Acciona reclama 1.074 millones de euros a Generalitat de Catalunya por la resolución del contrato de gestión de Aigües Ter Llobregat (ATLL), la compañía que abastece de agua potable a 4,5 millones de habitantes de esta Comunidad, que está previsto se materialice a comienzos del próximo año.

Se trata del importe que resulta de sumar a los 305 millones ya estimados por la anulación del contrato de concesión los 769 millones calculados en concepto de daños y perjuicios a partir de los "informes periciales" encargados por la empresa.

"Por tanto, la compensación total adeudada por la Generalitat ascendería a aproximadamente 1.074 millones de euros", indicó Acciona a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

No obstante, la compañía indica que este monto no incluye la deducción de las provisiones por liquidación ordinaria de contrato, que supondría sumar otros 38 millones de euros adicionales.

La compañía que preside José Manuel Entrecanales confirma la información adelantada por el diario Expansión, que indica que Acciona y su socio en este contrato, el fondo británico Pioneer Point Partners, presentaron el miércoles un escrito a la Generalitat con este cálculo de indemnización.

Acciona ostenta actualmente un 76,05% de la sociedad concesionaria que en 2012 se adjudicó el contrato de gestión de ATLL, firma que consolidaba en sus cuentas desde 2016, cuando elevó hasta este porcentaje su participación en la firma.

La resolución del contrato es consecuencia de la sentencia emitida el pasado mes de febrero por el Tribunal Supremo, que ratificó la anulación del contrato de concesión ya dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en junio de 2015 ante los recursos que interpusieron alguna de las partes implicadas en la contratación de este servicio, entre ellas Aguas de Barcelona, filial de la francesa Suez.

Ante la coyuntura de la reversión de la concesión, el pasado mes de julio, el Govern aprobó por Decreto Ley la constitución de una nueva sociedad 100% pública para hacerse cargo de ATLL, que empezará a funcionar el 1 de enero de 2019 para gestionar la producción y suministro de agua potable a la población bajo el control de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Este Decreto Ley fijó, como primer paso, la conformación de una comisión liquidadora que ponga cifras a la anulación del contrato de adjudicación de la ATLL.