'El tema puede requerir decisiones valientes del Gobierno'. La frase la pronunció en diciembre de 2008, poco después de destaparse el presunto fraude fotovoltaico, Javier Anta, presidente de Asif, una patronal del sector.

Sus palabras se han revelado casi proféticas. Desde el entorno del Ministerio de Industria reconocen que actuar contra el supuesto fraude es, jurídicamente, 'muy difícil', porque la autoridad competente en lo que respecta a la conexión física de las instalaciones a la red no es el Ministerio, sino las comunidades autónomas.

El borrador de decreto al que ha tenido acceso Público intenta evitar un choque de competencias con las autonomías. Un documento similar redactado hace un año acabó en un cajón del Ministerio por esa razón. La diferencia entre ambos está, fundamentalmente, en los huertos que se comprobarán: ahora, serán los que determinen Industria y la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que está a punto de terminar una investigación exhaustiva a las instalaciones sospechosas. Antes, el abanico de huertos era mucho más amplio. Desde antes de que el fraude saliera a la luz, Industria ha ido aprobando normas que han permitido estrechar el cerco sobre los supuestos infractores, como la de reforzar las inspecciones de la CNE.

Las comunidades autónomas podrían haber autorizado instalaciones que no estaban en regla, bien por negligencia, bien de forma consciente. Para los gobiernos regionales, dar de alta un huerto solar no supone ningún coste; al contrario: equivale a ingresos fiscales y a actividad económica.

Aunque no hay datos oficiales, cuando Público adelantó el supuesto fraude, en octubre de 2008, cuatro regiones centraban las sospechas: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura (gobernadas, la primera, por el PP y el resto, por el PSOE). Todas ellas, y otras como Aragón y Navarra, aprobaron normas propias que pretendían facilitar el acceso a la red de las instalaciones, cuya legalidad ha cuestionado la CNE, que podría recurrirlas ante los tribunales.