Junta de AndalucíaAndalucía impulsa una ley para explotar el filón de los rodajes de cine

El año pasado, la demanda de billetes de avión para Sevilla se disparó por encima del 105%, un incremento inusual que las administraciones -Junta y Ayuntamiento- atribuyeron al interés que había generado la serie Juego de Tronos, cuyas dos últimas temporadas fueron rodadas en la capital andaluza. La economía de Andalucía se sustenta fundamentalmente en el turismo y la agricultura, las dos patas más sólidas del PIB regional que, sin embargo, tienen que lidiar con la estacionalidad.

La Junta lleva años buscando una tercera pata que permita diversificar el sistema productivo andaluz -tan dependiente del gasto público- y ha decidido apostar fuerte por la industria cultural, singularmente por el sector audiovisual y cinematográfico, que cuenta con 10.000 empleos directos, 20.000 indirectos y 1.400 empresas oscilantes (625 de cine y televisión). El mercado potencial es prometedor: en 2016 hubo 13 millones de espectadores en las 561 salas de cine de Andalucía, un 3% más que el año anterior, y generaron 85 millones de euros de ingresos.

“Los rodajes de las grandes productoras privadas que vienen a Andalucía están bien porque generan riqueza y empleo, pero corremos el riesgo de acabar siendo comisionistas de otros”

El Consejo de Gobierno acaba de aprobar el anteproyecto de la Ley del Cine de Andalucía, una norma consensuada con la industria cinematográfica andaluza que agrupará en un mismo fondo todas las subvenciones que la Junta otorga al sector desde diferentes departamentos: Cultura, Educación, Empleo, Hacienda y la RTVA. Esto restará burocracia a los productores. El otro objetivo de la ley es crear empleo e incentivar el turismo a través del fomento de más rodajes cinematográficos en Andalucía. La búsqueda y promoción de escenarios naturales de esta comunidad para películas y series se ha demostrado un filón que la Consejería de Cultura no quiere desaprovechar, de ahí que se haya integrado a última hora en la redacción final de la norma.

Esta reconsideración vino justo después del boom de los rodajes que experimentó Andalucía en 2015. No era, ni mucho menos, la parte mollar de la normativa hace tres años, cuando se empezó a diseñar dicha normativa. “El segmento turístico que más ha crecido es el cultural. Tres de cada diez visitantes a Andalucía viene buscando cultura, y en eso ha jugado un papel fundamental fenómenos como el de Juego de Tronos. El capítulo final de la última temporada lo vieron 67 millones de personas en todo el mundo, y ahí aparecen las ruinas de Itálica en Santiponce”, dice el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez.

En 2015, la Andalucía Film Commission registró datos históricos: 1.210 rodajes atendidos en todo el territorio, con un impacto económico de 97.914.404 euros y un empleo directo generado de 16.699 trabajadores. La Junta tomó nota del efecto arrastre de los rodajes de cine en la economía andaluza. El año pasado se confirmó la tendencia al alza con 1.336 rodajes, que inyectaron al PIB regional 118,3 millones de euros y generaron 15.541 contratos profesionales, la mayoría para andaluces. Andalucía carece de competencias para regular exenciones fiscales que le permitiría atraer más proyectos cinematográficos, aunque la nueva Ley del Cine pretende explotar este filón que ahora se reparten casi en exclusividad Madrid y Barcelona (juntas aglutinan el 80% de los rodajes de producción nacional).

Los departamentos de Cultura y Turismo han estrechado lazos para retroalimentarse con iniciativas conjuntas, por ejemplo, promocionando Andalucía como destino de rodajes y diseñando itinerarios sobre películas que usaron escenarios naturales en esta región como La isla mínima, El camino de los ingleses o Alatriste. A pesar de todo, el filón económico de los rodajes no es lo esencial de la ley para el sector audiovisual, más interesado en hacer viable una industria cinematográfica andaluza de producción propia. “Los rodajes de las grandes productoras privadas que vienen a Andalucía están bien porque generan riqueza y empleo, pero corremos el riesgo de acabar siendo comisionistas de otros”, avisa Manuel Gómez Cardeña, presidente de la Asociación Andaluza de Productores Audiovisuales

Una financiación estable

Hace años que el sector audiovisual andaluz reclamaba un marco legislativo propio sustentado en un concepto clave que aparece en la ley: “una financiación estable”, a través de cuatro líneas de ayudas: para producción cinematográfica; para la distribución (incluido en formato on line); ayudas a las salas de cine para su reconversión; y promoción y difusión de las obras producidas en Andalucía (sobre todo a través de festivales de cine).

La industria cinematográfica depende de ayudas autonómicas, nacionales y europeas, aunque los productores privados están obligados por ley a invertir el doble de cada subvención que reciben. La regulación es distinta para cada tipo de ayuda, algunas exigen que el proyecto no haya empezado para poder optar a la subvención, lo cual condiciona bastante los calendarios de rodaje. Acceder a las ayudas andaluzas -que se conceden en enero o febrero - da puntos para optar a la convocatoria de ayudas estatales y europeas, donde la competencia con grandes productoras es mayor. Cardeña recuerda que Andalucía es la tercera región en producción audiovisual propia, pero no en percepción de ayudas al cine. Incluso cuestiona que la RTVA esté cumpliendo con el porcentaje mínimo de inversión en producción propia, que la ley estatal fija en el 6% de su presupuesto.

"Esta ley tiene que servirnos para contar nuestra historia con nuestras señas de identidad, no para facilitar que nos la cuenten otros o que usen nuestro patrimonio histórico"

El anteproyecto de ley del cine nace con una previsión presupuestaria de 48,7 millones para el periodo 2017-2022 sólo en el departamento de Cultura, pero lo novedoso es que se creará un fondo común donde estarán centralizadas todas las subvenciones que el Gobierno andaluz otorga a la industria. Esa cartera de recursos o de créditos, como la llaman los productores, permitirá integrar en una misma bolsa ayudas que otras consejerías conceden a producciones audiovisuales. Además de Cultura, están implicadas Empleo, Educación, Turismo, Igualdad, Hacienda y la RTVA. Habrá una comisión de seguimiento, coordinada por el vicepresidente de la Junta, que vigile y revise el cumplimiento de la norma, con representantes de cada uno de estos departamentos.

Falta por definir la estrategia andaluza de impulso a la producción cinematográfica, que tendrá una vigencia de seis años, pero de momento Vázquez no descarta que cualquier empresa foránea y cualquier tipo de proyecto pueda acceder a las ayudas. No hay reglamento aún que fije los criterios para obtener una subvención, igual podría beneficiarse la HBO, responsable de Juego de Tronos, o un proyecto absolutamente ajeno a la idiosincrasia andaluza. “Andalucía no puede ser sólo un plató de cine. Esta ley tiene que servirnos también para contar nuestra historia con nuestras señas de identidad, no para facilitar que nos la cuenten otros o que usen nuestro patrimonio histórico para imaginar mundos de ficción”, dice Cardeña.

La futura ley andaluza del cine, que inicia ahora su tramitación parlamentaria, seguirá dependiendo mucho de la colaboración público-privada. El grueso de la financiación de una película provendrá de los productores, aunque la Junta prevé “suscribir acuerdos con entidades financieras, públicas o privadas, nacionales o europeas”, para facilitar líneas de créditos al sector. Es habitual, al menos en Andalucía, que algunos empresarios hayan hipotecado su patrimonio personal para sacar adelante un proyecto.

Así lo ha contado, por ejemplo, el productor andaluz Antonio Pérez, responsable de la muy galardonada Solas, que supuso el embrión de lo que luego se dio en llamar cine andaluz. Lo que no puede regular esta ley, porque invadiría competencias estatales, son los incentivos fiscales empresas comprometidas con la cultura, ya sean producciones o rodajes. Eso es algo que tendrá que recoger la futura ley andaluza de mecenazgo, un compromiso pendiente del Gobierno de Susana Díaz que, sin embargo, no echará a andar hasta que el Ejecutivo central no apruebe su propio marco legislativo estatal.