Acuerdo en la UE para regular la demandas colectivas contra empresas por servicios defectuosos

Los Estados y los parlamentarios de la Unión Europea llegaron a un acuerdo a última hora del lunes para allanar el camino a que los europeos puedan unirse y presentar demandas colectivas contra empresas por servicios defectuosos, si bien incorporaron una serie de salvaguardias para evitar los excesos que se observan en Estados Unidos con este tipo de demandas.

El movimiento para impulsar los derechos de los consumidores ganó apoyos tras el escándalo de Volkswagen sobre la manipulación de las emisiones contaminantes, que ha dado lugar a la apertura de miles de investigaciones y a la presentación de demandas.

El Parlamento Europeo dijo que tales demandas podrían cubrir la protección de datos, los servicios financieros, los viajes y el turismo, la energía, las telecomunicaciones, el medio ambiente y la salud, así como los derechos de los pasajeros de avión y de tren.

El acuerdo entre los representantes de los Estados de la UE y el Parlamento Europeo deberá ser sellado por los 27 países miembros del bloque y su órgano legislativo en las próximas semanas. El bloque dispondrá de dos años para insertar la normativa de la UE en legislación nacional.

La Comisión Europea anunció la propuesta en 2018, pero se retrasó por desacuerdos entre los países de la UE y los europarlamentarios.

"Hemos buscado un equilibrio entre la protección legítima de los intereses de los consumidores y la necesidad de seguridad jurídica para las empresas", dijo el europarlamentario Geoffroy Didier en un comunicado.

El grupo europeo de defensa de los consumidores BEUC acogió con satisfacción el acuerdo.

"Este acuerdo es un gran hito para poner la justicia al alcance de todos los consumidores de la UE. Los consumidores pueden acudir por fin a los tribunales de forma colectiva cuando sus derechos se vean perjudicados por el mismo comerciante", dijo la directora general de BEUC, Monique Goyens.

Según el acuerdo, cada país de la UE tendrá que nombrar al menos una organización de consumidores u organismo público para iniciar las acciones colectivas en nombre de los consumidores.

Entre las salvaguardias para evitar litigios con escaso fundamento o abusivos se incluye el principio de "el perdedor paga", que garantiza que la parte derrotada en un pleito pague las costas del procedimiento a la parte ganadora.