Algo falla en el mundo de la cultura cuando toda una exministra del ramo justifica un fraude a Hacienda de más de 200.000 euros. “Planificar su carrera, procurar su estabilidad y la de su familia es una habilidad que un creador debe desarrollar pronto. Constituir una sociedad con la que facturar por los trabajos fue la alternativa de muchos para tener un tratamiento fiscal más favorable y poder ahorrar en los tiempos de vacas gordas, para vivir en los de vacas flacas”, venía a decir González-Sinde en defensa del recién cesado Màxim Huerta.

Dejando a un lado si es ético o no justificar una elusión fiscal escudándose en las miserias del sector, lo cierto es que hablar de la situación de los trabajadores de la Cultura en nuestro país supone agachar la cabeza y enumerar calamidades: inestabilidad, fiscalidad injusta, desprotección…

Acabar con la precariedad en el trabajo cultural devino de un año a esta parte en prioritario para nuestros diputados, un compromiso que este jueves se ha visto refrendado con la presentación del anhelado Informe de la Subcomisión para la Elaboración de un Estatuto del Artista. Este documento es una hoja de ruta legislativa que pretende responder a las necesidades de las más de 500.000 personas empleadas en el sector. Elaborada por la Comisión de Cultura del Congreso, el informe se ha nutrido de comparecencias variadas que en esta ocasión han ido más allá de las habituales grandes productoras y lobbies del sector.

Entre los 78 puntos que recoge el texto, se plantea la necesidad de modificar hasta tres leyes —la de IRPF, de Autónomos y de Enjuiciamiento Civil— con el objetivo de llevar la Cultura española "al siglo XXI". Un texto ambicioso que, tal y como apunta el diputado de Unidos Podemos Eduardo Maura, cuenta como principal baza el hecho de que no se haya dividido por sectores o gremios, sino por problemas sociolaborales: trabajos de autónomos, por cuenta ajena, fórmulas para la jubilación o para los jóvenes. “Es una metodología tremendamente avanzada para las reivindicaciones del sector”, indica Maura.

Una tributación justa

Maura apunta que una de las principales claves es la propuesta de “medias móviles” que resuelve los problemas de fiscalidad: “La mayor parte de los trabajos son de intermitencia, por lo que hemos generado un sistema para que los trabajadores tributen según un promedio de los ingresos de los últimos tres o cuatro años y con un límite máximo”. Además, también propone que “toda la cadena de valor de la actividad artística pase de tributar del tipo general (21%) al reducido (10%)”, y que los intermitentes culturales puedan beneficiarse de la exención de un 30% en el IRPF, que ya se concede a las rentas irregulares. Destaca también la petición de autorizar una deducción de gastos en formación, instrumentos, vestuarios, así como honorarios y comisiones a representantes y agentes —pagos que alcanzan de media “el 20% de los ingresos brutos” de los creadores—.

Protección laboral

Otras de las propuestas es garantizar la representatividad sindical. Maura explica que para acceder a ella se ha de tener una antigüedad mínima de tres a seis meses, periodos difícilmente alcanzables cuando se trabaja como autónomo en empresas muy pequeñas. Otras claves son modificaciones que afectan a los decretos 14.35 y 26.21/1996. El primero propone la ampliación del concepto de trabajo cultural, que reconoce como artista sólo a la persona principal que está sobre el escenario. Aquí se amplía a las personas que están detrás como productores o cámaras, que también tengan contratos intermitentes.

Se propone también que a través de un convenio especial se permita que puedan tener derecho a paro o a la baja de maternidad, a la que en muchas ocasiones no pueden acceder por los contratos intermitentes. “Actualmente se deniega la prestación de riesgo por embarazo a la trabajadora de la cultura si el parto se produce al día siguiente de una baja en la Seguridad Social”, denuncia el documento, que exige más flexibilidad.

Jubilación activa

El informe también propone al Gobierno que se haga compatible el cobro de derechos de autor y la percepción de la pensión de jubilación. Es lo que han denominado “jubilación activa”, de forma que se permite que aunque sigan creando no pierdan el derecho a la percepción de la jubilación. El documento cita a modo de comparación “el profesorado universitario emérito” o el “personal sanitario licenciado emérito”, dos ámbitos en los que queda patente un beneficio que repercute directamente en la sociedad. En ese sentido, el informe sitúa a ese mismo nivel a los autores, ya que su trabajo, transcurridos los pertinentes periodos de protección, “pasa al dominio público y son de libre acceso, pudiendo ser explotadas por terceros”.