La nueva ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (UP), se ha mostrado este miércoles partidaria de dos de las principales reivindicaciones de los autónomos: establecer un sistema de cotizaciones sociales vinculado a los ingresos reales de estos e incluir en él la posibilidad de completar las aportaciones a final de año en función del resultado económico del ejercicio, de una manera similar a lo que ocurre con los fondos de pensiones privados, explicó Eduardo Abad, presidente de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), la organización que puso sobre la mesa esas propuestas.

Díaz mostró su posición favorable a esa medida, en la que ya había comenzado a trabajar su antecesora Magdalena Valerio (PSOE) la pasada legislatura, durante el encuentro que mantuvo con representantes de UPTA dentro de la primera ronda oficial de toma de contacto con las organizaciones de autónomos, en la que también participaron ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos) y Uatae (Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores).

La ministra matizó que, en cualquier caso, la competencia de esa materia recae en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige José Luis Escrivá. “Hemos de hablarlo entre todos, las asociaciones de autónomos y los dos ministerios”, señaló Abad, que auguró “una legislatura de diálogo y de acuerdos” tras el claroscuro de la anterior, en la que el sondeo de criterios y el acercamiento de posiciones con el sector en la etapa de Valerio llegó tras la fase de Fátima Báñez y Cristóbal Montoro, responsables de Trabajo y de Hacienda con Mariano Rajoy (PP), que tuvo la más artificiosa que eficaz reforma legal de 2017  como emblema.

Otra cosa es que, probablemente, vaya a ser necesaria la intervención de al menos un tercer ministerio, el de Hacienda, en función del sistema que se finalmente establezca, para el que la principal opción es la de los tramos de cotización en función de los ingresos.

La propuesta inicial de UPTA apuntaba a una cuota baja (similar a la fallida tarifa plana) para quienes ganan menos del SMI, una similar a la actual entre el salario mínimo y los 40.000 euros anuales y una de mayor cuantía a partir de esa cifra, algo que, según las estimaciones de la organización incrementaría entre 200 y 265 millones de euros mensuales los ingresos de la Seguridad Social.

La herramienta del diálogo social

Díaz, por su parte, se comprometió a aplicar “la herramienta del diálogo social en el trabajo autónomo”, aunque anotó que “ante situaciones diferentes hemos de dar respuestas diferentes, porque hablar de autónomos es hablar de heterogeneidad”.
“No se puede tratar a todos por igual”, señaló, mientras avanzaba que “vamos a legislar con esa mirada desigual, porque tienen necesidades diferentes, y lo vamos hacer con diálogo y afrontando los problemas”.

Abad planteó a Díaz la necesidad de articular otras medidas como un subsidio similar al de los desempleados mayores de 52 años que han agotado el derecho a recibir prestaciones para rescatar a los alrededor de 100.000 autónomos mayores de 55 años que se vieron obligados a cerrar el negocio con la crisis.

“No podemos permitir que caigan en la indigencia después de haber cotizado durante largos periodos de tiempo”, señaló Abad. El grueso de los afectados proceden del ramo de la construcción, a los que en los últimos años se les han sumado varias decenas de miles del pequeño comercio.

Contundencia contra los falsos autónomos

UPTA, que reclama cambios en el modelo de formación de los trabajadores por cuenta propia para situar en su eje los procesos de digitalización y que propone incentivar las medidas de prevención de riesgos laborales tras las setenta víctimas mortales del año pasado, planteó a la ministra la necesidad de reforzar la figura del Trade, el Trabajador Autónomo Dependiente, una de las vías para combatir la explotación de los falsos autónomos.

Díaz prometió que desde su ministerio “se actuará con contundencia” contra la figura de los falsos autónomos, con la que algunas empresas se sitúan en una “zona de penumbra” desde la que “abusan de una herramienta de forma desleal”.

Las reuniones de este miércoles abrían formalmente los contactos del nuevo Gobierno de coalición PSOE-UP con las asociaciones de autónomos, cuya acuciante agenda incluye problemas de envejecimiento y relevo para mantener los servicios, especialmente en el mundo rural, a los que se suman otros como la creciente morosidad y la dificultad para acceder a contratas públicas por la competencia de las grandes empresas que acaban subcontratando el trabajo y quedándose el beneficio, un cuadro que lleva a que más de medio millón de trabajadores por cuenta propia pierda dinero con su negocio mientras otros 150.000 no llegan a hacer declaración del IRPF por ingresar (distinto de ganar) menos del SMI.

Por su parte, Uatae reclamó planes sectoriales para los autónomos del comercio y de la agricultura, que son dos de los que mayores y más intensos problemas de rentabilidad y competencia afrontan, y apostó por feminizar el trabajo por cuenta propia.

“Consideramos muy importante la apuesta de la nueva ministra de Trabajo por el diálogo social como mejor instrumento para abordar las dificultades del colectivo”, señaló la secretaria general de Uatae, María José Landáburu.