El pleno del Congreso aprobó ayer (331 votos a favor, 2 abstenciones) una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en la que se insta al Gobierno a suprimir el canon digital, que graba soportes y equipos susceptibles de almacenar y copiar contenidos sujetos a derechos de autor. La propuesta fue apoyada por el PSOE y casi por unanimidad, e insta al Gobierno a publicar un real decreto mediante el que se suprima y se 'sustituya por otras fórmulas menos arbitrarias y, por tanto, más justas y equitativas, de remuneración de la propiedad intelectual, basadas en el uso efectivo de las obras y prestaciones'.

De esta forma, el Gobierno devuelve el favor prestado por PP y CiU el pasado febrero, cuando gracias a sus apoyos en el pleno del Congreso de los Diputados pudo aprobar definitivamente la disposición adicional de la Ley de Economía Sostenible conocida como Ley Sinde.

Según el portavoz, José María Lasalle, el modelo del canon 'está agotado', tal y como lo acreditan las sentencias judiciales del Tribunal Europeo del pasado 21 de octubre de 2010 y de la Audiencia Nacional del 22 de marzo de este año. La primera rechazó su aplicación a empresas y administraciones públicas y que determinó que violaba la ley europea porque se aplicaba de manera 'indiscriminada' a 'personas distintas de las personas físicas para fines ajenos a la copia privada'.

El Grupo Socialista apoyó la iniciativa porque no 'suprime', sino 'sustituye'

La sentencia de la Audiencia Nacional, por su parte, declaraba nula la orden ministerial sobre el canon digital que regula desde 2008. La Audiencia justificaba su decisión argumentando que la orden ministerial que ha regulado el canon es un reglamento y que, por tanto, su aprobación habría requerido determinados trámites relativos a memorias, justificativa y económica, y un dictamen del Consejo de Estado que no se hicieron.

'La compensación equitativa es un modelo superado por los acontecimientos. Pedimos una nueva ley y queremos que el Gobierno se retrate. El canon no es necesario: lo que hace falta es una Ley de Propiedad Intelectual que haga frente a la innovación y la compensación de los derechos de los autores. Si un autor quiere, su obra debe estar accesible libremente. Los nuevos modelos de negocio permitirán la compensación. Hay que tener los pies en la Tierra digital', exigió Lasalle a la Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde. Y remató advirtiendo de que 'hace falta recompensar a los autores, no podemos dejarles atrapados por una reflexión analógica'.

Por parte del Grupo Socialista, José Andrés Torres Mora manifestó ayer su apoyo a la iniciativa porque el PP no pide 'la supresión de nada', sino su sustitución por otro modelo que esté de acuerdo con las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, sustitución que considera 'razonable y justa'.

Dos sentencias, del Tribuna europeo y Audiencia Nacional, van contra el canon

A pesar del aparente consenso, ambos grupos han cruzado acusaciones. Por un lado, el PSOE ha acusó al PP de oportunismo y de buscar sólo el titular, así como de llevar esta iniciativa al Congreso al calor de los acontecimientos vividos en los últimos días, en referencia a la crisis vivida en la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Por su parte, el PP recriminó al Gobierno que no haya presentado la modificación de la regulación del canon digital antes del pasado 6 de junio, cuando finalizó el plazo para ello

Desde el PNV, Aitor Esteban, afirmó que 'suprimir es obligado a corto plazo'. Montserrat Surroca, de CiU, insistió en que el canon 'no puede continuar con la regulación actual indiscriminada'. Joan Tardá (ERC-IU-ICV) y Fernando Ríos (CC) también expresaron su voto favorable, mientras que Rosa Díez (UPyD) ha asegurado que está de acuerdo con 'acabar con un canon que nunca debió imponerse por ser perjudicial para los objetivos que decía perseguir'.

El PP rechazó todas las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, entre las que se encontraba una de UPyD que pedía la devolución de las cantidades retenidas en concepto de aplicación del canon digital desde la sentencia de 22 de marzo de la Audiencia Nacional.

La sentencia
Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 16 de junio de 2011, del llamado ‘caso Opus’, corrobora el sistema de canon digital vigente en España y avala la gestión colectiva para la recaudación de esta remuneración compensatoria.

El caso
El ‘caso Opus’ es un litigio entre la entidad holandesa Thuiskopie y la empresa mercantil alemana Opus Supplies Deutschland GmbH, que distribuía por toda la UE, a través de Internet, aparatos y soportes sujetos al pago de copia privada.

El fallo
“Incumbe al Estado miembro que ha establecido un sistema de canon por copia privada garantizar que los autores reciben realmente la compensación equitativa destinada o indemnizarles de tal perjuicio”.

Reacciones
Según tres entidades de gestión –AGEDI, AISGE y DAMA–, “la sentencia consagra la protección de los derechos de propiedad intelectual en general y deja claro que ni la gestión colectiva ni el canon digital están siendo cuestionados en Europa”. Según estas entidades, la industria multinacional que fabrica e importa tecnología en España “sigue empeñada en tergiversar la realidad y confundir a la opinión pública de manera interesada”.

La norma europea
Según AISGE, esa garantía se regula a través de la Directiva 2001/29/CE, lo que impide, por ejemplo, establecer una compensación a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, como algunas fuerzas políticas sugirieron la semana pasada. “La compensación de un daño como la copia privada por vía presupuestaria existe, por ejemplo, en Noruega y Turquía, pero ninguno de estos países forma parte de la UE” y sería “injusto” porque “deberían soportarlo todos los ciudadanos”.