El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha impuesto fianzas que suman los 1.200 millones de euros en concepto de responsabilidad civil a una decena de altos cargos de Pescanova y seis sociedades ligadas al grupo alimentario, a los que se imputa la comisión de delitos de falseamiento de cuentas, falseamiento de información económica, uso de información relevante, estafa y falsificación de facturas. Esta suma servirá para garantizar las eventuales responsabilidades pecuniarias derivadas de la causa, en la que se investiga el falseamiento de cuentas de la compañía que condujo a varios inversores a la compra de acciones.

Entre ellos, se encuentra el ex presidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa (que mantiene el cargo de consejero), que deberá depositar 178,8 millones de euros. Por su parte, los consejeros Alfonso Paz Andrade y José Antonio Pérez Nievas tendrán que entregar 125 y 54,7 millones de euros, respectivamente. Los tres, así como otros altos dirigentes del grupo, se encuentran imputados por supuesto falseamiento de cuentas y uso de información relevante. El magistrado ha impuesto también fianzas de 69,4 millones a los directivos Pablo Javier Fernández Andrade, Fernando Fernández de Sousa, Robert Albert Williams, Jesús García García, Joaquín Viña Tamargo, Antonio Taboas y Alfredo López.

Ruz ha dado diez días a todos los querellados o de lo contrario procederá al embargo de sus bienes.  Los imputados prestarán declaración ante el magistrado los próximos 16 y 17 de octubre.

Por su parte, la sociedad Pescanova S.A. tendrá que entregar en el Juzgado una suma de 54,8 millones mientras que Inverpesca S.A, Sociedad Gallega de Importación de Carbones S.A, Sociedad Anónima de Desarrollo y Control, ISS Holding Limited y Inverlema S.L deberán depositar 69,4 millones de euros cada una.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 aseguraba en un auto fechado el pasado 23 de mayo que los administradores de Pescanova 'valiéndose de una información reflejada en las cuentas anuales (...) que no se ajustaba a la realidad' proporcionaron públicamente una imagen irreal de la situación económica de la empresa, lo que condujo a los querellantes a adquirir paquetes de acciones.

De hecho, el auto precisaba que entre los meses de agosto de 2012 y enero de 2013 varios analistas financieros recomendaron la inversión en estos valores en base a estos datos falsos. Ruz agregaba que las cuentas anuales de los ejercicios 2008, 2010 y 2011, los folletos informativos y otros informes financieros 'no reflejaban la imagen fiel' de la compañía como se deduce del hecho de que sólo unos meses después su presidente comunicara a la CNMV su decisión de no formular sus cuentas de 2012 y manifestara sus dudas sobre la propia continuidad de la empresa.

En concreto, según los datos que constan en la causa, Fernández de Sousa vendió, a través de la Sociedad Anónima de Desarrollo y Control (Sodesco), 1,6 millones de acciones a un precio medio de 16,26 euros entre enero y febrero de 2013, mes en el que la empresa de declaró en concurso de acreedores. El expresidente obtuvo de este modo 27,4 millones de euros y evitó una pérdida de 15,6. Por su parte los consejeros Paz Andrade y Pérez Nievas vendieron en los mismos meses 344.972 y 110.000 títulos los que les supuso sendos ingresos de 5,8 y 1,8 millones de euros respectivamente.

La situación concursal de Pescanova se produjo después de que el propio presidente del grupo reconociese un volumen de deuda no declarado que impidió presentar las cuentas de 2012. Además, diversas operaciones de venta de acciones de algunos directivos antes de la situación concursal y de un importante descalabro bursátil han sido objeto de investigación por parte del regulador bursátil hace meses. La crisis culminó con el concurso de acreedores en el que la CNMV ha nombrado a Deloitte como gestor en medio de una guerra de acusaciones entre distintos accionistas y ex gestores de la compañía.

El próximo 12 de septiembre se reúne la junta general de accionistas de la empresa, para la que se ha propuesto el cese de todo el consejo actual del grupo.

El expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa presentará esta semana un recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra la fianza impuesta por el juez Pablo Ruz, según fuentes cercanas al empresario.

En concreto, según las mismas fuentes, la defensa de Fernández de Sousa considera que dicha fianza no se justifica ni por la causa, ni por lo prematuro del momento, ni por la cuantía, que está basada únicamente 'en lo que dicen los querellantes sin escuchar a los querellados'. El recurso ante la Audiencia Nacional está basado en los argumentos que figuran en el escrito de oposición a la solicitud de medidas cautelares que había presentado la Fiscalía a finales de julio.