El periodista Pablo Elorduy (Madrid, 1978) analiza en El Estado feroz. Cloacas, lawfare y deep state en el Régimen del 78 (Verso) cómo los "poderes excepcionales o salvajes" aceleraron su maquinaria represiva tras la crisis económica del 2008 para atajar los fenómenos de la nueva política y el auge independentista. Para ello, según el fundador de El Salto, se valieron de algunos jueces, policías y medios de comunicación.

Si no se hubiese producido la crisis del 2008, ¿habría menos fango?

Sí, es un factor clave. El fango nació como una respuesta a lo inesperado y a una situación de emergencia social. Los poderes estaban desconcertados y nerviosos tras la reacción popular inesperada del movimiento 15M. Entonces, comenzó una nueva etapa del fango que se ha plasmado constitucionalmente con la ley mordaza y con medidas ilegales como la policía patriótica.

¿Pero España no era ya antes un cenagal?

Claro. Las herencias enquistadas no se pudieron arrancar porque había muchos intereses del PP y del PSOE. Lo que ha sucedido después es que el proceso se aceleró, también en la Justicia, con la figura del juez-soldado y el furor contra las opiniones, fuesen de un rapero o de un humorista. Un síntoma de que se estaban activando los poderes excepcionales o salvajes.

Usted deja claro que no podemos hablar de España como el único "Estado feroz", pero su particularidad es que ruge desde el franquismo, mientras que otros países europeos enterraron su pasado totalitario hace décadas.

El fascismo español sobrevivió sin una depuración durante mucho más tiempo, algo que sí se produjo en Portugal tras la Revolución de los Claveles, por ejemplo. El paso aquí fue "de la ley a la ley", como dijo Torcuato Fernández Miranda respecto al poder judicial. No obstante, el cenagal y la maquinaria de represión son anteriores al franquismo, aunque durante la dictadura esa cultura se va modernizando y en 2001 se refuerza con la guerra contra el terror, cuando se generan más poderes excepcionales.

Además de la pérdida de legitimidad y de la situación de inestabilidad provocada por los atentados yihadistas, ¿alimentan también a esos "poderes salvajes" los efectos de las guerras desatadas recientemente, con las migraciones de fondo?

Claro. Desde que los discursos de la seguridad comienzan a copar los debates y llegan a la opinión pública —siempre con una demanda acumulativa de seguridad y de necesidad de protección—, crece la paranoia entre la ciudadanía y, a la par, un negocio generado en torno a las guerras, como es el caso de Israel. Así se legitiman esos poderes excepcionales dispuestos a todo porque, como decía Maquiavelo, "nada hay ignominioso si redunda en beneficio de la patria". Ante la pérdida de libertades, deberíamos preguntarnos: ¿el "beneficio de la patria" merece que nos pongan la bota en el cuello?

¿Establecería una diferencia significativa en la política represiva entre el PP y el PSOE?

Sí, porque el PSOE ha planteado, forzado por las necesidades de seguir avanzando en su agenda de Gobierno, derogar algunos puntos de la ley mordaza. Sin embargo, quien más utilizó la ley de seguridad ciudadana fue el ministro Fernando Grande-Marlaska durante la pandemia, cuando se produjeron excesos de diversos cuerpos policiales, por no hablar de las devoluciones en caliente.

Y si vamos al pasado, en 1992 el PSOE aprobó la discutida ley Corcuera, también conocida como ley de la patada en la puerta, que obedece a la obsesión por el orden y el control social de Felipe González. Una medida continuista con aquella idea de la transición de que las calles tenían que estar adormecidas a toda costa, cayese quien cayese, y que supuso la prefiguración de este sistema donde la seguridad arrampla con los demás derechos.

Una década antes, el Gobierno de José María Aznar indultó al exministro socialista José Barrionuevo y al exsecretario de Estado Rafael Vera, condenados por el secuestro de Segundo Marey a cargo de los GAL.

La prensa de la época interpretó que el PP podría depurar el Ministerio del Interior. Sin embargo, cuando llegó al poder, no solo no lo hizo, sino que también restituyó a los condenados como figuras con cierto nivel de autoridad. Aznar abrazó la idea de que la razón de Estado siempre se impone y quedó implícito que el PP no estaba tan en contra de los GAL, sino que consideró aquella operación mediática de acoso y derribo al PSOE un trampolín para llegar al Gobierno.

En el libro rescato una cita atribuida al exministro de Interior socialista Antonio Asunción: "Lo peor que está pasando es la corrupción. Que maten a etarras a la gente se la suda. Lo que pasa es que no es presentable".

¿A quién temen más las cloacas del Estado: a los rojos o a los independentistas?

Temen más a quien les pueda quitar lo que le interesa y consideran suyo. Si hablamos de dinero, los empresarios temen más a los comunistas. Si hablamos de la unidad territorial, los militares temen más a los separatistas.

¿Usted achaca el auge de Vox, el surgimiento de Alvise Pérez y la radicalización del PP al 'procés' o a la irrupción de Podemos?

Vox fue una respuesta a Catalunya, pero también a lo que la extrema derecha entendió como una debilidad de cierto Partido Popular, encarnado por Mariano Rajoy, que subestimaba la amenaza roja. Entre los sectores más intransigentes de Vox hay un resentimiento y una hostilidad hacia un PP que ven como una versión de la socialdemocracia con ribetes conservadores.

¿Qué se desconoce todavía sobre el Estado profundo y feroz?

Más que cuestiones concretas como el 23F o la policía patriótica, se desconoce la relación del Estado profundo con la jerarquía católica y la plasmación de lo que se habla en el palco del Bernabéu, en los reservados de restaurantes y en los viajes de placer: contratos, ordenanzas, sentencias judiciales... ¿Esas conversaciones tienen un efecto práctico o son simplemente una marejada de fondo donde cada una de las piezas ya sabe lo que tiene que hacer?

Aboga por la desclasificación de los secretos oficiales, del 23F a las actuaciones del CNI durante los atentados yihadistas, pasando por la guerra sucia contra ETA: "Lo que permanece en las sombras tiene capacidad de influencia política" y, además, provoca "el crecimiento desordenado de las teorías de la conspiración".

¿Y cuándo se va a desclasificar la información sobre el programa Pegasus? ¿Cuándo vamos a saber el nombre de los jueces que autorizaron algunas escuchas a políticos catalanes? ¿Cuándo conoceremos los datos sobre las exportaciones de armas a Israel? Si lo supiéramos, podríamos tener una mirada mucho más limpia sobre el pasado, combatiríamos las teorías de la conspiración y no tendríamos solo unas filtraciones a la prensa con versiones interesadas.

¿Era imaginable un personaje como el comisario Villarejo antes de hacerse popular? Quizás, si protagonizase una película o una serie, resultaría inverosímil porque supera la ficción.

Villarejo ha fomentado la idea de que "hay un hombre en España que lo hace todo", como la canción de Astrud. Se mete en todos los fregados y es una mezcla de Jessica Fletcher, que está presente en todos los asesinatos que tienen lugar en Estados Unidos, y Mortadelo, que cambia de disfraz a cada momento. Sin embargo, no te puedes creer todo lo que dice, porque errarías el tiro.

Lo define como el "policía empresario", con "una pasión desmedida por el patrimonio inmobiliario". No es solo él, sino también sus clientes.

Villarejo es una especie de fixer o sherpa, es decir, un solucionador. Pero si conoce las debilidades o lo que le puede aportar una persona, también es muy fácil que la seduzca o la extorsione. Hablamos de gente que, como todo el mundo, tiene debilidades, aunque sean jueces, políticos o empresarios del Ibex 35. Por eso ha sido tan difícil la purga…

Usted ofrece un diagnóstico, pero no una solución al problema. Sin embargo, deja la puerta abierta a la esperanza al subrayar que podría haber "herramientas para proponer algo distinto".

El poder político tiene la llave. Si la partida del presupuesto destinada a la industria militar se la dedicas a la educación, a la sanidad, a los subsidios de desempleo o a los servicios sociales, conseguirás mejores resultados en cuanto a la democratización, la formación y la configuración de una sociedad que no tenga miedo, complejos ni obsesiones con la seguridad.

Un poder político que debería atreverse a distribuir la riqueza, aunque se encontrará con la resistencia de esas empresas vinculadas al poder político y judicial, que van a intentar torpedear su acción. Lo vimos a pequeña escala en los ayuntamientos [del cambio] y lo estamos viendo ahora en el Gobierno de coalición.

Tenemos la hoja de ruta. Falta convocar a las personas para poder ejecutarla, con una idea clara y de forma pacífica, sin ser divididas, golpeadas y molidas, como ha sucedido desde el 15M.