"Estamos cotizando en Alemania, pero con la pensión en lugar de con el empleo, y gente de 70 y 80 años tiene que estar atenta y cumplir unos trámites complicados para no perder un dinero que es suyo", explica Mario Alonso, presidente de FAER (Federación Andaluza de Asociaciones de Emigrantes y Retornados).

Esta es la situación en la que el vigente convenio de doble imposición entre España y Alemania ha situado a más de 150.000 pensionistas españoles que desarrollaron parte de su vida laboral en el país germano y que ahora viven su retiro en el de origen.

La Hacienda alemana les cobra como tributo desde 2015 el 5% de su pensión, ya sea de jubilación, de viudedad, de incapacidad o de orfandad, y la única vía posible que tienen para recuperar ese dinero es a través de la declaración del IRPF en España, de cuya presentación están exentos buena parte de ellos por lo exiguo de sus pensiones.

La pensión media de los trabajadores españoles que desarrollaron una parte de su vida laboral en Alemania y han regresado a su país natal es de 788 euros brutos mensuales, es decir, de 11.032 anuales (14 pagas), poco más de la mitad de los 22.000 en los que comienza la obligación general y por debajo de los 14.000 en los que nace la de quienes tienen más de un pagador que les aporte más de 1.500.

En España, por otro lado, se ven abocados a dejarse un 2% de retención mínima mensual en sus prestaciones (220 euros) que, sin esa normativa tributaria bilateral, habrían seguido ingresando todos los meses. O, cuando menos, la gran parte de ellos que seguirían estando exentos de declarar el IRPF.

Los datos de los trabajadores retornados a España

"Tienen que acudir a gestores o a las asociaciones de emigrantes retornados, porque se trata de unos trámites complejos que en realidad no deberían tener que realizar porque en España están exentos de declarar el IRPF", anota Alonso, ya que la única vía que tienen para recuperar lo que les cobra Alemania es una liquidación que pueda salirles a devolver en España.

Pero acaban realizando esos trámites, y pagándolos, ya que en caso contrario la normativa les acarrea una pérdida media de 551 euros anuales que vuelan hacia Alemania, un mordisco que puede resultar inasumible cuando se trata de subsistir con poco más de 900 euros mensuales, es decir, bordeando un umbral de la pobreza que se sitúa entre los 840 y los 988 euros mensuales para los hogares unipersonales.

El convenio establece que, de manera excepcional ya que no se aplica a las rentas del trabajo, entre las que habitualmente se incluyen las pensiones, los perceptores de prestaciones generadas en Alemania quedan obligados desde enero de 2015 a tributar un 5% de ellas (84,1 millones anuales), porcentaje que subirá al 10% en 2030.

"Es un convenio de doble imposición, que normalmente se hacen para evitar pagar impuestos en dos países pero que en este caso es precisamente lo que impone", señala Alonso, que recuerda cómo la implantación de esta medida ha provocado trastornos a miles de pensionistas amenazados, y sancionados en algunos casos, por sus dificultades para pagar los cuatro años de retroactividad (de 2010 a 2013) que les fueron aplicados.

"Hubo hasta suicidios", recuerda el presidente de FAER, antes de que el asunto quedara prácticamente cerrado con un proceso extraordinario de regularización que en 2018 generó más de 300 millones de euros al fisco por las liquidaciones de 147.462 trabajadores retornados.

"La fórmula para aplicar la deducción por doble imposición internacional en IRPF no es distinta si el contribuyente es o no pensionista", explican fuentes de la Agencia Tributaria.

Tras el paso de Alemania, que lleva una década aplicando esa normativa a los veinte millones de pensionistas que residen en otros países, otros como Francia y como Austria estudian aplicar modelos similares de doble tributación.

Alemania con 152.506 y Francia con 210.031 son los dos países en los que desarrollaron parcialmente su carrera laboral y de cotización la mitad de los trabajadores retornados a España, que son 725.429. La aportación de Austria es mucho menor, con solo 4.923.

Esas pensiones generadas en dos países distintos son financiadas por los sus Estados de manera coordinada mediante convenios bilaterales que posteriormente liquidan entre ellos.

La factura mensual de esta faceta del sistema de previsión social alcanza los 537,6 millones de euros para la Seguridad Social, con el grueso en la partida de las jubilaciones (480.140 que suman 392,3 millones), al que sigue de lejos el de las prestaciones de viudedad (208.730 por 124,7 millones) y, mucho más, el de las ayudas por incapacidad (21.160 por 14,5), las de orfandad (15.683 por 5,6) y las familiares (536 que suman 288.681 euros).

"El pensionista retornado tiene la prestación repartida entre los dos países. Suelen ser personas que han trabajado fuera cinco o diez años y que han generado prestaciones de 300 o 400 euros que en realidad son complementos a las de aquí", explica Mario Alonso.

De hecho, la pensión media de los retornados es de 741 euros por nómina (son 14 pagas), con solo la de jubilación (817) por encima de ese nivel y con las de incapacidad (724), viudedad (597), familiares (538) y orfandad (358) por debajo.

Paralelamente, otros 110.243 trabajadores que desarrollaron total o parcialmente su carrera laboral en España perciben en el extranjero prestaciones que suman 43 millones de euros mensuales, en este caso con Francia (25.512), Alemania (14.093), Portugal (7.899) y Rumania (4.924) como principales destinos, aunque solo a los segundos se les aplica el mismo régimen que a los retornados desde allí.

La homologación de las prestaciones de invalidez del extranjero

Los trabajadores retornados tienen otro frente abierto en la homologación y en el tratamiento fiscal de las pensiones de incapacidad o invalidez generadas en otros países, ya sea por accidentes de trabajo o por enfermedades profesionales, y especialmente con las de carácter absoluto, que están exentas de tributación en España.

La Agencia Tributaria opta por trasladar la existencia de esas pensiones al INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) para que sus técnicos las chequeen y comprueben si esa prestación es homologable a alguna de las que se conceden en España, con la finalidad de aplicarle después el tratamiento fiscal que se derive de sus conclusiones.

"La Agencia Tributaria pide demostrar la validez de las incapacidades reconocidas en otros países, y lo máximo que se puede conseguir es el reconocimiento del 33%", indica Mario Alonso, quien reclama "que se haga una homologación de oficio".

Entre otras cosas, por la dificultad que los afectados encuentran para aportar las certificaciones médicas en las que el Estado de origen se basó para reconocerles la incapacidad. "¿Dónde vas a encontrar los informes de hace treinta años? ¿Por qué se somete a esas situaciones a gente de 70 y 80 años?", plantea el presidente de FAER.

"Hay países donde las calificaciones de invalidez no son homogéneas a las de España", señalan fuentes de la Agencia Tributaria, que anotan que "la norma del IRPF, para garantizar la aplicación con las reglas españolas, prevé que sea el INSS el que confirme o no que las calificaciones del otro país se adecuan a la de España y, en todo caso, que el INSS defina en cada caso el grado de invalidez".

En España hay un total de 20.160 trabajadores retornados que perciben prestaciones por incapacidad en distintos grados, con una cuantía media de 724,15 euros mensuales y una nómina conjunta de 14.598.932,62 euros al mes para la Seguridad Social.