Durante la emergencia del coronavirus el personal sanitario se ha convertido en un pilar fundamental para luchar contra esta enfermedad. Muchos de ellos se han contagiado y actualmente la cifra roza los 32.000 sanitarios que han contraído la enfermedad en España.

Pese a la importancia de estos trabajadores, hay algunos hospitales que les mantienen trabajando en un régimen de precariedad constante que les impide conciliar, poder alquilar un piso o disfrutar de sus vacaciones porque se mantienen con contratos temporales.

Los trabajadores del Gómez Ulla, el antiguo hospital militar de Madrid situado en el barrio de Carabanchel, llevan meses denunciando que una parte muy importante de la plantilla son trabajadores eventuales que llevan más de 10 años encadenando contratos de 3 y 4 meses.

Temporalidad y conciliación

Aunque varios trabajadores aseguran a Público que el hospital respeta los trienios, también explican que conciliar y poder independizarse son cuestiones muy complicadas teniendo este tipo de contratación.

Miriam trabaja como auxiliar de enfermería en el Gómez Ulla y explica que después de 14 años empalmando contratos temporales de 3 y 4 meses, todavía no ha sido capaz de independizarse porque nadie le concede ni una hipoteca ni un alquiler.

"Todavía vivo con mis padres después de 14 años trabajando porque en todas partes me piden tener, al menos un año de contrato, para poder alquilar un piso", cuenta.

Muchos de ellos no se sienten valorados

Aina trabaja en el Gómez Ulla y lleva más de un mes en una de las plantas de infectados por coronavirus.

La auxiliar cuenta Público que adora su trabajo, pero que no se siente valorada debido a las condiciones precarias en las que se encuentra.

"Aunque somos muy importantes en el hospital, tenemos la sensación de que no nos valoran lo suficiente, porque nos estamos jugando la salud como cualquiera, pero partiendo de una precariedad muy importante", cuenta.

"Una parte muy importante del personal sanitario que se ha contagiado es personal temporal, pero el hospital no lo valora como debería", añade.

"Nosotros no estamos cubriendo bajas, sino que estamos desarrollando una actividad esencial que no está siendo reconocida. Es decir, somos personal sanitario que se juega la salud por sus pacientes, pero que no es considerado como personal sanitario esencial", sentencia.

Miedo a hablar y que haya represalias

El hecho de tener que estar firmando contratos cada muy poco tiempo genera miedo e incertidumbre entre los trabajadores que denuncian de forma anónima que el hospital ha prescindido de personas que se han quejado o han asistido a huelgas.

"Cuando quedan unos días para que acabe nuestro contrato el tema de conversación entre las compañeras siempre es si seguiremos o no trabajando", cuenta Miriam.

Además, tanto representantes sindicales como trabajadores explican a Público que el miedo a que el hospital no renueve los contratos consigue que los trabajadores no reivindiquen sus derechos.

"Si hay huelga nosotras no vamos. Tenemos muchísimo miedo a quejarnos por si molestamos al hospital y nos quedamos sin trabajo. Siempre estamos calladas para no llamar la atención o no molestar a alguien que decida despedirnos", finaliza Miriam.

María trabajó en el Gómez Ulla hasta el año 2015, cuando tuvo un embarazo de riesgo.

"La última noche de mi contrato manché mucho más de la cuenta y decidí ir a urgencias. Allí me dijeron que necesitaba tomarme la baja porque podía llegar a tener un aborto si no me cuidaba", cuenta.

"Ya había firmado la renovación que comenzaba al día siguiente. Después de salir del hospital me fui a casa y a la mañana siguiente mi madre fue a llevar los papeles de la baja al hospital, pero desde el Gómez Ulla le comunicaron que no me podían renovar el contrato, así que me quedé sin baja con una mano delante y otra detrás", explica a Público.

María asegura que desde el hospital le prometieron que la volverían a llamar después de su embarazo, pero lo cierto es que esa llamada nunca llegó.

Sindicatos y partidos denuncian la opacidad

Los últimos datos proporcionados por el Gobierno regional datan del año 2018 y ya dejaban entrever unas altas cifras de temporalidad. Concretamente había 596 empleados bajo un contrato eventual y de estos solo 67 se encontraban cubriendo una sustitución.

Según Alejandro Marcos, delegado de Comisiones Obreras y celador interino del Gómez Ulla, las cifras que maneja el hospital superan los 700 empleados con contrato eventual.

Por este motivo, Marcos explica a Público que desde los sindicatos piden que se reconozca a estos trabajadores como interinos en vacante de plantilla.

Por su parte, la diputada de Unidas Podemos-Izquierda Unida Madrid, Vanessa Lillo, ha denunciado a Público la opacidad que existe con respecto al Hospital Gómez Ulla.

Lillo ha subrayado que la Comunidad de Madrid tiene que estar pendiente de las condiciones en las que se encuentra el personal.

Además, ha subrayado que en el acuerdo de colaboración existente entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central para dicho hospital figura que el hospital contará con 475 camas, pero que la realidad es que ahora tiene 380.

También ha asegurado que un servicio público debería garantizar un empleo estable.

"El mejor aplauso que podemos dar a los sanitarios es que se garanticen unas condiciones dignas", ha finalizado.

Existe un convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad de Madrid en materia de asistencia sanitaria con el hospital Gómez Ulla desde el año 2007.

De esta forma, el Ministerio de Defensa colabora a través del hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla"  en la prestación de asistencia sanitaria especializada a los usuarios del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid.

Público ha intentado ponerse en contacto con Defensa para conocer los motivos por los cuales existe una temporalidad tan alta en dicho hospital, pero no ha recibido respuesta.

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha explicado que la contratación de personal depende del Ministerio de Defensa y no del Gobierno regional.