Los efectos del parón de la economía por la pandemia de coronavirus están resultando estremecedores para el empleo: solo el número de trabajadores afectados por los ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) extraordinarios en el primer mes de aplicación de esta medida, que ya supera los cuatro millones, presenta una magnitud netamente superior tanto al aumento del paro y a la destrucción de empleo de la anterior crisis como, también, al avance de la ocupación y el descenso del desempleo en los seis años de la recuperación.

Los datos recogidos por CCOO y Europa Press de las 17 comunidades autónomas y el Ministerio de Trabajo indican que, entre los presentados, los tramitados y los aprobados, hay en marcha en España 515.554 expedientes que afectan a 4.060.326 trabajadores, 7.389 con 867.472 asalariados en procedimientos de ámbito estatal y 508.156 con 3.192.854 en los autonómicos.

Esa cifra, que enmascara una mayor por el desfase que provoca el apagón informativo sobre esta materia de la Comunidad de Madrid y mermas como las derivadas de que Asturias solo ofrezca datos de trabajadores en los procedimientos aprobados o que Aragón restrinja los suyos a los que ya se encuentran en fase de tramitación, supera con claridad los principales registros de la EPA (Encuesta de Población Activa) referentes al periodo que va del cierre de 2008, el año en el que la quiebra de Lehman Brothers marcó el arranque oficial y emblemático del crack financiero, al de 2019, el sexto ejercicio de unos ‘brotes verdes’ que, en el caso de España, generaron un demencial proceso en el que la generación de riqueza y la creación de pobreza marcaban récords de manera simultánea.

Así, esos más de cuatro millones de trabajadores incluidos en los ERTE superan con claridad tanto a los 3,45 millones de personas que se quedaron sin empleo entre 2008 y 2013 (+16%) como a los 2,8 (+43%) que salieron de esas listas entre el último de esos años y 2019, rebasan también las 3,33 (+20%) y las 2,64 (+52%) ocupaciones perdidas y creadas, respectivamente, en esos mismos periodos y, por último, sobrepasan en mayor cuantía tanto la caída inicial de 2,73 millones de asalariados (https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4859#!tabs-grafico ) (+47) como la posterior recuperación de 2,31 (+73%).

Eso, en cuanto a los ERTE. El balance de los daños que está causando el parón de la actividad productiva y comercial incluye otros registros estremecedores como las 950.000 solicitudes de cese de actividad presentadas por autónomos en el primer mes de aplicación de esa medida con carácter extraordinario, a los que se añaden las 40.000 bajas del mes pasado, y como la pérdida de casi 900.000 afiliados a la Seguridad Social en las dos primeras semanas de aplicación del estado de alarma, paliada por la recuperación de algo más de 10.000 con la reactivación de la actividad, a los que habrá que añadir los despidos improcedentes, disciplinarios y por causas objetivas que se hayan producido desde el 14 de marzo y, también, la desaparición de más de 85.000 empresas solo en marzo.

A falta de homogeneizar los datos autonómicos de los ERTE, la cifra de damnificados por el parón de la actividad económica se acerca a los seis millones de trabajadores. Sin embargo, eso no implica que vaya a ser previsible un aumento del desempleo de esa magnitud, ya que no se trata de rescisiones de contrato ni de cierre de negocios, sino de suspensiones que, en principio, deberían levantarse en unas semanas o meses, como ocurre con los autónomos adscritos al cese de actividad extraordinario.

Ni unos ni otros causan baja en la Seguridad Social ni se registran como alta en las listas del paro, y las prestaciones que reciben tienen una carácter especial y una limitación temporal vinculados a la pandemia.

Cuatro de cada cinco expedientes afectan a microempresas

Los datos de los ERTE ofrecen varias pistas sobre qué tipo de empresas está sufriendo en mayor medida los efectos del parón: el 70% de las que han presentado expedientes tiene menos de cinco trabajadores y la tasa se dispara al 80% si la horquilla se amplía a los diez empleados. Y cuatro de cada cinco procedimientos afectan a negocios del sector servicios.

Por otro lado, el 95% de los expedientes se acogen a la fórmula de la fuerza mayor habilitada por el Gobierno en los decretos del 17 y el 27 de marzo, mientras que solo uno de cada veinte gira en torno a las causas objetivas (técnicas, organizativas, económicas) que contempla la legislación, explica Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CCOO, que anota que "en los últimos días se ha notado una ralentización en el volumen de presentación de ERTE".

Para Vicente, que destaca el trabajo que está desarrollando el personal del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) para "tramitar 80.000 expedientes cada día con las limitaciones que supone el trabajo telemático", los efectos del parón de la economía en el mercado laboral "habrían sido tremendamente catastróficos" sin el formato extraordinario de los ERTE.

"El expediente de suspensión siempre ha existido, pero no con las condiciones de ahora, que han permitido que ni los trabajadores ni las empresas se quedaran al margen", explica, al levantar la exigencia de tener los últimos 365 días cotizados para acceder a la prestación y eliminar la obligación de aportar una parte del seguro social para las empresas durante la suspensión.

“Tras el confinamiento nuestros derechos seguirán ahí”

Para Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical de UGT, “una de las lecciones que hemos de sacer de esta crisis es que si no cambiamos las políticas laborales de los últimos años esto acabará mal".

Se refiere a los elevados índices de temporalidad y de precariedad y a los bajos niveles salariales, que están haciendo que, con las prestaciones del 70% de la base de cotización (50% a partir del tercer mes), "muchos trabajadores están teniendo unos ingresos inferiores al salario mínimo", situado hoy en 950 euros.

"El Gobierno ha actuado con rapidez, y medidas como los ERTE y el veto a los despidos dan protección y son una garantía de que no va a haber una situación de desmadre de despidos", anota, al tiempo que destaca que ese modelo “incluye el compromiso del empresario de mantener cierta estabilidad".

Sin embargo, plantea una duda sobre ese formato: "¿seguirá vigente o no tras el estado de alarma la situación de fuerza mayor, con la que, al contrario de los que ocurre con las causas objetivas, no cabe negociación ante un expediente?” “Esto no es una guerra, cuando salgamos del confinamiento nuestros derechos van a seguir estando allí", añade.