La Fiscalía Anticorrupción emitió ayer un informe pidiendo el archivo de la querella criminal presentada en la Audiencia Nacional contra las tres grandes agencias de rating (Moody's, Standard & Poor's y Fitch) por manipular el mercado en beneficio de sus clientes y en perjuicio del erario público. El informe, elaborado por Alejandro Luzón, llega 145 días después de que lo solicitara el juez Ismael Moreno y prefigura el próximo archivo de la causa.

El 25 de febrero, varias organizaciones reunidas en acusación popular presentaron la querella inspirada en iniciativas análogas impulsadas por la Fiscalía en EEUU y, ante la falta de respuesta del Ministerio Público, el pasado lunes la ampliaron. Pero el informe de Anticorrupción es rotundo: funcionen bien o mal -y el texto encadena ejemplos que muestran que el sistema es muy imperfecto-, las calificadoras se mueven dentro de un marco legal que sólo puede cambiarse políticamente.

'Un procedimiento penal contra las querelladas supondría -a la luz de los datos de que se dispone- la apertura de una causa general en averiguación de posibles delitos de los que en la actualidad no existe noticia, en una suerte de investigación predelictual o prospectiva, desligada de la comisión de un hecho delictivo y, por tanto, legalmente proscrita', subraya Luzón.

La querella pedía la investigación de varios episodios concretos para dilucidar si las agencias habían vulnerado los artículos 284 y 285 del Código Penal, que castigan la alteración del precio de las cosas en beneficio propio y el uso de la información privilegiada con multa y hasta cuatro años de cárcel. Pero, a juicio de Fiscalía, la demanda 'se limita a plasmar una narración en la que los datos aportados refieren exclusivamente un marco legal de funcionamiento de las agencias de calificación en el que pueden cometerse delitos de abuso de información privilegiada, pero sin referencia a operaciones singulares'.

Cuando en la querella sí se citan 'operaciones singulares' (como una rebaja del rating a España sólo tres minutos antes del cierre de la Bolsa), Anticorrupción subraya que ya existe un marco en el que se investigan todas las operaciones potencialmente dudosas: la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): 'Nada ha comunicado la CNMV por actuaciones de su Unidad de Vigilancia de los Mercados', subraya Luzón.

El mes pasado, el propio presidente de la CNMV, Julio Segura, consideró 'prioritario' erradicar el 'conflicto de intereses' de las grandes calificadoras, a las que se refirió como 'tripolio'. Segura añadió, incluso, que su fiabilidad es 'dudosa porque cobran de los mismos a quienes califican'.

Pero la CNMV no ha emprendido ninguna investigación. Tampoco en el episodio citado, pese a que, entre los accionistas de las calificadoras están, entre otros, fondos estadounidenses, como BlacRock, Vanguard y Capital Group, actores destacados en la Bolsa española y tenedores de deuda pública.

Uno de los abogados querellantes, Gonzalo Boye, afirmó que la Fiscalía 'ha cambiado los criterios de admisión a trámite de la jurisprudencia'. 'Ha hecho una defensa cerrada de las agencias, con una falta de sensibilidad absoluta ante la realidad de los españoles', añadió. Su colega Jaume Asens lo atribuye al 'enorme poder de las agencias'. 'Ha habido una rendición', dijo.

Las agencias evalúan la calidad de los bonos y, por tanto, son imprescindibles para financiarse en los mercados. Según Reuters, las tres grandes calificadoras -juntas copan más del 90% del mercado mundial- habían lanzado una advertencia a las autoridades de la UE ante las iniciativas judiciales contra ellas: si se les hacía penalmente responsables de sus errores, dejarían de calificar a los países asediados. Según los expertos, ello supondría su quiebra inmediata.

El informe de Anticorrupción considera 'muy claro el nexo causal entre la acción de los aquí querellados [las agencias de rating] y el daño causado a las arcas públicas españolas'. Pero añade que no existen indicios que permitan pensar que las rebajas de calificación se hicieron con el propósito de causar un perjuicio.

El documento está fechado el 14 de julio, pero no se difundió hasta ayer, tras el acuerdo de la UE que ha devuelto la calma a los mercados. La actitud de la Fiscalía en España contrasta con la de Portugal, que ha considerado 'prioritario' una investigación, o la de varios fiscales en EEUU, que han impulsado algunas de las querellas contra las agencias.