Los jóvenes madrileños deben destinar la totalidad de su sueldo, concretamente el 105%, para adquirir una vivienda, según la última edición Observatorio de Emancipación Juvenil (OBJOVEM), correspondiente al segundo semestre de 2019.

"El aumento continuado de los precios del mercado inmobiliario, tanto en venta como en alquiler, hacen de la vivienda un bien económicamente inalcanzable para la población de entre 16 y 29 años de la Comunidad de Madrid", indica el informe.

Ni en el caso de una persona joven asalariada ni con los ingresos de un hogar joven es posible poder emanciparse sin sobrepasar el umbral de sobreendeudamiento. El coste de acceso de alquiler y la compra de una vivienda libre para una persona joven asalariada en la Comunidad de Madrid es de las más altas del país.

Sin embargo, la Comunidad de Madrid destaca sobre el resto encabezando el ranking de la proporción de personas jóvenes emancipadas en viviendas de alquiler en 2019. Con respecto a la tasa de emancipación residencial entre los 16 y 29 años, la región se posiciona como la segunda más alta del país con un 20,6%.

Esto, según el informe, podría deberse a que la Comunidad es receptora neta de población joven procedente del resto de España y del extranjero, intensificando los procesos emancipatorios. Además la participación activa en el mercado de trabajo es superior al conjunto estatal y entre las personas jóvenes que cuentan con un empleo se ha producido cierto incremento del salario medio, que se sitúa en 13.438,44 euros netos anuales, el más alto del país.

En el resto del país

Según el mismo informe, los jóvenes españoles debería destinar el 60,4% de su sueldo neto para la compra de una vivienda libre, por encima del 30% que las entidades financieras suelen emplear como criterio para determinar la viabilidad de un préstamo hipotecario.

Por ello, el mercado de la vivienda, pese a la ralentización en los precios del alquiler y los bajos tipos de interés, sigue siendo inalcanzable para la mayoría de las personas jóvenes. Arrendar o comprar una vivienda supondría, para una persona joven asalariada, destinar el 90,7% y el 60,4% de su sueldo neto, respectivamente. Las opciones de compra también vienen lastradas por los requisitos previos de solvencia y ahorro que pocas personas jóvenes pueden llegar a satisfacer.

Todos estos factores tienen cierto peso para mantener la emancipación residencial de las personas jóvenes en mínimos históricos. Tan solo el 18,7% de la población de entre 16 y 29 años está residiendo fuera del hogar familiar y la caída de la emancipación para la población de entre 30 y 34 años ha sido aún más acusada, según la última edición Observatorio de Emancipación Juvenil (OBJOVEM), correspondiente al segundo semestre de 2019.

El informe, dado a conocer en el marco del Día de la Juventud refleja también que la población de entre 30 y 34 años ha experimentado una caída de 2,6 puntos porcentuales en la tasa de emancipación, pasando del 71,8% en 2018 al 69,2% en la actualidad.

En función del sexo, la mayor diferencia en cuanto a las trayectorias de emancipación se encuentra en la creación de hogares unipersonales, pues en el caso de los hombres es del 23,8%, frente al 12,9% en el caso de las mujeres jóvenes, más proclives a independizarse junto con otras personas.

El abandono del hogar familiar suele producirse una vez se termina el período de formación. Si el 32,7% de quienes no cursan estudios reside de forma autónoma, tan solo el 7,3% de las personas jóvenes que continúa estudiando no permanece en el hogar familiar.

En todos los niveles formativos, son las mujeres quienes muestran unas mayores tasas de emancipación por encima de los varones, aunque estas diferencias tienden a reducirse a medida que aumenta el nivel de estudios. Con respecto al nivel formativo, entre quienes cursan estudios superiores se registra una mayor tasa de emancipación.

El estudio añade que una de cada cinco personas jóvenes que trabajan se encontraba en riesgo de pobreza y exclusión social según la tasa AROPE, lo que las convierte en el colectivo de personas trabajadoras para el que, con diferencia, el empleo no supone una fuente de estabilidad económica y bienestar.

El informe precisa que, de las personas jóvenes que cerraron el año 2019 con un empleo, un 55,4% lo hizo en puestos temporales. Además, las cifras indican que, en gran parte del territorio, cualquier modalidad de emancipación para una persona joven supone sobreendeudarse, es decir, dedicar más de un 30% de sus ingresos a la vivienda.

Por ello, el alquiler se mantiene como la opción mayoritaria para la población joven emancipada residencialmente (58,8%), seguido por la compra de vivienda (17,3% estaría pagando un préstamo hipotecario y un 11,7% la tendría totalmente pagada) y, por último, el 12,2% reside en una vivienda cedida, un grupo que va aumentando en los últimos años.

Por otro lado, el informe refleja que, en 2019, un 8,1% de la población joven española reside en una provincia distinta a la de nacimiento, una práctica que se intensifica con la edad, pues en el caso de la población de entre 16 y 24 años sucede en un 6,7%, aumenta entre el grupo de entre 25 y 29 años (10,4%) y una cuarta parte (25,1%) de la población entre 30 y 34 años se ha establecido en otra provincia.

En las provincias de Castilla y León (16,2%), Ceuta y Melilla (16,2%), Castilla-La Mancha (14,1%) o Extremadura (12,2%) existe un mayor volumen de población joven que reside en provincias distintas a las de nacimiento, mostrando una mayor probabilidad de iniciar proyectos migratorios. Por otro lado, 2 de cada 10 jóvenes residentes en España (el 20,8%) nacieron en el extranjero.

Estas y otras características describen a una juventud precaria que, según indican las últimas tendencias, es el colectivo de mayor vulnerabilidad socioeconómica de cara a esta nueva crisis.

Asegurar el sistema de juventud

Por todo ello, el Consejo de la Juventud de España, con el apoyo de los Consejos de la Juventud territoriales, ha hecho público un manifiesto en el Día Internacional de la Juventud instando a los poderes públicos a asegurar el sistema de juventud.

Para ello, reclaman unas condiciones socioeconómicas dignas, basadas en un empleo de calidad, unas políticas de juventud transversales que cuenten con profesionales de juventud y aseguren la participación y la voz de las personas jóvenes en los espacios de toma de decisiones, fortaleciendo el ocio, el tiempo libre y el tejido asociativo juvenil.

Estas demandas de las personas jóvenes, que se articulan a través de los Consejos, afectan a todos los estamentos de la administración pública y tienen como objetivo global que las personas jóvenes no sean solo consideradas como una inversión de futuro, sino como sujetos de derecho en el presente.