La economía de los frutos rojos que genera en Huelva el 8% del PIB de Andalucía aún no ha sido capaz de ofrecer una alternativa a los cientos de temporeros que viven en los asentamientos de chabolas, algunos arrasados por incendios en los que ya han muerto cuatro personas.

Las administraciones públicas aún no han conseguido abrir ni un solo albergue para esos temporeros, aunque en Lepe y Moguer confían en poder contar con al menos un dispositivo en la próxima campaña de la fresa.

Esa realidad, la que el relator especial sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos de la ONU, Philip Alston, describió como peor que la de un campamento de refugiados de una guerra o una masacre, apenas ha variado desde su visita a Huelva en 2020. 

Ahora, esa realidad se va a ver, además, en las grandes pantallas en un documental que se estrenará el próximo 6 de octubre en el Festival Internacional de Cine de Marbella, con el titulo The invisible, modern slavery in Europe (Lo invisible, esclavitud moderna en Europa, en castellano). La película, dirigida por el suizo Sven Rufer, ha sido financiada por la Fundación Internacional Rosa Luxemburgo.

Detrás de esa realidad hay muchos datos significativos. El sector de los frutos rojos (fresa, arándanos, moras, frambuesa) genera entre 80.000 y 100.000 puestos de trabajo cada campaña (52% españoles, 20% comunitarios y 28% de otras partes del mundo) para la recolección de más de 11.600 hectáreas de unos 1.300 productores, según datos de la Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza, Interfresa.

En la última campaña se recogieron cerca de 300.000 toneladas, una producción que, asegura esa organización, genera de media el 8% del PIB andaluz, es decir, más de 1.300 millones de euros al año.

Sin embargo, esa potente economía no ha sido capaz de generar en más de 25 años unas condiciones de vida dignas para toda su mano de obra.

"Este gran desarrollo también lleva aparejado la aparición de los asentamientos en los que se ven obligados a sobrevivir aquellas personas que buscan trabajo en explotaciones más pequeñas y se encuentran en situación irregular", explica la organización Andalucía Acoge en su informe de 2022 sobre los asentamientos de chabolas en esta provincia. 

"También terminan allí aquellas que, teniendo su documentación en regla, no pueden acceder a un alojamiento, bien porque el empresario no le facilita un alojamiento o porque no encuentren viviendas para poder alquilar", añade.

Un listado del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) identificó en 2021 un total de 41 asentamientos de chabolas en Huelva, fundamentalmente en cuatro municipios con una gran producción fresera: Lepe, Moguer, Palos de la Frontera y Lucena.

El número de habitantes difiere según la época del año, dependiendo de la duración de la campaña agrícola, pero en su apogeo, en los meses de marzo y abril, la población total puede alcanzar las 3.500 personas.

El informe de Andalucía Acoge refleja que el 90% de los trabajadores agrícolas migrantes que viven en estos asentamientos, y en los de la provincia de Almería, tienen enormes dificultades para acceder a un alojamiento mejor.

El mismo porcentaje, de modo aproximado, se enfrenta a grandes obstáculos para empadronarse y obtener el certificado municipal que permite disfrutar de servicios y regularizar la situación legal en España.

"Incluso disponiendo de una situación administrativa regular, contrato e ingresos suficientes, se les negaba el alquiler en muchos casos y en algunos de los municipios de Huelva ni siquiera había viviendas en alquiler disponibles", se subraya en el informe.

La vida en estos asentamientos, además de muy poco digna, resulta bastante peligrosa: se enfrentan a continuos incendios que en muy pocos minutos arrasan con unas casas hechas de cartón, madera y plástico, pegadas unas a otras, entre las que el fuego se expande a grande velocidad. Pierden lo poco que tienen, la documentación, unos cuantos enseres y vuelta a empezar. Si sobreviven.

El último incendio se declaró el pasado domingo en el asentamiento ubicado junto al Polígono de San Jorge de Palos de la Frontera, el mayor de Huelva. El fuego arrasó decenas de chabolas en el mismo lugar que en mayo había devorado otras muchas decenas. Es la historia que se repite una y otra vez en estos poblados, aunque a veces con un resultado trágico.

En ese mismo lugar murió en 2019 un temporero marroquí de 23 años, Taufik Alassal, cuyo cuerpo quedó irreconocible por las llamas y pasaron tres largos años de inhumana burocracia hasta que le entregaron los restos a la familia en Marruecos.

No ha sido la única víctima mortal. En 2021, murieron dos temporeros en el incendio de un asentamiento de Lucena del Puerto y, en 2022, otro en uno de Lepe. Cuatro muertos en total en una larga lista de incendios que tampoco han servido para acabar con los asentamientos chabolistas y procurar un alojamiento digno a sus habitantes.

A la espera de la apertura de albergues en Lepe y Moguer

Lo cierto es que las administraciones públicas se han movido en el último año, unas más que otras, para solucionar este grave problema, aunque aún no hay resultados palpables.

De momento, el único albergue para temporeros que está abierto en la provincia de Huelva es el que puso en marcha la ONG Asnuci en Lepe, en 2021, y gracias a una colecta de donativos, para acoger a unas 40 personas.

Por eso, UGT ha reclamado "medidas urgentes" para acabar con esta lacra tras el último incendio de Palos: "Las administraciones públicas declaran que están trabajando en esta situación, pero nada se ha materializado", se lamentaba el sindicato en un comunicado.

El primer gran paso de las administraciones para ofrecer un alojamiento digno a estos temporeros fue el protocolo que firmaron en julio de 2022 la Secretaría de Estado 2030 del Ministerio de Derechos Sociales, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Lepe y Moguer para la erradicación de los asentamientos.

Ese protocolo fructificó en un real decreto que aprobó en noviembre el Consejo de Ministros para conceder un total de 2,68 millones de euros a esos dos municipios para la construcción de albergues y alojamientos de estancia temporal. Casi un año después, aún no están en funcionamiento ninguno de los proyectos previstos.

En Lepe, según han informado a Público fuentes de su Ayuntamiento, este pasado viernes iba a pleno la aprobación del proyecto de urbanización de los terrenos en Los Barrancos para la construcción de un centro de acogimiento que en el real decreto figura con una capacidad de 144 plazas, a las que se podrían sumar en fases posteriores otros módulos hasta alcanzar las 720.

Lo que se encuentra más avanzado en Lepe es la puesta en marcha de un albergue de 38 dormitorios para 152 personas, con una antigua subvención de la Junta de Andalucía que ha servido para acondicionar un edificio que había sido matadero municipal.

El Ayuntamiento, gobernado por el PP, asegura que están únicamente a la espera de la dotación de mobiliario para las habitaciones y la concesión de la gestión del servicio a una fundación, aunque prefiere no precisar una fecha de apertura. "No estamos al final del camino, pero estamos en el buen camino y ya se ve la luz muy cerca", dijo esta semana el alcalde, Juan Manuel González.

Por su parte, Moguer recibió del Gobierno una subvención de 818.000 euros para terminar la construcción de un albergue con una capacidad para 42 personas, y construir ocho módulos residenciales en una parcela anexa, con 24 plazas.

Su alcalde, Gustavo Cuéllar, del PSOE, ha asegurado que el albergue estará terminado antes de que termine este año y que también han adquirido, con las ayudas del Gobierno y la Junta, varias viviendas en el municipio para alojar a temporeros.

Palos, el mayor asentamiento y ningún proyecto a la vista

Otros municipios freseros que tienen en sus términos varios asentamientos, como Lucena del Puerto o Palos, no se acogieron a ese protocolo de erradicación de las chabolas.

El caso más llamativo es el de Palos, de cuyo Ayuntamiento no se conoce ninguna iniciativa para buscar una alternativa al que es el mayor poblado chabolista de la provincia y el que registra el mayor número de incendios, uno de ellos con una víctima mortal.

A reiteradas preguntas de este periódico, el equipo de gobierno municipal de Palos se ha negado a contestar si tiene previsto algún tipo de proyecto o iniciativa de alojamiento alternativo a las chabolas para los temporeros que viven en su municipio.

Su alcalde, Carmelo Romero, del PP -el diputado que en el Congreso le gritó a Íñigo Errejón que fuese al médico cuando el portavoz de Más País hablaba de salud mental-, se ha limitado a responsabilizar al Gobierno central de los incendios que se suceden en los asentamientos, porque dice que es el que tiene las competencias de fronteras y laborales que permiten que vivan en ellos personas sin documentación ni contrato.

En el caso de Lucena existe un proyecto, pero va con mucho retraso. En este municipio de poco más de 3.000 habitantes hay unos 15 asentamientos que llegan a estar ocupados por unas 400 personas, lo que supone un 12% de la población de esa localidad. Y las obras para construir un centro residencial temporal con 36 plazas, que se preveía abrir en 2023 con una subvención de la Junta, no han empezado.

Según han informado a este periódico fuentes del Ayuntamiento, hubo un problema con la empresa a la que se le adjudicó el proyecto para que estuviera terminado el pasado mes de junio. Debido a ese incumplimiento, esta misma semana el Consistorio ha sacado de nuevo a licitación la obra para que, supuestamente, esté finalizada antes de que termine el año.

La Junta de Andalucía también dio un paso adelante el pasado mes de julio al aprobar el primer plan estratégico para la erradicación de asentamientos informales y la inclusión social de personas residentes en zonas agrícolas de Andalucía conformados por población migrante.

Aunque sin haber fijado aún una dotación presupuestaria, la Administración andaluza pretende hacer un diagnóstico de la situación de los asentamientos, de quiénes viven en ellos, y coordinar con otras administraciones públicas la búsqueda de alternativas con alojamientos temporales.

A juicio de Andalucía Acoge, las medidas que han tomado el Gobierno central, la Junta y algún ayuntamiento suponen un cambio tras muchos años de desidia e ineficiencia.

"Parece que, por primera vez en décadas, las administraciones hacen algo y que podemos tener por primera vez una campaña de la fresa en Huelva en la que se vea el principio de la solución", dice a Público el director general de esa organización, José Miguel Morales.

El responsable de una de las mayores organizaciones en el ámbito de la migración en Andalucía destaca el hecho de que por primera vez el Gobierno autonómico haya reconocido, con un plan estratégico, que sí es competente para intervenir y buscar soluciones al problema de los asentamientos chabolistas de temporeros.

Sin embargo, Morales subraya que "tiene que haber un compromiso muy claro" de que el plan se va a llevar a cabo, con un presupuesto vinculado a su desarrollo y con la implicación de los ayuntamientos y de los empresarios que se benefician del trabajo de las personas que habitan esos poblados denigrantes.

"Tenemos que estar muy pendientes de que todo esto acabe sucediendo, porque aún no hay nada seguro", añade.

Reparto de miles de litros de agua y toneladas de comida

Mientras, en el terreno, los problemas continúan. Los voluntarios de La Carpa han llevado esta semana 5.000 litros de agua y una tonelada de alimentos a los temporeros del asentamiento de Palos que fue pasto de las llamas el pasado domingo.

Esta asociación sevillana, que atiende a las personas sin hogar de la capital andaluza, empezó a ayudar también a los migrantes de las chabolas de Huelva al comienzo de la pandemia, cuando se quedaron aislados con el confinamiento en unas condiciones muy precarias.

Desde entonces, han hecho 106 expediciones, en las que han repartido toneladas de comida, miles de litros de agua, jabón, detergente para la ropa e incluso bicicletas.

Su presidente, el médico jubilado Alfonso Romera, asegura que la situación de los asentamientos es incluso peor ahora que la que había cuando empezaron a llevar comida en abril de 2020.

"Hay un abandono absoluto. Están entre un mar de basura, en unas condiciones infrahumanas. Cogen el agua de las balsas de riego que no se puede beber, la transportan en garrafas que eran de productos fitosanitarios. Y esto no es Angola, está aquí al lado", dice.

Romera es especialmente crítico con el alcalde de Palos por las declaraciones que hizo a los medios de comunicación en las que achacó el último incendio a una disputa entre dos mujeres del asentamiento y responsabilizó al Gobierno central por su política de extranjería.

"Para acusar hay que tener pruebas. Y lo de las temporeras no lo ha dicho ni la Guardia Civil ni el juez, sólo lo ha dicho él. Es de una inhumanidad tremenda ese discurso", subraya el portavoz de La Carpa.

Ese tipo de discurso fomenta, además, a juicio de Alfonso Romera, un clima xenófobo entre la población local que cada vez sufre más el voluntariado de las asociaciones que acuden a socorrer a los habitantes de los asentamientos. "Lo que me preocupa es que ya nos sentimos mal mirados en el pueblo", se lamenta.

Esa tensión también la han vivido en la Asociación Multicultural de Mazagón, que se preocupa especialmente por la situación de los temporeros migrantes en su municipio, Palos. Su portavoz, Pepa Suárez, asegura que el Ayuntamiento "no hace absolutamente nada" para remediar este problema.

"El alcalde vive de espaldas a un drama gordísimo cuando Palos es un pueblo que vive de la fresa, de la agricultura. Y no reconocer el derecho a tener unas condiciones de vida digna de los trabajadores es de un racismo institucional absolutamente insoportable", afirma.

Chabolas arrinconadas en una hondonada

La única estrategia del Ayuntamiento con el asentamiento del Polígono San Jorge o Baldifresa ha sido, según Suárez, ir arrinconando las chabolas en una hondonada, en un terreno cada vez más pequeño, levantando montículos de tierra con palas mecánicas a modo de barrera. Y a quienes intentaban construir fuera de ese espacio les mandaban las palas para tirar abajo el armazón de las nuevas chabolas.

A la Asociación Multicultural de Mazagón le parece una buena noticia que se hagan planes de erradicación del chabolismo como el que aprobó en julio la Junta o el protocolo que sacó el Ministerio de Derechos Sociales el pasado año, pero, a su entender, es fundamental que haya coordinación entre las administraciones para solucionar este grave problema.

"La verdad es que aún no hay nada. No se ha abierto el de Lepe que anunciaron para la campaña pasada, se incendia el asentamiento de Palos y la gente está en la calle sin nada... Las cosas siguen igual después de 25 años. Y lo que vemos es muy poca voluntad política y mucho racismo", afirma su portavoz.

De esto y de la explotación laboral que sufren muchos temporeros habla el documental The invisible, modern slavery in Europe, que se estrena el 6 de octubre en la sección a concurso de la 18ª edición del Festival Internacional de Cine de Marbella. En él interviene, entre otros, el presidente de La Carpa, la asociación que ha llevado toneladas de ayuda a los asentamientos de Huelva.

En el documental, de algo más de una hora de duración, se muestra la vida en los asentamientos, los incendios y las condiciones de trabajo de los temporeros en los invernaderos de frutos rojos.

Su director, el suizo Sven Rufer, ha manifestado que con esta película pretenden evidenciar una realidad muy cercana: "Esto no sucede en el otro lado del mundo, sino en España, país de la UE y popular destino de vacaciones. Y las frutas no acaban en alguna parte, sino en nuestros supermercados y, finalmente, en mi propio plato. Para mí es una cuestión importante llevarlo a la pantalla, sensibilizar al público y dar voz a lo invisible".

Una investigadora de la Universidad de Berna (Suiza) interviene en el documental como autora de un trabajo sobre las condiciones laborales de los temporeros de la fresa y las consecuencias que tienen para su salud la precariedad en la que viven.

Para ello, entrevista a representantes de sindicatos, de la Universidad de Huelva, organizaciones humanitarias y periodistas expertos en el tema.

En un comunicado, la Fundación Internacional Rosa Luxemburgo "se enorgullece" de financiar este documental, que, a su juicio, arroja luz sobre las condiciones laborales de una industria "que explota a unas 60.000 personas migrantes" y muestra que "la esclavitud moderna es todavía una realidad en la Europa de hoy en día".

El interés en otros países europeos por la situación de estos trabajadores obedece también a que en Huelva se produce el 98% de los frutos rojos de España y el 30% de Europa.

En la campaña 2021-2022 se exportaron fresas, arándanos, moras y frambuesas por un valor de 1.392 millones de euros, de los que Alemania y Reino Unido son principales destinos.