Días tristes. Días amargos. Días en los que una y mil veces aparece aquella maldita noche. Fina Lizeranzu y Manu Cabacas, un matrimonio “común y corriente” de la localidad vizcaína de Basauri, llevan 1.460 días y noches soportando el peor dolor entre todos los dolores: la muerte de Iñigo, su hijo. Tenía 28 años, le gustaba el fútbol y el 5 de abril de 2012 había ido a San Mamés a ver al Athletic, que jugaba contra el Schalke 04. A la salida, mientras tomaba algo con sus amigos, un pelotazo disparado por la Ertzaintza le abrió la cabeza. Cuatro días después, Iñigo moría en la cama de un hospital. Aún no se sabe quién fue el agente que disparó.

Días de dolor. Días de rabia. Dolor por la pérdida; rabia por la falta de justicia. “No se puede vivir con esta incertidumbre, que al final te va matando”, dice Manu Cabacas a Público. Durante los últimos cuatro años, tanto él como su mujer han estado en la calle, con la pancarta que lleva el rostro de su hijo. Sólo piden que los responsables “paguen por lo sucedido”, pero de momento no lo han logrado. “Estamos casi como al comienzo”, se lamenta.

En efecto, el caso Cabacas no ha sido precisamente un ejemplo de efectividad judicial. Las primeras “pruebas testificales” comenzaron el 5 de junio de 2012. Casi cuatro años después, en el juzgado número 10 de Bilbao hay seis ertzainas imputados por su participación en el operativo desarrollado fuera del campo del Athletic, aunque ninguno de ellos ha facilitado el más mínimo dato que permita establecer quién fue el responsable de la muerte de Iñigo.

“Entren con todo”

Las conversaciones de radio que se registraron aquella entre el mando policial y los agentes aportaron algo de luz, aunque (al menos desde el punto de vista judicial) no la suficiente. Según consta en las transcripciones reveladas en abril de 2013 por el diario Gara, “Ugarteko” (seudónimo del mando policial que coordinó el operativo desde la comisaría) ordenó a sus hombres que cargasen contra las personas que se encontraban en un callejón próximo a San Mamés, en una zona repleta de bares.

“Le repito las órdenes para que queden bien claras (....) Entren al callejón con todo lo que tenemos, entren a la herriko (...) Y entonces estará la situación controlada”, indicó “Ugarteko” a sus subordinados. El policía se refería a la herriko taberna (bar de la izquierda abertzale) que se encuentra en esa zona. Sin embargo, en ese establecimiento no se había producido ningún incidente que justificase una actuación policial. Así lo comprobaron los ertzainas desplazados al lugar, y así se lo comunicaron a su responsable. Sin embargo, el mando ordenó actuar. Y ellos actuaron.

A raíz de esa grabación (que posteriormente fue incluida en el documental Crónica de una herida abierta del director vasco Karlos Trijueque), Ugarteko tuvo que declarar en junio de 2015 en el juzgado, aunque lo hizo en calidad de testigo. Entonces acusó a uno de sus subordinados de no acatar sus órdenes y aseguró que las armas lanzapelotas habían sido utilizadas por varios agentes que inicialmente no lo habían admitido. Su declaración duró algo más de cinco horas. Actualmente, “Ugarteko” no sólo no está imputado, sino que se ha convertido en denunciante: el responsable policial reclama que el diario Gara y la defensa de los padres de Cabacas le paguen 777 mil euros en concepto de “daños y perjuicios” por haber difundido las conversaciones entre él y los agentes.

“Esa denuncia es el colmo de los colmos”, afirma el padre de Iñigo. “Si tan afectada está su familia, debería venir a mi casa para ver cómo estamos nosotros. Ese policía está vivo y sigue trabajando en la calle –recalca-, cuando todo el mundo sabe que fue él quien encendió la mecha”. En ese contexto, la jueza a cargo de este caso tiene hasta el próximo 7 de junio para decidir si abre la fase de juicio oral por homicidio imprudente o si, por el contrario, decreta el cierre de las actuaciones. Esta última alternativa aterra a los Cabacas. “Sería algo horroroso para nosotros. No sé si seríamos capaces de soportarlo”, afirma Manu.

Tanto él como Fina ya han sentido esa sensación de “impunidad absoluta” en otras ocasiones. “Aquí no hay ningún responsable policial imputado”, denuncia. Ante esta situación, el padre de Iñigo sospecha que la propia Ertzaintza “está encubriendo” al autor del mortal disparo. “El que lo mató, lo sabe. El que estaba a su lado, también. Lo que ocurre es que están haciendo un falso corporativismo que no le hace nada bien al cuerpo (policial”), sostiene. “Están intentando que no se pueda saber lo que ya sabe todo el mundo –continúa-: a Iñigo lo mataron”.

“Pánico y descontrol”

Este reclamo de justicia estará muy presente durante todo el fin de semana en Bilbao. El sábado a las 12.30, familiares y amigos de la víctima volverán a concentrarse en el callejón donde el joven cayó desplomado, mientras que el domingo a las 17.30 habrá una manifestación que saldrá desde el Palacio de Justicia y acabará en el lugar de la tragedia.

“Animamos a la gente a participar. No será un día para quedarse en el sofá”, dice Koldo Gutiérrez, un amigo de Iñigo que aquella noche de abril estaba con él. No lo olvidará jamás. “Fue todo muy rápido. Había mucha gente en la calle, gritando. Era una situación de pánico y descontrol”, relató a Público.

Familiares y amigos de Ígiño Cabacas, en su funeral.

Gutiérrez también se acuerda de las promesas incumplidas. Por ejemplo, tiene muy presentes las palabras del entonces consejero de Interior del Gobierno Vasco, Rodolfo Ares. “Nos prometió que iba a abrir una investigación dentro de la Ertzaintza, pero cuando se abrió el proceso judicial, decidió cerrarla”, comenta. “Desde el primer momento –añade- vimos que no había ganas de esclarecer lo ocurrido”.

De hecho, este caso fue uno de los momentos más amargos de la gestión de Patxi López como lehendakari. Los padres de la víctima llegaron incluso a denunciar que Ares les había ofrecido una indemnización, algo que el entonces consejero de Interior negó “rotundamente”. Cuando el PSE fue derrotado en las urnas y el PNV volvió al poder, el matrimonio de Basauri esperó un cambio de actitud. “En un principio todo eran ofrecimientos y buenas palabras, pero cuando entraron en el gobierno empezaron a cambiar de mensaje”, advierte Manu. De momento, solo tiene una certeza: su hijo sigue sin ser reconocido como víctima de la Policía.