El Gobierno ha arrancado la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sin medias tintas: 'Estamos en una situación límite', ha advertido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, antes de detallar los recortes que contemplan los Presupuestos Generales del Estado para 2012.

El 'severo ajuste' alcanzará los 27.300 millones de euros, que se obtendrán tanto por la vía del gasto como por la de los ingresos. En este último apartado la cifra es clara: el Ejecutivo aplicará una subida de impuestos por valor de 12.300 millones de euros para cuadrar el déficit.

Entre las medidas adoptadas por el Ejecutivo destaca un plan de lucha contra el fraude para después de Semana Santa. Y, en un ejercicio de pura contradicción, la aprobación de un 'gravamen especial' del 10% para regularizar las rentas no declaradas, tanto para que las vengan de fuera como para la que afloren en España, lo que en la práctica puede suponer una amnistía fiscal.

El Ejecutivo reduce en 594 millones de euros el gasto en ayuda al desarrollo 

Según ha concreto el Ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, quienes se sumen a este proceso de regularización 'evitarán las penaliaciones hoy propias de las declaraciones, de manera que a cambio de pagar un 10% el sujeto pasivo quedaría regularizado y normalizado en nuestro sistema tributario'.

Se trata de una 'regularización extraordinaria' que 'se ha hecho en otras ocasiones y en otros países' como Italia, Reino Unido o Estados Unidos, ha abundado Montoro para reconocer que hay iniciativas que le gustan más y otras menos. 'Tengo que hacerlas en el momento que hay que hacer lo que hay que hacer, que es ingresar sin subir los impuestos indirectos', se ha justificado.

En junio de 2010 la secretaria general del PP, Maria Dolores de Cospedal, rechazó un supuesto plan de regularización fiscal del Gobierno de Zapatero por 'impresentable', 'injusto' y 'antisocial'. Cospedal subrayó entonces la 'paradoja' de que 'a los que pagan impuestos se les suban' y 'a los que no, se les perdonen'. Mariano Rajoy se pronunció en el mismo sentido aduciendo que 'los que pagan van a pagar más y los que no pagan se les va a perdonar'.

A partir de este domingo los españoles percibirán una subida en el recibido de la luz, cuyo coste se incrementará un 7% a partir del 1 de abril. El gas lo hará un 5%. También se incrementará el tabaco, aunque no se ha concretado cuánto.

Más significos son los recortes presupuestarios por partidas. El tajo es descomunal y, en algunos casos, supone su liquidación. De todos los Ministerios, el peor parado con los recortes es el de Asuntos Exteriores y Cooperación, cuyo presupuesto se reduce en un 54,4%; el siguiente Ministerio que más recortes deberá asumir es el de Fomento, con una reducción del 34,6%. Los Presupuestos de 2012 contemplan una reducción de 594 millones de euros en el gasto en ayuda al desarrollo, 322 millones en las ayudas a la vivienda y 1.500 millones en políticas activas de empleo. Más significativo es el recorte en la ayuda a la Dependencia, que pasa de 283 millones a 0 millones. Los gastos de los ministerios caerán un 16,9%, lo que supone unos 27.000 millones de euros.

El Gobierno ha congelado el sueldo de los funcionarios, mantendrá las prestaciones por desempleo, y las jubilaciones, así como 'el gasto social, como las becas', ha puntualizado Sáenz de Santamaría. Ajustes drástricos que no contempla subir el IVA 'para no perjudicar el consumo y la recuperación económica', pero sí el Impuesto de Sociedades.

Las empresas, ha advertido la vicepresidenta del Gobierno, tendrán que realizar un mayor esfuerzo mediante de la puesta en marcha de un programa 'de regularización fiscal'. 

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, un anteproyecto de ley que contempla una subida generalizada de las tasas judiciales, de entre 50 y 750 euros. La subida afectará a las tasas ya existentes para interponer una demanda o recurso en el orden Civil y Contencioso-administrativo y se aplicará también en lo Social, aunque en esta jurisdicción sólo en el caso de recursos en segunda instancia de suplica o casación, quedando también excluido el orden penal.

La entidad de la dureza del recorte en las cuentas de este año la marca el techo de déficit obligado por Bruselas y aceptado por el Gobierno: el 5,3% del PIB, más de tres puntos respecto al desfase con el que se cerró 2011 (8,51%) y más duro del previsto inicialmente por el Ejecutivo (5,8%).

Ese objetivo de gasto supone un recorte de unos 35.000 millones de euros en un solo año. Rajoy anunció este martes en Seúl, sin entrar al detalle, que los ministerios sufrirían de media un tijeretazo de más del 14%, que al final ha sido dos puntos superior. Fomento, el ministerio motor de la inversión pública, tiene todas las papeletas para ver contraído su presupuesto aún más, cuando en 2011 ya sufrió un mordisco del 28%.