BARCELONA.- La Audiencia de Barcelona ha rechazado la petición de un grupo de socios del FC que encabeza el expresidente de la entidad Joan Laporta de personarse como acusación en el caso Neymar al considerarse víctimas de los presuntos delitos en la operación del fichaje del jugador brasileño.

En un auto, la Sección Sexta de la Audiencia rechaza el recurso de Laporta porque "en ningún caso se puede aceptar que puedan ser víctimas -ni tampoco perjudicados ni ofendidos- un grupo de socios de la entidad que, supuestamente, han cometido las infracciones y que es acusada en el proceso".

El tribunal ha dado así la razón a la postura del fiscal sobre los motivos de Laporta y varios socios para intentar personarse: "Pretenden utilizar un proceso penal para criticar y desautorizar la gestión que de la entidad han hecho determinadas personas en los últimos años", concluye en referencia al presidente Josep Maria Bartomeu y su antecesor, Sandro Rosell.

La Audiencia de Barcelona recuerda en su auto a Laporta que existen otras vías y otros instrumentos para ello, y le reprochan que "un proceso penal no es el más adecuado, más todavía cuando versa sobre delitos fiscales".

El tribunal también está sorprendido de que Laporta presente el recurso con un relato que no aporta información relevante sobre el caso y que se limita "a lanzar valoraciones y descalificaciones sobre determinadas personas que han intervenido en el proceso".

El Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona ya había rechazado aceptarlos como acusación particular o popular -por eso Laporta lo recurrió a la Audiencia- aceptando el posicionamiento de la Fiscalía.

En el escrito que remitió a este juzgado, el fiscal Pedro Ariche recordó a Laporta que el objetivo del proceso penal es averiguar si hubo fraude fiscal y no determinar si la directiva mintió a los socios en cuanto al coste de la operación de la incorporación del jugador.

El fiscal insistió en que el papel de los tribunales no es determinar si la gestión del club fue nefasta -como la calificaba Laporta en su escrito-, y le invitó a que, si lo que quiere es fiscalizar a la directiva, use los medios que el FC Barcelona recoge en sus estatutos y no instrumentalice el proceso penal para ello.

El pacto

También reprochó al expresidente que, si tan preocupado estaba por perseguir por vía penal esta supuesta nefasta gestión, podría haber intentado comparecer en la causa en cualquier otro momento y no esperar a que se hubiese anunciado que los acusados y el FC Barcelona habían llegado a un acuerdo con las acusaciones del caso.

Según el acuerdo alcanzado por los acusados con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, el club admite haber cometido dos delitos fiscales en los ejercicios fiscales de 2011 y 2013 en la operación del fichaje.

Este pacto exonera de responsabilidad a Rosell -para el que el fiscal pedía siete años y medio de cárcel- y a Bartomeu -para quien reclamaba dos años y tres meses de prisión-, mientras que el club asume como persona jurídica el delito y pagaría 5,5 millones de euros como multa.