El Gobierno español confía en solucionar pronto el caso de la activista saharaui Aminetu Haidar, en huelga de hambre desde hace un mes, según aseguró el miércoles el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que no especificó sin embargo las vías que utilizará para resolver la situación.

"Nosotros vamos a resolver el problema", declaró Zapatero en la sesión de control al Gobierno, confiando en que "triunfe la sensatez, la buena tarea diplomática y el esfuerzo político" que se está haciendo.

"Tengamos prudencia. En esta cuestión, como en otras, la prudencia, la discreción, suelen ser el camino más directo para la resolución de los conflictos (...) Espero y confío que este se resuelva y que lo haga pronto, y cuando se resuelva explicaremos todas las gestiones que hemos hecho", afirmó.

El ayuno de la activista ha colocado al Gobierno socialista en una situación incómoda, ya que está recibiendo numerosas críticas por parte de representantes de las organizaciones de solidaridad con el Sáhara Occidental y defensores de los derechos humanos, mientras día a día empeora la salud de Haidar, que se ha mostrado dispuesta a morir si no la dejan volver a El Aaiún.

"El Gobierno de España ha reaccionado ante esta situación como un país solidario, como un país de acogida y como un país que ha dado todo el apoyo que está a su alcance a la señora Haidar", aseguró Zapatero.

SIN INSTRUCCIÓN POLÍTICA

El Ejecutivo asegura que está haciendo todas las gestiones diplomáticas posibles para resolver la situación y que se cumplió escrupulosamente la ley cuando Haidar fue devuelta a Canarias al ser expulsada por las autoridades marroquíes cuando se disponía a entrar en el Sáhara Occidental tras un viaje a Nueva York.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, volvió a negar el miércoles que hubiera habido algún tipo de instrucción política para aceptar la entrada de Haidar en España pese a carecer de pasaporte, y aseguró que la decisión fue totalmente legal de acuerdo con el Acuerdo de Schengen.

"La decisión la tomó quien tiene que tomarla, la policía y como tiene que tomarla, de acuerdo con la ley", aseguró Rubalcaba respondiendo a una pregunta del diputado del Partido Popular Rafael Hernando, que acusó al ministro de "echarle la culpa a los guardias".

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, reiteró que por mandato constitucional era al Gobierno al que le correspondía dirigir la política exterior, y no al rey Juan Carlos, después de que el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares preguntara sobre la oportunidad de que el monarca intercediera ante Mohamed VI para conseguir el regreso de Haidar.

Llamazares aseguró que el Gobierno había actuado con "complacencia y connivencia" con las autoridades marroquíes y acusó al Ejecutivo de convertir la cuestión saharaui en "moneda de cambio de las relaciones bilaterales con Marruecos".

Moratinos respondió que el Ejecutivo había utilizado "todos los resortes", desde los bilaterales, con contactos diarios con las autoridades marroquíes, hasta los internacionales, con gestiones ante instituciones y "todos los países con capacidad de negociación y de gestión", y que confiaba en encontrar cuanto antes una solución al caso Haidar.

"El Gobierno siempre ha mantenido una posición clara, firme y comprometida en la defensa del pueblo saharaui, en la defensa de una solución justa que permita acceder a la libre autodeterminación al pueblo saharaui pero al mismo tiempo mantener una buena relación con Marruecos y lo que vamos a conseguir durante este período es demostrar esa relación", aseguró el jefe de la diplomacia.