El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Ángel María Villar y su hijo Gorka han salido de la prisión madrileña de Soto del Real tras pagar esta mañana las fianzas de 300.000 y 150.000 euros, respectivamente, que les impuso el juez del caso Soule, Santiago Pedraz.

Padre e hijo han abandonado la prisión madrileña sobre las 19.00 horas. En ella han estado durante 12 días desde que ingresaran el 20 de julio por su presunta implicación en el desvío de fondos del organismo deportivo que investiga la Audiencia Nacional.

El magistrado de la Audiencia Nacional les puso este lunes esas fianzas porque considera que no existe riesgo de fuga y "difícilmente podrían obstaculizar la instrucción", al haberse practicado ya las diligencias "urgentes" de la causa, entre ellas la declaración de los principales imputados. Así mismo, añade que no podrían ocultar bienes y patrimonio gracias a que sus cuentas están bloqueadas y embargadas.

Tras su salida, Villar ha hecho unas "breves" declaraciones a los medios de comunicación en las que ha agradecido "a todas aquellas personas que han confiado, privado y públicamente" en él, en su hijo y en el vicepresidente económico y que les ha "defendido".

No obstante, Pedraz señala que siguen existiendo motivos para considerarles responsables de haber cometido presuntamente los delitos de administración desleal, apropiación indebida, estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares.

Medidas cautelares

Una vez han quedado en libertad, Villar y su hijo tienen ahora la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado más próximo a sus domicilios, deben entregar el pasaporte y facilitar un teléfono móvil donde puedan estar localizables si son requeridos en cualquier momento para ponerse a disposición del juzgado.

El que ha sido presidente de la RFEF durante 29 años, hasta ser destituido por el Consejo Superior de Deportes, fue detenido el pasado 18 de julio. Dos días después entró en prisión por haber tejido, según el juez, un "entramado" y una red de "clientelismo" que permitió el desvío de millones de fondos públicos y privados del ente federativo.

Se sospecha que el expresidente ha cometido "excesos administrativos" por un lado con el nombramiento de los miembros de la Junta Directiva (que utiliza a modo de recompensa para premiar la lealtad de los presidentes de las federaciones afines o vetar a los que le son contrarios), y por otro, con la concesión de beneficios a los que han favorecido su candidatura.

Al menos desde 2009, Villar usó varias sociedades para el desvío del dinero y estableció un "clientelismo tanto en la contratación del personal, que recae fundamentalmente en familiares, como en la presunta adjudicación arbitraria de contratos de suministro y prestación de servicios a empresas vinculadas, bien directamente bien a través de familiares", según dice el auto del juez.