría funciones y lastraría su nuevo despliegue en el mercado".

El pasado 12 de enero se celebró en la Audiencia Nacional un único juicio conjunto ante las dos demandas interpuestas por CCOO contra los ERE de Vodafone y Ono, que afectan a 1.059 trabajadores de ambas empresas y fueron acordados el pasado mes de septiembre con los sindicatos UGT y STC.

Vodafone alcanzó a finales de septiembre un acuerdo con los sindicatos mayoritarios UGT y STC en el marco las negociaciones del ERE, tras reducir en un 18,35% la cifra inicialmente planteada para 1.297 empleados.

En cuanto a las condiciones pactadas para el ERE, las indemnizaciones han sido de 45 días por año trabajado hasta la reforma laboral de febrero de 2012, con 42 mensualidades, y de 33 días por año desde entonces, con 24 mensualidades, lo máximo que fija la ley para un despido improcedente.

La empresa recibió un total de 670 solicitudes de baja voluntaria, lo que suponía un 63% del total de los afectados por este proceso, aunque algunas se rechazaron por necesidades de servicio. Estas salidas se fueron realizando de forma progresiva hasta el 31 de diciembre, tras lo cual se iniciarían los despidos forzosos, según la empresa.