El Centro Príncipe Felipe cierra 14 líneas de investigación

Mudos y circunspectos. Los trabajadores del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) se congregaron ayer en el exterior del edificio en señal de duelo por el despido de un centenar de compañeros y el cierre de 14 líneas de investigación.

A las 12.00 horas se inicia un minuto de silencio. Las 12.01, las 12.02... Nadie mueve un músculo. Rafael Pulido, presidente del comité de empresa, abandona su mutismo y se dirige al grupo: "Quiero que tengáis una idea de optimismo. Que no nos vean así, que se sepa que estamos vivos". La arenga surte el efecto contrario. Algunos rostros se agrietan, ruedan lágrimas. Y los aplausos empiezan a sonar con rabia contenida de puñetazo. Isabel Roglá, que ha trabajado durante 15 años a las órdenes de Pulido, se derrumba sobre el pecho de su jefe. Por detrás, otros compañeros guardan cola desde su riguroso luto de batas blancas. A Pulido le faltan manos y brazos para estrecharlos a todos.

Cerca de allí, a esa misma hora, el comité de empresa y la dirección del centro rubrican, tras un mes de negociaciones, el expediente de regulación de empleo (ERE) que desmembra un instituto que estaba llamado a convertirse en el buque insignia de la investigación biomédica valenciana. Entre los miembros del comité, las caras son un calco de las del resto de trabajadores que aguardan en los laboratorios del instituto.

"En el cierre de líneas han sido inflexibles", dice una trabajadora

Rosa Farrás relata un forcejeo "durísimo". "Nos ha dejado exhaustos", lamenta. Los sindicatos han conseguido rebajar la cifra de despedidos de 108 a 95. También han logrado suavizar la bajada de salarios. En la propuesta inicial se llegaba al 60% en algunos casos. Ahora, como mucho, caerá hasta el 15%. Además, la empresa se compromete a dejar fuera del ERE a los trabajadores de entre 49 y 54 años y a abonar las indemnizaciones un día después de que sean comunicadas. Finalmente, se han rescatado tres servicios tecnológicos: citómica, genómica y cribado.

Pero el objetivo máximo del comité era salvar algunas de las líneas de investigación que la empresa ha decidido suprimir. "En eso han sido inflexibles", manifiesta Farrás. Por esta razón, los sindicatos han adjuntado un escrito de disconformidad sobre los criterios que ha seguido la dirección para justificar el cierre o la permanencia de los laboratorios.

"Se ha actuado de mala fe y con puntos de vista arbitrarios", explica Farrás. "Ha existido una persecución de los trabajadores críticos con el gerente o con el anterior director general, Rubén Moreno", explica a Público un científico de renombre.

Buena parte de los laboratorios que se cierran están dirigidos por investigadores que firmaron una carta en 2009 en contra de Moreno, cuyo mandato "estuvo salpicado de irregularidades: compras millonarias de jaulas que jamás se han utilizado, construcción de salas estériles por 1,5 millones y que nunca se han estrenado, y contratación de un programa informático por valor de 227.300 euros y que ha sido un fiasco", enumera uno de los científicos firmantes. Aquella carta provocó el cese de Moreno y, a partir de entonces, la Conselleria de Sanidad empezó a recortar su subvención al centro, de 9,8 millones en 2009 a 4,6 en 2011.

"Se ha perseguido a los críticos con la dirección", afirma un investigador

"Nuestra realidad económica ha cambiado y nos exige hacer esfuerzos", explica a este diario el gerente del CIPF, Carlos Pérez Espuelas, quien subraya que se han seguido criterios "exclusivamente" científicos a la hora de confeccionar la lista de los laboratorios que cierran. Se han utilizado como filtros los informes de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospección (ANEP), las valoraciones de agencias exteriores como RETICS o CYBER, el impacto de las investigaciones en publicaciones de prestigio y la financiación anual de los laboratorios (que no debía ser inferior a los 140.000 euros). "A algunos investigadores se les ha aplicado la suma de estos requisitos como si de una carrera de obstáculos de tratara", explican desde el comité de empresa.

Es el caso de Rafael Pulido, investigador del Laboratorio de Biología Molecular del Cáncer. Pulido está bien valorado por la ANEP, pero su aportación económica para 2011 es de 40.000 euros. "Ese criterio es absurdo. Las subvenciones son para proyectos que duran tres años. La mía es de 420.000 euros. He gastado mucho hasta ahora y por eso me quedan 40.000 euros. Se trata de una forma tramposa de pillarme", asegura Pulido, uno de los científicos que firmaron contra Moreno y que más ha destacado en el combate por los derechos laborales de sus compañeros del instituto.

Desde el comité de empresa denuncian que se han aplicado estos mismos parámetros, pero de forma "intencionadamente benévola", a laboratorios menos prestigiosos "porque son más afines a la línea oficial de la empresa".

La Generalitat ha ido recortando progresivamente la subvención

Se trata de un hecho que ha llamado la atención de la inspectora que sigue el ERE del CIPF. "Nos ha solicitado información sobre este asunto y, concretamente, por el caso de Rafael Pulido, que considera especialmente anómalo", señalan fuentes sindicales, quienes también han manifestado a Público que la inspectora les ha trasladado la "sensación" de que el ERE ha sido rubricado "bajo fuertes presiones de la empresa".

Según los plazos que marca la ley, la inspección de trabajo dispone de una semana para emitir un primer informe sobre el expediente. Si hallase indicios de irregularidades, podría declararlo nulo.