En Jordania llevaban años refugiados millares de sudaneses huidos de la región de Darfur, donde su etnia es perseguida por el gobierno, y en la que más de 300.000 personas fueron asesinadas desde 2003. Sin aviso ni concesiones, el gobierno jordano deportó 800 exiliados que reclamaban sus derechos ante la oficina de ACNUR, en la capital, Amán. Una larga lucha por mejoras en su estatus de refugiados finalizó en un forzado viaje de vuelta a Sudán.

Huyes de un país en guerra, llegas a otro y encuentras un cúmulo de obstáculos inacabables: falta de ayudas sociales, desatención por parte de ACNUR y por si fuera poco el racismo de la población local. Ésta es la percepción de los 800 sudaneses que protestaron durante un mes por lo que consideraban una situación de discriminación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). A pesar de que ACNUR los reconoce como refugiados con un documento que aparentemente los protegía de ser deportados, la decisión del gobierno jordano llegó contra todo pronóstico. Cuando pensaban que ya nada podía ir a peor, llegó la policía a medianoche y los expulsó a base de silencios y engaños. Alrededor de 800 sudaneses, la mayoría procedentes de Darfur, se encuentran ahora en Khartún, capital de Sudán. Están buscando la forma de volver a huir, pero esta vez hacia un país que les permita soñar.

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Muchos de estos sudaneses llegaron a Jordania porque legalmente era más fácil para ellos conseguir el estatus de refugiado allí. No imaginaban todo lo que vendría después. «Sufrimos la misma discriminación aquí que en Sudán. Si supiéramos que nos encontraríamos con esto, no vendríamos a Jordania», lamentaba uno de los refugiados en el campamento de protesta dos días antes de ser deportado por sorpresa.

Un total de 258 tiendas de campaña advertían desde mediados de noviembre a ACNUR de una situación que parecía tocar fondo: «No recibimos suficiente atención. Sentimos que somos lo último en la red de protección en Jordania. Pasamos tres o cuatro años aquí, esperando, pero vemos que si no hacemos algo pasarán siete u ocho años más y estaremos igual. Aun así, en el campamento vivimos sin hacer mucho ruido porque Naciones Unidas espera una simple razón para sacarnos de aquí», explicaba otro manifestante que resistía las bajas temperaturas.

Debido a su estatus de refugiados, no les estaba permitido trabajar en el país, así que dependían de las ayudas de ACNUR. Además, los refugiados aseguraban que la decisión de acampar indefinidamente llegó después de que algunos de ellos no pudieran pagar el alquiler de la vivienda donde residían hasta el momento. Sus demandas consistían en el acceso a más servicios básicos, como soporte económico y sanitario, así como cumplir los plazos de reunión para negociar su reubicación en otros países, ya que eran pocos los manifestantes que querían quedar en Jordania, sobre todo debido a la discriminación racial que aseguran sufrir a diario. «Tenemos que oír muchas cosas que otros no aceptarían. Por la calle nos llaman esclavos, chocolate, nos dicen que tenemos que volver a nuestro país, y a veces por la noche nos paran por la calle y nos dicen que cojamos otro camino. Hasta en casa, donde se supone que tendríamos que estar libres, los vecinos nos piden a veces que no abramos las ventanas». «ACNUR ignora nuestras demandas sobre derechos básicos de los cuales deberíamos disponer como refugiados», aseguraban dos jóvenes en las cercanías del campamento solo tres días antes. Lamentaban también la falta de soporte de otras ONGS ante sus reclamaciones.

La mayoría de estos refugiados procede de Darfur, en el oeste de Sudán, donde el gobierno del país persigue las tribus de las cuales forman parte la mayoría de ellos. «Destrozan pueblos, violan mujeres y matan niños», explicaba uno de los manifestantes. Ante la amenaza de expulsión, también Amnistía Internacional alertaba sobre el «riesgo real de sufrir persecución, represión brutal y otras violaciones de derechos humanos a manos del gobierno sudanés de la región».

Naciones Unidas estima que cerca de 300. 000 personas fueron asesinadas en Darfur desde 2003, cuando estalló la guerra civil que aún sigue activa. Otras fuentes apuntan que la cifra de muertos podría ser mayor. ACNUR aconsejaba al gobierno jordano no deportar a los refugiados. «Apelamos y seguiremos apelando al gobierno para que detenga las deportaciones de nacionales sudaneses que están registrados con ACNUR como refugiados y solicitantes de asilo», explicaba una portavoz de este organismo a The New York Times. Durante el mes de protestas, la organización mantuvo su postura de tratar los problemas de estos refugiados uno por uno, negando estar discriminando la comunidad sudanesa. «Dicen que nuestra situación no es tan urgente como los refugiados sirios e iraquíes», lamentaba uno de los manifestantes.

Inesperadamente, todo cambió. «A las cuatro de la mañana, unos 400 policías y soldados llegaron con 20 autobuses, rodearon el campamento y empezaron a chillar que nos levantáramos y nos pusiéramos en línea. No nos dejaron coger nada de abrigo, solo el pasaporte», cuenta un sudanés que consiguió burlar a la policía y escapar de la deportación. «Nos dijeron que nos llevaban a un campo de refugiados, pero después descubrimos que aquella carretera conducía al aeropuerto. ¿Cómo pueden enviarnos a un país donde nos quieren matar?». Para justificar esta decisión, el portavoz del gobierno jordano alega que los sudaneses fueron acogidos en el país solo para recibir tratamiento médico, negando así su estatus de refugiados.

Al llegar al Queen Alia International Airport y ver al embajador de Sudán delante, ya no quedaba ninguna duda. «Fue una gran sorpresa. Empezamos a llamar a los compañeros que venían en los otros autobuses para advertirlos de que el embajador sudanés estaba allí y de que nos mandaban para Sudán». A lo largo del proceso de deportación, que duró cerca de tres días, la policía utilizó gas lacrimógeno y batió a aquellos que ofrecían alguna resistencia, según testigos y fotografías que lo prueban. La gente chillaba: «¿dónde están los derechos humanos? Nuestra vida está en peligro, vamos a morir», recuerda el refugiado que consiguió escapar.

De vuelta a la capital de Sudán, algunos de los deportados fueron detenidos por el Gobierno «en un sitio desconocido» y otros fueron liberados. «Quiero ir a otro país, tengo que encontrar la manera de salir u organizaciones que me ayuden», cuenta por Whatsapp desde Khartún el que fue portavoz del campamento de protesta. Este joven de 20 años asegura que una vez subidos al avión de vuelta les retiraron los documentos de ACNUR que los acreditaban como refugiados. Él guarda, no obstante, las fotocopias de distintos compañeros en su teléfono móvil. En total, ACNUR tiene registrados unos 3.500 sudaneses en Jordania, comparado con la estimación de 938. 000 sirios y 57 .140 iraquíes. «Nos sentimos unos sin techo aquí. Somos gente con dignidad y humanidad, no animales. Sentimos que en Jordania tenemos prohibido soñar», decía uno de los refugiados frente a la oficina de ACNUR en Amán dos días antes de ser deportado.