Las Cruces, una mina de irregularidades

Entendemos que las dudas que planteamos en este informe y los costes ambientales del proyecto, especialmente sobre las aguas superficiales y el acuífero Niebla-Posadas, son de suficiente envergadura como para que este tipo de actividad sea rechazada". Este informe sobre Cobre Las Cruces, la mayor mina a cielo abierto de Europa ubicada a diez kilómetros de Aznal-cóllar (Sevilla), fue presentado por Ecologistas en Acción a la Junta de Andalucía en 2000. Tres años después, el proyecto fue autorizado siempre que no dañara un acuífero que abastece a la población. Hoy, la empresa está acusada por la Fiscalía de contaminarlo y sobrevive a golpe de multas porque el sistema que ideó para protegerlo falla constantemente.

Los ecologistas acaban de pedir a la magistrada que investiga el caso la intervención judicial de ese sistema, que tendría que devolver al acuífero el agua extraída en la misma cantidad y calidad. Es decir, que la persona encargada de vigilar que ese sistema funcione, un hidrogeólogo, sea nombrada por el juzgado e informe directamente a la jueza. Los ecologistas denuncian que la hidrogeóloga contratada por la empresa no sólo no realiza las funciones de control sino que tiene menos años de experiencia que los diez exigidos por la propia autorización. Tras conocer estos argumentos, la jueza Ana Escribano, en una providencia de 24 de febrero, ha pedido a la Fiscalía que informe sobre la idoneidad de esta medida.

La Fiscalía acusa a la empresa de contaminar con arsénico un acuífero

La mina, que ha recurrido todos los expedientes sancionadores, tiene a sus espaldas un historial de irregularidades e incumplimientos. En 2008 fue incluso clausurada por la Administración por realizar perforaciones ilegales de pozos. Fue abierta posteriormente, tras aprobarse un nuevo plan de trabajo menos restrictivo, que fue denunciado también por los ecologistas y considerado ilegal por el Defensor del Pueblo Andaluz.

Aun así, según los expedientes sancionadores de la Junta, la mina volvió a incumplir la condición indispensable, que es proteger el acuífero. Entonces alegó que para compensar la merma, adquirió derechos de agua a propietarios del entorno por valor superior a 1.200.000 metros cúbicos. Pero la Administración no ha validado esos contratos. Ahora, la mina pretende compensar la pérdida mediante una recarga artificial procedente del tratamiento de aguas, según un informe de la Consejería de Medio Ambiente remitido al juzgado. Sobre la supuesta contaminación, que la mina niega porque dice que el agua ya contenía arsénico previamente, la Fiscalía General del Estado le reprocha que se contradice al ofrecer los datos.

¿Es coherente mantener abierta una explotación que incumple constantemente las autorizaciones con el antecedente, además, del vertido de Aznalcóllar? En una entrevista reciente, el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, aseguró a Público que si no se respeta el medio ambiente no habrá actividad. La empresa, que no respondió a las preguntas de este periódico, se remitió a un encuentro futuro con toda la prensa.