Las cuatro entidades financieras intervenidas por el Estado, esto es, Bankia, Banco de Valencia, CatalunyaCaixa y Novagalicia Banco, han cerrado el primer semestre del año con unas pérdidas netas conjuntas de 7.542 millones de euros. Los números rojos derivan fundamentalmente de las dotaciones que estas entidades han realizado en cumplimiento de las distintas reformas financieras, que suman casi 10.800 millones de euros.
Bankia lidera las pérdidas de los bancos que han tenido que ser intervenidos por el Estado, al contabilizar un resultado negativo de 4.448 millones de euros a cierre de junio, por delante de CatalunyaCaixa, que registró números rojos de 1.444 millones. Novagalicia Banco, de su lado, perdió 1.399 millones y Banco de Valencia, otros 251 millones más.
En cuanto a los saneamientos, la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri destinó 7.510 millones a este fin hasta junio, mientas que la entidad gallega empleó 1.636 millones y la catalana, otros 1.636 millones.
Respecto a estas cuatro entidades, el Gobierno está pendiente de conocer a mediados de este mes de septiembre los resultados de la auditoría que está realizando Oliver Wyman. A partir de las estimaciones de esta firma, se podrá redactar un plan de reestructuración para aprobar las inyecciones de capital que se determinen. En el caso de Bankia, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ya ha decidido inyectar entre 4.000 y 5.000 millones de euros de capital en BFA-Bankia de forma inmediata como anticipo de la ayuda financiera del fondo europeo de rescate.
En cuanto a CatalunyaCaixa, el ministro de Economía, Luis de Guindos, insistió este viernes en que el Gobierno mantiene su intención de sacar la entidad a subasta una vez haya concluido el traspaso de sus activos dañados al banco malo. Así, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó la nueva reforma financiera, indicó que la suspensión de la subasta a la que se iba a someter la entidad catalana no implica que no se vaya a seguir adelante con ese proceso. Sin embargo, el Ejecutivo necesita desarrollar antes la nueva regulación financiera y poner en marcha el banco malo.
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